Las leyes no nacen por casualidad. Detrás de cada norma existe una finalidad, un problema que se busca corregir y un interés público que proteger. En el caso de la prohibición de la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores, el objetivo era claro: evitar la perpetuación en el poder, reducir las ventajas del cargo para fines electorales y promover la alternancia democrática.
Sin embargo, la política peruana vuelve a demostrar una extraordinaria habilidad para encontrar los resquicios de la ley. Allí donde el legislador quiso cerrar una puerta, algunos políticos han descubierto una ventana.
El reciente caso que involucra a Rafael López Aliaga reabre un debate que trasciende a una persona o a un partido. La renuncia del candidato que encabezaba la lista de Renovación Popular permitiría que quien originalmente estaba impedido de postular nuevamente como alcalde termine encabezando la candidatura y, de ganar las elecciones, vuelva a ocupar el cargo.
Formalmente, el procedimiento puede ajustarse a la legislación vigente. Pero la discusión no termina allí. Una democracia no puede conformarse únicamente con el cumplimiento literal de las normas; también debe exigir respeto por su finalidad.
Cuando una Constitución prohíbe la reelección inmediata y posteriormente se diseña una estrategia para conseguir exactamente el mismo resultado utilizando un vacío legal, resulta inevitable preguntarse si no estamos frente a una reelección encubierta.
Este tipo de maniobras debilita la confianza ciudadana porque transmite una peligrosa sensación: que las leyes existen para ser interpretadas según la conveniencia de quienes tienen el poder y los recursos para encontrar mecanismos que las eludan.
El problema tampoco se limita al caso de Lima. Si esta práctica queda consolidada, cualquier alcalde o gobernador regional impedido de reelegirse podrá recurrir al mismo procedimiento, convirtiendo una prohibición constitucional en una formalidad sin efectos reales.
Las democracias maduras no solo exigen legalidad; también demandan ética pública. La diferencia entre una democracia sólida y una democracia precaria radica precisamente en que sus autoridades respeten no solo la letra de la ley, sino también su espíritu.
El Perú necesita fortalecer la institucionalidad, no debilitarla mediante interpretaciones que vacían de contenido las reformas constitucionales. Cuando la astucia política termina imponiéndose sobre la voluntad del legislador, pierde la democracia y pierde la confianza ciudadana.
Si el objetivo constitucional era impedir la reelección inmediata, corresponde ahora al Congreso y a las autoridades electorales cerrar cualquier vacío que permita convertir esa prohibición en una simple ficción jurídica. De lo contrario, la alternancia dejará de ser una realidad para convertirse únicamente en una ilusión escrita en el papel.
