La evaluación que realizará hoy la Corte Suprema sobre la condena de ocho años de prisión impuesta a Daniel Salaverry tiene una dimensión que va más allá del proceso específico por peculado. Para un sector amplio de la opinión pública, su caso se inscribe en un patrón preocupante: las figuras que se enfrentan políticamente a la actual lideresa de la fuerza dominante en el país terminan con sentencias graves, mientras ella y su entorno permanecen inalterables, incluso frente a hechos similares o más cuestionables.
No es la primera vez que se observa este fenómeno. Y no parece ser casual.
Un patrón que se repite
En la última década, el Perú ha presenciado cómo políticos que inicialmente fueron aliados o cercanos a la principal fuerza conservadora, pero que luego se convirtieron en críticos, experimentan procesos judiciales acelerados, severos y muchas veces contradictorios respecto de los estándares aplicados a otros actores.
El caso de Daniel Salaverry, expresidente del Congreso, es uno de los más claros. Quien alguna vez fue cuadro político cercano a ese sector, pasó a ser uno de sus más duros críticos. Hoy enfrenta una condena de ocho años de prisión, cuya confirmación sería inminente.
Mientras tanto, la lideresa de esa fuerza y varios de sus operadores políticos —involucrados en investigaciones por lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsos aportes de campaña, compras irregulares y otros cargos— continúan en libertad, sin sentencias firmes y con un avance procesal inexplicablemente lento.
La pregunta es inevitable:
¿Estamos ante justicia o ante disciplinamiento político?
El poder que nadie controla
Lo que agrava la percepción de desigualdad es que este sector político no solo controla el Congreso, sino que ha logrado influencia determinante en:
-
El Ejecutivo
-
La Fiscalía de la Nación
-
El Poder Judicial
-
La Defensoría del Pueblo
-
El Tribunal Constitucional
-
La propia Junta Nacional de Justicia
Esta concentración de poder, inédita desde el año 2000, convierte cualquier decisión judicial contra opositores en un hecho que debe analizarse no solo jurídicamente, sino también políticamente.
¿Una justicia selectiva?
El mensaje que parece transmitirse es claro:
“No te metas con nosotros”.
Basta revisar la lista de políticos, exministros, periodistas y funcionarios que enfrentaron a la lideresa de ese bloque político:
investigados, acusados o condenados. En algunos casos con argumentos sólidos; en otros, con procesos cuestionados por su velocidad, su severidad o por la falta de uniformidad respecto de cómo se juzga a otros actores.
El caso de Salaverry se suma a esa larga lista.
Por el contrario, los cercanos a esa fuerza política reciben un tratamiento notablemente distinto:
medidas benignas, postergaciones procesales, archivamientos extemporáneos o investigaciones que se dilatan durante años.
Las implicancias democráticas
La democracia se basa en la igualdad ante la ley.
Cuando un sector político parece gozar de una especie de inmunidad de facto, mientras sus opositores —sobre todo los que se atreven a interpelar a su lideresa— enfrentan la máxima severidad judicial, la justicia se vuelve mensaje disciplinador y no institución garante.
Esto deteriora:
-
La confianza pública en el sistema de justicia
-
La legitimidad del Estado
-
La competencia electoral justa
-
Y, finalmente, la democracia misma
Porque “justicia selectiva” es solo otro nombre para persecución política.
El caso Salaverry: justicia o advertencia
Hoy la Corte Suprema evaluará si confirma o no la condena contra Daniel Salaverry.
Cualquiera sea la decisión, el caso ya se ha convertido en un símbolo del momento político del país.
Para muchos, Salaverry representa el costo de enfrentarse al poder real.
Para otros, un caso más de corrupción que debe ser sancionado.
Pero la pregunta que subyace —y que ninguna sentencia podrá borrar— es esta:
¿Tenemos un sistema de justicia independiente o uno que se activa contra quienes incomodan al poder político dominante?
La respuesta marcará no solo la suerte de un político, sino la salud de la democracia peruana.
Fuente: RPP
