Hace unas semanas, el gobierno de Estados Unidos ordenó a Anthropic suspender temporalmente el acceso a su modelo más avanzado, Fable 5, así como a su desarrollo complementario Mythos. Aunque poco después el servicio volvió a estar disponible con modificaciones incorporadas, este suceso tuvo una consecuencia mucho más profunda que una simple interrupción técnica: convirtió en una realidad tangible una preocupación que en Europa llevaba años planteándose solo en términos teóricos y abstractos. Para analizar lo que este episodio revela sobre la posición real del continente y sobre por qué las decisiones políticas todavía avanzan mucho más despacio que los riesgos que aparecen, hemos hablado con Andreas Prins, director global de Soluciones Soberanas de SUSE y uno de los mayores expertos en soberanía digital a nivel internacional.
Lo ocurrido con Fable 5 ha supuesto un punto de inflexión en la forma en que empresas e instituciones entienden este concepto. Como explica Prins, «lo más relevante que ha dejado este caso es que ha despertado la conciencia de las organizaciones. Antes hablábamos mucho de soberanía, de independencia y de resiliencia, pero siempre como algo lejano; hasta que un día comprueban que un gobierno puede decidir retirar de forma efectiva el acceso a una herramienta que utilizan. De repente la gente comprendió que esa dependencia no es una teoría, sino algo real que puede afectarles en cualquier momento». El propio experto reconoce que el tono de las conversaciones con los directivos ha cambiado por completo desde entonces: quienes antes buscaban siempre incorporar lo antes posible las últimas novedades de proveedores estadounidenses como OpenAI, Google o la propia Anthropic, ahora empiezan a plantearse otra prioridad muy distinta: «quizás no necesito el modelo más reciente ni más llamativo del mercado; lo que necesito es aquel que yo puedo controlar, que funciona en mis propias instalaciones o en mis centros de datos, y que está construido sobre código que puedo examinar, revisar y auditar cuando lo necesite».
Por suerte para las empresas y administraciones europeas, esta suspensión no llegó a causar daños graves ni interrupciones importantes en su actividad, pero no fue porque el riesgo no existiera, sino por una cuestión de tiempo: se trataba de sistemas tan recientes que todavía no habían sido integrados en procesos esenciales para su funcionamiento. La advertencia que lanza Prins es clara: «si esa misma decisión se hubiera tomado dentro de tres o cinco meses, cuando muchas organizaciones ya contaran con estos modelos para sus servicios de atención al público, sus sistemas de información o sus herramientas de apoyo a la toma de decisiones, las consecuencias habrían sido mucho más graves y difíciles de revertir». Por eso valora este suceso no como una crisis en sí misma, sino como una señal de alerta que ha llegado justo a tiempo para actuar antes de que la dependencia sea total.
Este cambio de visión también se vio alimentado por el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Europa que se hizo patente a principios de año, a raíz de la postura estadounidense sobre Groenlandia y otros asuntos estratégicos. Para muchos actores europeos, este contexto dejó al descubierto una realidad incómoda: que Estados Unidos no era necesariamente ese socio incondicional y fiable que se había dado por sentado durante décadas, y que la dependencia tecnológica podía convertirse en cualquier momento en un instrumento más de presión o influencia política. En palabras de Prins, «hoy en día hay una opinión muy extendida: ya no confiamos plenamente en los grandes proveedores ni en las empresas de tecnología de Estados Unidos, y por eso tenemos la necesidad de crear alternativas propias y contar con herramientas que dependan solo de nosotros».
Además, recuerda que la soberanía digital no es solo una cuestión política o técnica, sino sobre todo una cuestión de análisis de riesgos empresariales: «se trata de poder saber qué pasaría con tu actividad si mañana una herramienta deja de funcionar, si no recibes más actualizaciones de seguridad o si cambian las condiciones de uso sin que tú puedas hacer nada para evitarlo. Puedes decidir asumir ciertos riesgos, pero lo fundamental es que esa decisión se tome con pleno conocimiento de causa». Para ilustrar hasta qué punto ha cambiado la forma de medir esos riesgos, cuenta el caso de una empresa neerlandesa que contaba con su infraestructura principal en un centro de datos de Alemania gestionado por uno de los grandes proveedores mundiales, y contaba además con una instalación de respaldo construida bajo el nivel del mar en su propio país. Al analizar qué opción ofrecía mayor seguridad, llegaron a una conclusión sorprendente: «valoraron que el riesgo de que una rotura en los sistemas de diques provocara una inundación y dañara sus instalaciones era menor que el riesgo de que un proveedor externo decidiera interrumpir su servicio a clientes europeos».
