La Cámara de Diputados se prepara para debatir el próximo martes 6 de octubre el dictamen que propone delegar al Poder Ejecutivo facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana y prevención frente al Fenómeno El Niño, por un plazo de 90 días. La Junta de Portavoces acordó que el debate tenga una duración de tres horas.
La Comisión de Constitución aprobó previamente el texto con 13 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones. Se trata de una fórmula más acotada que la solicitud original del Ejecutivo y que fue trabajada por equipos técnicos de Renovación Popular, Partido Cívico Obras, Ahora Nación y Partido del Buen Gobierno.
Y aquí comienza la verdadera discusión.
Delegar facultades es una potestad, no una obligación
En el diseño constitucional peruano, la delegación de facultades legislativas no constituye una obligación del Congreso frente al Poder Ejecutivo.
El artículo 104 de la Constitución establece que el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre una materia específica y durante un plazo determinado. Además, el Ejecutivo debe dar cuenta al Congreso de los decretos legislativos que expida.
Esto es importante porque permite colocar el debate en su verdadera dimensión.
El Congreso no está obligado a entregar las facultades simplemente porque el Ejecutivo las solicite. Puede otorgarlas, rechazarlas, reducirlas o delimitarlas dentro del marco constitucional.
Por eso, una decisión parlamentaria de no delegar determinadas facultades no debería ser presentada automáticamente como una obstrucción al Gobierno. Puede ser, sencillamente, el ejercicio de una atribución propia del Poder Legislativo.
Pero también existe la otra cara de la moneda.
Si una parte importante de la ciudadanía percibe que la inseguridad requiere respuestas urgentes y que el Ejecutivo necesita determinadas herramientas normativas para desarrollar su estrategia, el Parlamento debe tomar en cuenta esa demanda social al momento de decidir.
Y eso parece estar ocurriendo.
La oposición también tiene que escuchar a la calle
La inseguridad ciudadana no es una discusión teórica.
Según el INEI, en el semestre móvil febrero-julio de 2026, el 24 % de la población urbana de 15 años o más fue víctima de algún hecho delictivo. En Lima Metropolitana y el Callao, el indicador llegó a 26 %. El propio INEI señala que el indicador de victimización incluye las tentativas de extorsión para ofrecer una visión más amplia de la actividad delictiva.
Es decir, existe un problema real que el Estado debe enfrentar.
Pero reconocer la gravedad del problema tampoco significa asumir que una delegación de facultades, por sí sola, solucionará la inseguridad.
Ese es precisamente el punto que debería quedar establecido.
Las facultades pueden ser una herramienta. No son el resultado.
El resultado tendrá que medirse después.
Una concesión política que no puede convertirse en un cheque en blanco
El texto aprobado por la Comisión de Constitución ha reducido la delegación a dos grandes materias: seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño, durante 90 días. Algunos parlamentarios de Fuerza Popular han cuestionado que no se hayan incorporado asuntos como inteligencia, participación de las Fuerzas Armadas y control de los establecimientos penitenciarios. Otros legisladores, en cambio, han advertido sobre el riesgo de entregar facultades demasiado amplias.
Esta diferencia demuestra que el problema no está solamente en decir «facultades sí» o «facultades no».
La discusión verdaderamente importante es:
¿Para qué facultades? ¿Para qué materias? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Con qué límites? ¿Y cómo se evaluarán posteriormente?
Ahí está la responsabilidad de los parlamentarios.
Si la oposición finalmente acompaña una delegación limitada, no tendría por qué significar que renuncia a su función de control. Por el contrario, la delegación podría convertirse en una oportunidad para establecer una relación distinta entre Ejecutivo y Legislativo:
el Gobierno pide herramientas; el Congreso las entrega bajo condiciones; y luego el Gobierno tiene que demostrar qué hizo con ellas.
Ahora la responsabilidad cambia de lugar
Hasta ahora, una parte importante de la discusión se ha concentrado en si el Congreso está dispuesto a otorgar facultades.
Si finalmente se aprueban, la pregunta cambiará completamente:
¿Qué hará el Ejecutivo con ellas?
