La reciente decisión del fiscal Edward Casaverde de imputar al periodista Gustavo Gorriti por el presunto delito de cohecho activo específico ha vuelto a colocar en el centro del debate un tema que trasciende a una persona: la independencia de la justicia, la libertad de prensa y la calidad de la democracia peruana.
El hecho resulta especialmente llamativo porque el mismo fiscal había archivado la investigación en diciembre de 2025 al considerar que no existían elementos con relevancia penal. Meses después, sin que públicamente se conozcan nuevos hechos sustanciales, el caso cambia de rumbo y termina convertido en una imputación que podría significar una pena de entre cinco y ocho años de prisión.
Naturalmente, corresponde al Ministerio Público ejercer sus funciones y a los jueces decidir conforme a derecho. Nadie debe estar por encima de la ley. Sin embargo, también es legítimo preguntarse qué circunstancias explican un giro tan radical y si este responde únicamente a criterios jurídicos o si refleja un cambio en la correlación de fuerzas dentro del sistema de justicia.
En los últimos años el escenario institucional peruano ha cambiado profundamente. Magistrados, fiscales y jueces que en determinado momento fueron considerados símbolos de independencia frente al poder político hoy ya no forman parte del sistema. Diversas decisiones disciplinarias, especialmente adoptadas por la Junta Nacional de Justicia, han modificado la composición de los principales órganos judiciales. Sus defensores sostienen que se trató de un proceso de depuración institucional; sus críticos consideran que, en algunos casos, predominó un excesivo formalismo que terminó debilitando a sectores que actuaban con autonomía frente al poder.
Lo cierto es que el equilibrio interno del sistema de justicia ya no es el mismo.
Ese cambio de correlación de fuerzas también modifica inevitablemente las prioridades, los enfoques y, en algunos casos, las decisiones institucionales. Cuando desaparecen los contrapesos, aumenta el riesgo de que determinadas investigaciones sean percibidas no como actos de justicia, sino como instrumentos de ajuste de cuentas.
Gustavo Gorriti ha sido, durante décadas, uno de los periodistas de investigación más influyentes del Perú. Sus investigaciones, al frente de IDL-Reporteros, revelaron casos de corrupción, redes de poder y organizaciones criminales que involucraron a funcionarios, empresarios, magistrados y líderes políticos de distintas tendencias. Muchos de esos trabajos contribuyeron decisivamente a investigaciones fiscales y procesos judiciales que marcaron la historia reciente del país.
Precisamente por ello, hoy existen sectores que consideran que el periodista se ha convertido en un objetivo político. Para quienes sostienen esa tesis, no se trata únicamente de procesar a una persona, sino de enviar un mensaje al periodismo de investigación: que revelar información incómoda puede tener consecuencias penales.
Esa percepción se fortalece cuando organizaciones especializadas en libertad de prensa, como el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), advierten que criminalizar la relación entre periodistas y sus fuentes constituye un precedente sumamente delicado. Si cada conversación entre un periodista y un fiscal pudiera interpretarse como un acto de corrupción, el periodismo de investigación perdería una de sus herramientas fundamentales para fiscalizar al poder.
Ello no significa que las filtraciones ilegales deban quedar impunes. Si existieron funcionarios que vulneraron la reserva de investigaciones, corresponde investigar y sancionar esas conductas. Pero una cosa es perseguir una filtración ilícita y otra muy distinta convertir en delito la labor periodística de recibir, verificar y publicar información de interés público.
Las democracias sólidas no se construyen persiguiendo periodistas ni debilitando la prensa crítica. Por el contrario, necesitan medios independientes capaces de fiscalizar a quienes ejercen el poder, cualquiera sea su signo político.
La justicia debe actuar con absoluta independencia, pero también debe evitar cualquier apariencia de selectividad o de utilización política. Cuando las decisiones judiciales generan la percepción de responder a cambios de poder antes que a cambios probatorios, la confianza ciudadana inevitablemente se erosiona.
El Perú necesita instituciones fuertes, imparciales y respetadas. Necesita una justicia que investigue sin presiones, pero también una prensa libre que pueda informar sin temor a represalias.
Porque cuando el periodismo comienza a ser visto como un enemigo del Estado, la democracia deja de fortalecerse y empieza a perder uno de sus pilares esenciales: el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad.
