En el Perú estamos cruzando una línea peligrosa: la política dejó de ser un espacio de debate, representación y hasta confrontación legítima, para convertirse en un terreno donde prima el descaro y la sinvergüencería.
Siempre hubo corrupción, pugnas e intereses. Pero existía un mínimo de respeto a la ciudadanía, un límite simbólico que impedía la burla abierta al país. Hoy ya no. Lo que antes era escándalo, ahora es rutina. Lo que antes provocaba renuncias, hoy genera aplausos en los círculos de poder.
El regreso de Juan José Santiváñez al gabinete —tras ser censurado por el Congreso por incapacidad en seguridad ciudadana— no es un simple cambio de ministros. Es la confirmación de que en el poder ya no hay vergüenza, ni cuidado por la institucionalidad, ni respeto por la opinión pública. La censura parlamentaria se convierte en anécdota, y la voluntad ciudadana en ruido de fondo.
Los partidos políticos, de todos los colores, callan. Los líderes se esconden. Y la gente, cansada de tanta impunidad, mira con indignación, pero también con resignación. Esa resignación es lo más grave: cuando la desvergüenza se normaliza, la democracia muere en silencio.
¿Qué hacer? No basta con indignarse en redes sociales ni con declaraciones aisladas. La ciudadanía debe exigir un mínimo de decencia y decoro en la política. La presión social, la fiscalización independiente, el periodismo crítico y la vigilancia ciudadana son hoy más necesarios que nunca. Los propios actores políticos, si quieren sobrevivir a este desprestigio, tendrán que entender que sin un piso ético básico no habrá ni gobernabilidad ni futuro para sus carreras.
El Perú necesita recuperar la decencia perdida. Porque sin ella, cualquier gobierno se vuelve ilegítimo y cualquier poder, abusivo.
