En pleno proceso electoral, la conducta de los funcionarios públicos, autoridades electorales y candidatos no puede regirse por la lógica de la informalidad ni de la confianza personal. No se trata de criminalizar encuentros ni de alimentar sospechas automáticas, sino de entender que la función pública exige estándares más altos de cuidado, previsión y responsabilidad.
Casos como la reciente reunión de un miembro del Jurado Nacional de Elecciones con un precandidato presidencial —más allá de las explicaciones ofrecidas— ponen sobre la mesa un problema de fondo: la falta de una cultura institucional de prudencia en contextos electorales. En estas circunstancias, no basta con afirmar que “no se sabía” con quién se estaba reuniendo. Esa respuesta, aunque pueda ser cierta, resulta insuficiente.
Durante un proceso electoral, nadie que ejerza una función pública sensible debería reunirse sin verificar previamente a las personas, los contextos y los objetivos del encuentro. Evitar reuniones privadas, citas en espacios cerrados o encuentros informales no significa paralizar la función pública; significa ejercerla con las precauciones del caso.
Hoy, más que nunca, una fotografía, un video o una reunión mal explicada pueden ser utilizados para vincular —con razón o sin ella— a autoridades con redes de narcotráfico, minería ilegal, corrupción empresarial o tráfico de tierras. El daño no es solo personal; es institucional. Y ese daño erosiona la confianza ciudadana en órganos que deberían ser incuestionables.
Las autoridades electorales, en particular, no tienen ninguna necesidad funcional de reunirse con amigos, conocidos ocasionales o personajes poco identificables en espacios privados. La norma interna debería ser clara: máxima transparencia, entornos institucionales, agendas públicas y trazabilidad de los encuentros. Todo lo demás es una invitación al error o al escándalo.
Esto no implica “no hacer nada”, como algunos podrían argumentar. Implica actuar con diligencia, previsión y cuidado, entendiendo que la neutralidad electoral no solo se declara: se practica.
En un país atravesado por economías ilegales, organizaciones criminales y campañas de desinformación, la ingenuidad ya no es una excusa válida. La función pública exige anticipar riesgos, no reaccionar cuando el daño ya está hecho.
La regla debería ser simple y conocida por todos:
- Verificar con quién se reúne.
- Saber para qué se reúne.
- Saber dónde se reúne.
- Y asumir que todo encuentro puede volverse público.
No es persecución.
No es paranoia.
Es responsabilidad democrática.
En tiempos electorales, cuidar las formas es cuidar a las instituciones
