La reciente renuncia de Hugo de Zela al cargo de canciller, en medio de declaraciones que cuestionan directamente al presidente Balcázar, no solo abre una nueva crisis política, sino que pone sobre la mesa un problema más profundo: la fragilidad institucional y la incoherencia en la actuación de las autoridades.
Las afirmaciones de De Zela son graves. Sostener que un jefe de Estado ha mentido al país respecto a la firma de contratos no es un asunto menor; implica un golpe directo a la credibilidad internacional del Perú. En un mundo donde la confianza es clave para las relaciones diplomáticas y comerciales, este tipo de contradicciones debilita la posición del país frente a sus socios y aliados.
Sin embargo, más allá del hecho puntual, lo que realmente llama la atención es el comportamiento de ciertos funcionarios. Resulta contradictorio que, en otras circunstancias —incluso en situaciones que han representado amenazas más evidentes a los principios democráticos—, no se hayan adoptado medidas firmes. Pero ahora, ante el llamado de atención o la reacción de actores externos, como el embajador de Estados Unidos, se percibe una respuesta inmediata, marcada más por el temor que por la convicción.
Esto plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿por qué algunas autoridades parecen actuar con mayor determinación frente a presiones externas que ante la defensa de principios fundamentales como la institucionalidad, los derechos humanos o los compromisos multilaterales?
A ello se suma otro elemento crítico: el momento político. A pocas semanas de la entrada de un nuevo gobierno, resulta cuestionable que la administración saliente adopte decisiones de alto impacto. En contextos de transición, la prudencia no es solo recomendable, sino necesaria. Un gobierno en retirada debería limitarse a la gestión ordinaria, evitando comprometer al país en decisiones que podrían condicionar a la siguiente administración, más aún en medio de una crisis política.
Lo ocurrido evidencia una preocupante falta de coherencia en el ejercicio del poder. No se puede exigir credibilidad internacional si internamente se actúa con ambigüedad o se priorizan intereses coyunturales sobre principios de Estado.
Por ello, el llamado es claro: los funcionarios públicos deben actuar con la misma firmeza en todos los escenarios, especialmente cuando se trata de defender valores esenciales. La valentía política no puede ser selectiva. Defender la institucionalidad, los acuerdos internacionales y los derechos fundamentales no debería depender de presiones externas ni de conveniencias del momento.
El país necesita autoridades que actúen con integridad, coherencia y sentido de responsabilidad histórica. Porque cuando la política pierde credibilidad, no solo se debilita un gobierno: se debilita toda la nación.
