En el Perú, las encuestas no informan: moldean. Lo hacen seleccionando quiénes son “los candidatos” y quiénes no. Al hacerlo, reducen la cancha política y condicionan el voto de millones de peruanos, imponiendo la idea de que solo entre los primeros lugares debemos elegir.
Este fenómeno no es nuevo ni exclusivo del Perú. Ocurre en muchos países donde las encuestadoras forman parte de conglomerados mediáticos y económicos. Pero aquí adquiere un tono más grave: se invisibiliza sistemáticamente a candidatos del mundo popular, aquellos que no tienen recursos para contratar grandes equipos de marketing, pero que conectan con el hartazgo social.
Así ocurrió en 2021, cuando Pedro Castillo pasó de ser casi inexistente en encuestas a ganar la primera vuelta. Antes había pasado lo mismo con Humala en 2006 y, en menor medida, con Verónika Mendoza en 2016. Hoy el libreto se repite: encuestas que inflan a Rafael López Aliaga y reducen a posiciones discretas a líderes emergentes como López Chau, cuya presencia real en barrios y regiones no es recogida por los sondeos.
Las encuestadoras, todas con dueños visibles y conocidos intereses políticos, se han convertido en operadores del statu quo. Su papel no es reflejar la realidad, sino recortarla y adaptarla a los límites que convienen a los grupos de poder.
No se trata de negar el valor técnico de una encuesta, sino de desenmascarar su uso político. En un país con 70% de voto indeciso, blanco o viciado, la verdadera batalla no está en medir preferencias, sino en instalar percepciones: quién es “viable”, quién “no existe” y quién “no pasa de tal porcentaje”.
Los peruanos debemos aprender a mirar las encuestas con desconfianza crítica. No son oráculos. Son instrumentos de influencia. La decisión final sigue estando en la urna, donde muchas veces los invisibles se convierten en protagonistas.
