La inseguridad ciudadana es hoy la principal preocupación de los peruanos. En ese sentido, la decisión del Gobierno de dejar sin efecto el actual Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y anunciar la elaboración de uno nuevo parte de una preocupación legítima. Reconocer que el plan vigente era “de escritorio” y estaba lejos de la realidad es, sin duda, un punto de partida necesario.
Sin embargo, reconocer el problema no equivale a resolverlo.
La conformación de un Grupo de Trabajo Multisectorial encabezado por el Ministerio del Interior, con participación de la Policía, el sistema de justicia, Migraciones y otras entidades del Estado, plantea una pregunta de fondo que no puede esquivarse: ¿pueden quienes han sido parte central del problema diseñar, por sí solos, la solución?
No se trata de excluir a las instituciones responsables de la seguridad. Su participación es indispensable. Pero convertirlas en el eje casi exclusivo del diseño estratégico revela una limitación preocupante. La crisis de inseguridad no es solo operativa; es estructural, compleja y acumulada. Y exige algo más que coordinación interinstitucional.
Un nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana no puede nacer encerrado en los mismos circuitos burocráticos que han fracasado durante años. Necesita incorporar, de manera central —no decorativa—, a especialistas en criminología, seguridad urbana, inteligencia, prevención social, control del delito, corrupción institucional y políticas comparadas, vengan de donde vengan y piensen como piensen.
La experiencia internacional muestra que las políticas eficaces de seguridad no surgen del reflejo autoritario ni del copy–paste de modelos ajenos, sino de diagnósticos serios, evidencia empírica y consensos técnicos amplios. Reducir el debate a la evocación del “modelo Bukele” o a soluciones de fuerza sin institucionalidad es, además de simplista, peligroso.
Pero hay otro actor ausente en este proceso: los partidos políticos. En una democracia funcional, los partidos no solo compiten por el poder; también construyen ideas de país y políticas públicas. Un plan nacional de seguridad debería abrir un espacio formal para que las organizaciones políticas presenten diagnósticos y propuestas, no como imposición, sino como ejercicio de responsabilidad con el país.
Escuchar a los partidos —y exigirles que piensen seriamente en seguridad ciudadana— tendría al menos tres efectos positivos:
- Ampliar el abanico de alternativas más allá del enfoque policial.
- Incorporar propuestas técnicas surgidas del diálogo con especialistas.
- Obligar a las organizaciones políticas a madurar, a pensar en políticas públicas y no solo en slogans electorales.
Hoy, salvo contadas excepciones, muchos partidos no tienen la menor idea de qué hacer frente a la inseguridad, más allá de repetir fórmulas importadas o discursos punitivos sin sustento. Este proceso podría —y debería— interpelarlos.
La inseguridad ciudadana no se resolverá en 30 días ni con un documento bien redactado. Pero un mal plan puede agravarla durante años. Por eso, más que rapidez, lo que el país necesita es seriedad, apertura y visión de largo plazo.
La urgencia es real.
La responsabilidad, mayor aún.
Y la solución no puede construirse solo entre quienes llevan años administrando el fracaso.
