El 2 de julio de 2026 el Gobierno, mediante el Decreto Supremo N° 97-2026-PCM, declaró 796 distritos a nivel nacional en estado de emergencia por «peligro inminente» ante las intensas lluvias del Fenómeno El Niño; 34 de ellos, en Huánuco, donde, según el CENEPRED, 22 distritos están en riesgo muy alto de sufrir huaicos, derrumbes y deslizamientos, y otros 11 presentan riesgo alto. Poco después, la Contraloría General de la República informó que al 31 de julio de 2026, 109 municipalidades a nivel nacional registraban una ejecución del 0% en el Programa Presupuestal 68 – Prevención y atención de desastres – PREVAED, el mismo que financia limpieza de cauces, estabilización de taludes y sistemas de alerta temprana. Otras 208 municipalidades ejecutaron entre 0.01% y 40%. En total, 317 gobiernos locales tienen un avance inferior al 40% en prevención de desastres, 14 de ellas en Huánuco: 11 municipalidades distritales y 3 provinciales. Y nueve gobiernos regionales están en la misma situación. Para peor, tenemos 109 municipalidades con 0% de ejecución: 17 en Áncash, en San Martín y La Libertad, 10 cada uno; 9 en Piura, 9; en Arequipa, Huancavelica y Lima, 8 cada una. Urge que las municipalidades y gobiernos regionales soliciten asistencia técnica a INDECI y el MEF para acelerar el uso eficiente de sus recursos.
De no revertirse esta situación, el costo del Fenómeno El Niño en el PBI sería de 0.7 puntos en 2026 y 0.8 puntos en 2027, lo que implica carreteras destruidas, puentes caídos, cultivos perdidos, familias damnificadas, escuelas inundadas y postas médicas colapsadas.
¿Qué medidas se vienen tomando ?
Vía el Decreto Supremo N.° 164-2026-EF, el MIDAGRI ha recibido 447 millones de soles para 383 intervenciones. Los y las congresistas de cada región deberían poner entre sus prioridades el control político del uso de esos recursos, incluyendo los que corresponden a la Autoridad Nacional del Agua, al Servicio de Sanidad Agraria (SENASA). También sobre el Fondo de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), que debería estar atendiendo la ya crítica situación de los pescadores, que han visto reducida su producción en un 50%.
¿Y nosotros, los ciudadanos y ciudadanas?
En primer lugar, revisar nuestras fuentes de riesgo inmediato y las rutas de escape si estamos en un lugar vulnerable a inundaciones. Si hay simulacros, participar en ellos y conocer las señales de alerta y los centros de evacuación.
En segundo lugar, reforzar las viviendas. Bien haría el gobierno en implementar para ello un fondo para avalar créditos con bajo interés, como los de Reactiva 2, y dotar de recursos al Banco de la Nación para que haga lo propio con sus clientes. Pero si no lo hace, avanzar con lo que podamos respecto de canaletas y desagües. Y almacenar agua por si se rompen las tuberías.
Si nos dedicamos a la agricultura, tomar previsiones según si se pronostican sequías o lluvias intensas. De un lado, construir o reparar reservorios y sistemas de captación de lluvia, así como limpiar canales de riego y sistemas de drenaje. En zonas de sequía, priorizar cultivos resistentes e incrementar el riego por goteo. Fiscalizando que los recursos asignados para ello lleguen íntegramente. Bien haría el Agrobanco en abrir una línea de crédito para esos fines. Y si somos ganaderos, asegurar forraje y alimento balanceado para el ganado ante la reducción de pastos naturales. Siempre con exigencias enérgicas de acción al MIDAGRI y las Direcciones Regionales Agrarias respecto de programas de apoyo y seguros agropecuarios.
En tercer lugar, prever la aparición de plagas propias de altas temperaturas y humedad, así como de las enfermedades consiguientes .
Finalmente, exigir rendiciones de cuentas. Usar la herramienta Consulta Amigable del MEF para verificar la ejecución del presupuesto en cada municipalidad y unidad regional o nacional.
Las declaratorias de emergencia son necesarias, pero insuficientes. Sirven para destrabar procesos administrativos. Pero si no se siguen de una ejecución adecuada, volveremos a ver ríos y huaycos desbordados, viviendas destruidas, carreteras interrumpidas, cosechas perdidas, vidas perdidas. Sin embargo, esta vez, con El Niño anunciado con meses de anticipación, no tendría que ser así. Hagámosle saber a los gobernadores, alcaldes, ministros y la presidenta, que somos conscientes de que los desastres anunciados no son naturales, sino consecuencia de su eventual imprevisión, incompetencia, desidia o corrupción, y que tendrán que pagar por ello.
