El Congreso de la República ha venido desplegando en los últimos años una estrategia de captura institucional. Primero fueron la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la SUNEDU. Ahora, nuevamente, pone en la mira al Ministerio Público.
Con la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ya hubo un intento de removerla para colocar a alguien funcional a los intereses de la coalición parlamentaria. Ahora, con la gestión de Delia Espinoza, el Congreso reabre el camino, utilizando la denuncia constitucional presentada por la propia Benavides como pretexto. No se trata de un debate jurídico, sino de un cálculo político: el Parlamento busca la oportunidad de avanzar hacia el control total de la Fiscalía.
Las declaraciones del presidente del Congreso, José Jerí, lo evidencian. Su pedido de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) resuelva con “brevedad” la denuncia contra la Fiscal de la Nación, revela la prisa por debilitarla. Las críticas de Jerí a Espinoza, acusándola de “empapelar autoridades” y abrir demasiadas carpetas fiscales, son en realidad un mensaje político: el Congreso no tolera una fiscalía que investigue al poder.
El riesgo es claro. Si el Congreso logra colocar a un fiscal o una fiscal de la Nación bajo su órbita, tendría prácticamente el control de todos los contrapesos del Estado: Defensoría, Tribunal Constitucional, Contraloría, SBS, organismos electorales a medias y, ahora, el Ministerio Público. Solo quedarían fuera algunos sectores del Poder Judicial y el Jurado Nacional de Elecciones. En la práctica, se configuraría un poder absoluto del Legislativo, algo incompatible con la democracia constitucional.
La ciudadanía debe entender que este no es un pleito entre autoridades, sino un choque entre el autoritarismo parlamentario y la necesidad de preservar instituciones autónomas. Una Fiscalía sometida al Congreso significaría que los delitos de corrupción política quedarían blindados, que las investigaciones a congresistas se archivarían, y que la justicia penal perdería su independencia.
Por eso, la sociedad civil, la prensa independiente y la ciudadanía deben exigir al Congreso coherencia institucional: no se puede predicar la defensa de la democracia y, al mismo tiempo, trabajar por el copamiento de todas las instituciones de control. El Congreso debe ser fiscalizado, no juez de la Fiscalía.
El Perú no soporta otro golpe silencioso a su institucionalidad. Hoy más que nunca, está en juego si seguiremos en una democracia con pesos y contrapesos o si caminamos a un parlamentarismo autoritario con control total del Estado.
