La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe con 8 votos a favor. La denuncia constitucional contra Dina Boluarte y Juan Santiváñez fue presentada por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, en mayo del 2025. Según la tesis fiscal, el auto presidencial conocido como el cofre habría facilitado la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República declaró procedente y admitió a trámite la denuncia constitucional presentada por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la expresidenta Dina Boluarte y el exministro del Interior, Juan José Santiváñez. La denuncia es por el caso ‘El Cofre‘.
De acuerdo con la tesis fiscal, el vehículo presidencial conocido como ‘el cofre’ habría servido para facilitar la fuga del prófugo de la justicia —valga la redundancia— y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón en febrero del 2024.
La SAC pudo aprobar este informe gracias a los 8 votos a favor de sus miembros; no obstante, 1 voto en contra
El informe de calificación de la Denuncia Constitucional N.° 595, elaborado por la Secretaría Técnica, determina que hay suficientes indicios para encuadrar los hechos en los tipos penales indicados y que la denuncia satisface los requisitos formales y de procedencia establecidos en el Reglamento del Congreso.
La denuncia constitucional
La denuncia constitucional fue presentada en mayo del 2025 por la extitular del Ministerio Público.
A Boluarte se le acusa del presunto delito de encubrimiento personal, mientras que a Santiváñez la supuesta omisión de denuncia.
“Boluarte Zegarra habría facilitado la huida del prófugo Vladimir Roy Cerrón Rojas a bordo del vehículo oficial denominado ‘El Cofre’. (…) En tanto, Santiváñez Antúnez debió comunicar a la autoridad competente este encubrimiento por parte de la presidenta de la República”, indica la tesis fiscal.
La denuncia constitucional presentada en mayo del 2025.
La ruta de la denuncia
La denuncia constitucional deberá pasar a la Comisión Permanente del Congreso. En ese grupo de trabajo debatirán y votarán si procede o no. En caso de que proceda, pasará al Pleno, en el que Boluarte y Santiváñez deberán hacer uso de su defensa.
Los congresistas debatirán y votarán. De aprobarse, el Ministerio Público podrá llevar a cabo las investigaciones, ya que el fuero constitucional se les levantó a los exfuncionarios.
