En el Perú hemos normalizado lo que jamás debería ser aceptado: autoridades que, en lugar de dedicarse de lleno a gobernar, utilizan sus cargos como plataforma de campaña política. El caso del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, es hoy un ejemplo claro y preocupante.
Mientras dice “aún estar evaluando” su postulación a la presidencia, despliega una campaña millonaria con paneles, carteles y anuncios en redes sociales. Todo ello mientras sigue al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con la facultad de contratar obras y administrar recursos públicos. ¿De dónde salen los fondos para semejante despliegue? ¿Quién fiscaliza que no se usen, de manera directa o indirecta, los recursos municipales?
El doble rol de autoridad y candidato —que López Aliaga pretende mantener— erosiona la confianza ciudadana y profundiza la precariedad política del país. Gobernar exige dedicación total; no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Los limeños lo eligieron para mejorar la ciudad, no para hacer campaña presidencial desde Palacio Municipal.
Lo más saludable, lo más decente y transparente, sería que renuncie. Que no utilice su cargo como escudo político ni como caja de resonancia de sus ambiciones. Y que, si realmente desea postular, lo haga en igualdad de condiciones con los demás candidatos, sin privilegios ni acceso a fondos que no corresponden.
Los peruanos debemos estar atentos. Porque cada vez que se permite que un alcalde, un gobernador o un presidente utilice los recursos del Estado como botín político, se debilita la democracia. No basta con indignarse en redes sociales: toca vigilar, fiscalizar y, sobre todo, no ratificar con el voto a quienes convierten la función pública en trampolín personal.
De lo contrario, seguiremos atrapados en un círculo vicioso: autoridades que prometen servir al pueblo, pero que terminan sirviéndose del poder.