Ante esta toma de conciencia, Europa ya ha empezado a dar los primeros pasos institucionales para avanzar hacia una mayor autonomía, entre los que destacan el Paquete Europeo de Soberanía Tecnológica y la llamada Ley de Desarrollo de Nube e Inteligencia Artificial. Sin embargo, Prins advierte que todavía nos encontramos en una fase muy inicial, y que coordinar una respuesta común entre veintisiete países con intereses y realidades muy distintas es una tarea compleja y lenta. Ha trabajado junto a las autoridades de Dinamarca, Francia, Alemania y los Países Bajos en la elaboración de recomendaciones para la Unión Europea, y su conclusión es que «no hay grandes discrepancias sobre cuál debe ser el objetivo final, pero sí sobre la forma de llevarlo a cabo, ya que cada país ha desarrollado sus propias herramientas y sus propias formas de actuar. Para avanzar con más fuerza habría que buscar mayores puntos en común y dejar de lado parte de las particularidades nacionales, aunque el mercado europeo tiene tamaño suficiente para acoger a varios proveedores y modelos distintos». Cuando se le pregunta qué países están avanzando con mayor decisión, señala que no hay un único referente, sino que cada uno está desarrollando sus propias fortalezas: Noruega y Finlandia están logrando avances muy importantes en soberanía aplicada al sector de la defensa; en Alemania, varias regiones están transformando toda su infraestructura pública a gran escala; y en España cita iniciativas como la herramienta Penpot y la alianza reciente entre su propia empresa y el proyecto OpenChip. Por el contrario, Reino Unido sigue manteniendo una aproximación mucho más cercana a la de Estados Unidos por razones históricas y estratégicas.
En este proceso de construcción de alternativas, Prins considera que el código abierto no es una opción basada en preferencias, sino una necesidad técnica y normativa: «si se quieren cumplir todos los requisitos de seguridad y control que exigen normativas como la Ley de Cumplimiento de Datos en el Extranjero de Estados Unidos, la única vía viable es contar con código que sea público y revisable». Sus ventajas son claras: permite comprobar en cualquier momento cómo funciona cada sistema, posibilita continuar con su desarrollo si su creador original decide interrumpirlo, y facilita mucho el cambio de una solución a otra sin quedar atado a condiciones impuestas por el proveedor. Frente a esto, recuerda cómo suelen actuar las grandes empresas tecnológicas: «ofrecen precios muy atractivos al principio, pero construyen sus plataformas de forma que resulta cada vez más costoso y difícil abandonarlas cuando ya se han integrado en la actividad habitual». Sobre por qué estas alternativas no han logrado una mayor difusión hasta ahora, señala dos causas principales: «por un lado, hay que reconocer la gran influencia que ejercen los grupos de presión de las grandes compañías; por otro, existe un problema de visibilidad: en Europa ya contamos con proyectos muy sólidos y de gran calidad, pero muchas veces no se les da la difusión que merecen, hasta el punto de que a veces nos sorprendemos los propios profesionales al descubrir todo lo que ya se ha desarrollado en nuestro continente».
Si se le pregunta qué ocurrirá si Europa no consigue avanzar con la rapidez necesaria, Prins describe dos escenarios posibles. El que considera más preocupante es aquel en el que las tensiones internacionales se suavizan temporalmente, lo que podría hacer que se volviera a dejar de lado la necesidad de autonomía y que todo siguiera igual que hasta ahora. El escenario que él considera más probable y más positivo es aquel en el que se generalizan figuras como las oficinas públicas dedicadas específicamente al seguimiento y fomento del código abierto, y en el que las empresas empiezan a considerar la diversificación de proveedores como una medida básica de seguridad, igual que lo es hoy en día contar con un sistema de copias de seguridad. También señala que para muchas administraciones públicas europeas ya se ha cruzado un punto de no retorno: «una vez que han analizado todos los riesgos, es muy difícil que vuelvan a aceptar niveles de dependencia tan altos como los que tenían hace unos años».
Aunque las instituciones ya están dando pasos simbólicos y prácticos —como la decisión del Parlamento Europeo de sustituir el buscador de Google por la alternativa francesa Qwant en todos sus equipos— existe una diferencia muy grande entre lo que deciden las autoridades y lo que está dispuesta a aceptar la ciudadanía. Cuando se le pregunta si los ciudadanos europeos estarían dispuestos a renunciar a herramientas tan extendidas como el buscador o el asistente de Google, o a sistemas como ChatGPT, su respuesta es directa: «salvo que se produzca una prohibición o un bloqueo generalizado, creo que la respuesta es negativa. Habrá personas que por sus conocimientos o por sus convicciones opten por alternativas, pero para la inmensa mayoría de la población lo que prima es la comodidad y la facilidad de uso: si una herramienta está disponible y funciona bien con unos pocos clics, seguirá siendo la elegida».
