La renuncia de Rafael López Aliaga a la alcaldía de Lima para postular a la Presidencia de la República no es simplemente un paso político más: es un acto que desnuda una peligrosa falta de coherencia y respeto por la ciudadanía.
Meses atrás, el propio alcalde declaró a los cuatro vientos que “su palabra vale oro”, prometiendo no abandonar el cargo por el que fue elegido democráticamente. Hoy, esa palabra queda reducida a una declaración vacía. Ha decidido dejar el mandato a medio camino, sin haber cumplido sus principales compromisos de gestión, demostrando que la lealtad a sus aspiraciones personales pesa más que su responsabilidad pública.
Pero hay algo aún más grave: la renuncia fue anunciada en un evento proselitista financiado por la propia municipalidad, es decir, con recursos que pertenecen a todos los limeños. Esto constituye un acto éticamente reprochable, que bordea el uso indebido del aparato público para fines electorales.
El caso de López Aliaga es un ejemplo claro de cómo la política peruana está plagada de candidatos que ven los cargos públicos no como un deber de servicio, sino como un trampolín para escalar posiciones de poder. Gobernar Lima no era, para él, un fin en sí mismo, sino un simple medio para alcanzar la presidencia.
La democracia no se construye sobre mentiras, ni sobre cálculos personales disfrazados de sacrificio. Mentirle a la población y romper compromisos asumidos en campaña erosiona aún más la ya frágil confianza en las instituciones.
El poder no es una propiedad privada. Es un mandato que debe cumplirse con responsabilidad, coherencia y respeto. Quien promete y no cumple, quien usa recursos públicos para beneficio propio, no defiende la democracia: la vacía de sentido.
