Rafael López Aliaga no gobierna Lima: la usa como vitrina personal. Cada discurso, cada inauguración, cada entrevista es pretexto para repetir la misma fórmula: insultar, estigmatizar, amenazar. “Caviar”, “terruco”, “izquierda de porquería”, “asesino”: un diccionario del odio convertido en política municipal.
Este no es un simple problema de estilo. Es un riesgo para la democracia. Porque cuando un funcionario elegido por voto popular utiliza la tribuna pública para insultar y deshumanizar a quienes piensan distinto, lo que se instala no es el debate, sino la intolerancia. Lo que se normaliza no es la crítica, sino la persecución.
Ya no se trata solo del ciudadano López Aliaga con opiniones extremas, sino del alcalde de la capital del país, que tiene la responsabilidad de gobernar una ciudad de más de 10 millones de habitantes. En lugar de enfrentar la inseguridad, el caos del transporte o el colapso ambiental, prefiere gastar energías en dividir, en atacar, en alimentar un clima de enfrentamiento.
La historia latinoamericana enseña que los discursos de odio no se quedan en palabras: abren el camino al autoritarismo. Primero se insulta, luego se persigue, después se justifica la violencia contra el adversario. Eso ya lo vivimos en el Perú y el costo fue demasiado alto.
El Perú no necesita un alcalde-predicador del odio, sino un gestor capaz de unir, resolver problemas y rendir cuentas. La Municipalidad de Lima no es una trinchera ideológica ni una parroquia particular: es la institución más grande del país en responsabilidad local.
Hoy, defender la democracia no pasa solo por resistir golpes de Estado, sino por rechazar la normalización del odio desde el poder. Si dejamos que la política se degrade en insulto y amenaza, mañana será tarde para detener la intolerancia convertida en sistema.
