Los últimos procesos electorales han vuelto a poner en evidencia una realidad que el Perú no puede seguir ignorando. En importantes zonas del país, el respaldo a determinadas fuerzas políticas ha sido significativamente distinto al registrado en otras regiones. Más allá de las preferencias electorales y de quién haya resultado vencedor o derrotado, este comportamiento expresa un mensaje que el Estado debe escuchar con atención: existen profundas brechas sociales, económicas y territoriales que durante décadas no han sido atendidas con la urgencia que merecen.
Pensando en el Perú, más que en el gobierno que asumirá funciones el próximo 28 de julio, es momento de impulsar una política de Estado orientada a cerrar esas brechas. No se trata de favorecer a una región por haber votado de una u otra manera, sino de reconocer que existen provincias y distritos donde la exclusión, la pobreza, la falta de oportunidades y la ausencia efectiva del Estado continúan siendo una realidad cotidiana.
Por ello, proponemos la creación de una Autoridad Nacional para el Desarrollo de los Territorios Prioritarios, una institución con autonomía técnica, recursos suficientes y capacidad ejecutiva para intervenir de manera integral en las zonas históricamente postergadas del país.
Su misión sería coordinar e impulsar inversiones estratégicas en cuatro grandes ejes:
- Salud, construyendo y equipando hospitales y centros de salud, garantizando personal médico y medicamentos.
- Educación, mediante colegios modernos, conectividad digital y capacitación permanente para docentes.
- Infraestructura básica, con carreteras, puentes, agua potable, saneamiento, electrificación e internet de alta velocidad.
- Desarrollo económico, promoviendo la agricultura, la agroindustria, el turismo, la pesca, la minería responsable, la manufactura y el emprendimiento local, de acuerdo con el potencial productivo de cada territorio.
El verdadero desarrollo no consiste únicamente en construir obras. Consiste en crear las condiciones para que cada distrito y cada provincia produzcan más, generen empleo, atraigan inversión y participen activamente en los mercados nacional e internacional. Cuando una economía local florece, aumenta el ingreso de las familias, se fortalece el mercado interno, crecen las exportaciones y mejora la recaudación del Estado.
Un país donde todas sus regiones prosperan es un país más integrado, más competitivo y con menos conflictos sociales. La mejor respuesta a las diferencias que muestran las urnas no es la confrontación política, sino una estrategia nacional de desarrollo e inclusión.
Una gestión técnica para acelerar el desarrollo
Sin embargo, esta política solo tendrá éxito si también transformamos la forma en que el Estado ejecuta la inversión pública.
Por ello proponemos una medida excepcional: que, durante un período de tres años, la ejecución de las principales inversiones destinadas a estos territorios no esté a cargo de los gobiernos regionales ni de las municipalidades provinciales y distritales, sino de una Gerencia Nacional de Desarrollo e Infraestructura, conformada por profesionales altamente calificados, seleccionados por mérito, con autonomía técnica y sometidos a estrictos mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas.
Esta propuesta no nace de la desconfianza hacia todas las autoridades locales, sino del reconocimiento de una realidad que el país ha observado durante años. El modelo actual presenta graves deficiencias. Una parte importante de los recursos públicos termina perdiéndose entre la burocracia, proyectos deficientemente elaborados, obras paralizadas, sobrecostos y numerosos casos de corrupción que afectan directamente a la población.
Cada sol que se desvía por actos de corrupción, consultorías innecesarias, gastos superfluos, viajes injustificados o malas decisiones administrativas representa una escuela que no se construye, un hospital que no se equipa, una carretera que permanece inconclusa o una familia que sigue viviendo sin servicios básicos.
En esas condiciones, el desarrollo termina literalmente yéndose por el desagüe.
La Gerencia Nacional de Desarrollo e Infraestructura tendría la responsabilidad de planificar, licitar, supervisar y ejecutar las obras estratégicas bajo criterios exclusivamente técnicos, con cronogramas definidos, estándares de calidad y total transparencia, reduciendo al mínimo la interferencia política.
Las autoridades regionales y locales no quedarían excluidas. Por el contrario, cumplirían una función esencial: identificar las necesidades de sus poblaciones, formular propuestas de inversión, coordinar con las organizaciones sociales, supervisar el avance de las obras y ejercer una fiscalización permanente sobre la gestión del organismo técnico.
Es decir, participarían en la planificación, la priorización y el control, pero no en la ejecución directa de los proyectos durante este período extraordinario.
Esta separación de funciones permitiría aprovechar el conocimiento que tienen los gobiernos locales sobre su realidad, al mismo tiempo que garantizaría una ejecución profesional, eficiente y libre de las presiones políticas que con frecuencia afectan la inversión pública.
Si esta estrategia se aplica con decisión durante tres años, el Perú podría presenciar una transformación sin precedentes en las provincias y distritos históricamente olvidados. Hospitales funcionando, colegios modernos, carreteras transitables, sistemas de agua y saneamiento, parques industriales, centros de acopio, cadenas productivas fortalecidas y miles de nuevos empleos dejarían de ser promesas para convertirse en hechos concretos.
El Perú no necesita únicamente cambiar de gobernantes. Necesita cambiar la manera de gestionar el desarrollo.
Ha llegado la hora de reemplazar la improvisación por la planificación, el cálculo político por la capacidad técnica y la burocracia por la eficiencia. Solo así construiremos un Estado que llegue a todos los rincones del país y una nación donde el lugar de nacimiento no determine las oportunidades de vida de sus ciudadanos.
Porque la verdadera unidad del Perú no se construye con discursos ni con campañas electorales. Se construye llevando desarrollo, inversión, oportunidades y dignidad a cada distrito, cada provincia y cada región de la República.