El Gobierno ya ha sostenido que necesita herramientas legales para enfrentar con mayor rapidez y eficacia la delincuencia y otras necesidades urgentes de la población.
Pues bien, si esas herramientas son aprobadas, habrá llegado el momento de pasar del discurso a la ejecución.
Ya no será suficiente decir que la inseguridad es grave.
Eso lo sabe la ciudadanía.
Ya no será suficiente anunciar nuevas normas.
Eso también puede hacerse desde un escritorio.
La ciudadanía tendrá que comprobar si las medidas producen cambios concretos.
El reto para el Gobierno: demostrar que las facultades sirven
Aquí podría encontrarse una consecuencia positiva del acuerdo parlamentario.
Si las facultades son otorgadas de manera delimitada, el Ejecutivo tendrá una oportunidad concreta para demostrar que las herramientas solicitadas eran necesarias y que pueden producir resultados.
Y la oposición, a su vez, tendrá una oportunidad igualmente importante: fiscalizar esos resultados.
No se trata de esperar que los problemas de inseguridad desaparezcan en 90 días. Sería irreal.
Pero sí pueden establecerse indicadores que permitan saber si existe una dirección correcta.
Por ejemplo:
- ¿Se fortaleció realmente la capacidad operativa de la Policía?
- ¿Se mejoraron las herramientas de inteligencia?
- ¿Se debilitó la capacidad operativa de las organizaciones criminales?
- ¿Se produjo una respuesta más eficaz frente a la extorsión?
- ¿Se mejoró la investigación criminal?
- ¿Se fortaleció la coordinación entre Policía, Ministerio Público y Poder Judicial?
- ¿Se produjeron mejoras verificables en el control penitenciario, dentro de las competencias que correspondan?
- ¿Las nuevas normas tuvieron aplicación efectiva o quedaron solamente en el papel?
Estas son preguntas mucho más importantes que el número de decretos legislativos que pueda producir el Ejecutivo.
La oposición no pierde su función por ceder una facultad
Hay una idea que convendría desterrar de la política peruana: que cuando una bancada o una oposición acepta una propuesta del Gobierno automáticamente está renunciando a su papel opositor.
No necesariamente.
Una oposición responsable puede aprobar una medida del Gobierno cuando considera que corresponde atender una determinada necesidad nacional y, al mismo tiempo, mantener su independencia para fiscalizar cómo se ejecuta.
De hecho, podría ocurrir exactamente lo contrario.
La oposición puede convertir la delegación en una herramienta para exigir resultados.
El Gobierno ha solicitado facultades.
El Congreso puede otorgarlas.
Entonces el Gobierno tendrá que demostrar que las facultades solicitadas eran necesarias y que sabe utilizarlas.
Y si después de ejercerlas los resultados no aparecen, la discusión política ya no será la misma.
La pregunta será mucho más concreta:
¿Qué se hizo con las facultades que se pidieron?
El Gobierno tampoco debería convertir las facultades en una explicación para todo
Existe otro riesgo.
Que dentro de algunos meses el Ejecutivo sostenga que no pudo resolver determinados problemas porque no recibió todas las facultades que solicitó.
Pero la gestión de la seguridad ciudadana no comienza ni termina con una ley autoritativa.
El propio Estado cuenta ya con instituciones, presupuesto, Policía, Ministerio del Interior, Ministerio Público, Poder Judicial, gobiernos regionales y gobiernos locales, además de instrumentos de planificación.
El Gobierno tiene, por ejemplo, un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 001-2026-IN.
Por ello, las nuevas facultades deberán integrarse a una política pública más amplia.
Una ley puede modificar las reglas.
Pero alguien tiene que ejecutarlas.
La verdadera prueba comienza después de la votación
El martes 6 de octubre se podrá discutir si el dictamen es suficiente, insuficiente, excesivo o demasiado limitado. Esa discusión forma parte legítima del debate parlamentario.
Pero cualquiera sea el resultado, la ciudadanía debería mirar un poco más allá de la votación.
Porque aprobar las facultades no significa haber solucionado la inseguridad.
Y rechazarlas tampoco significa haber solucionado el problema.
El verdadero examen comienza después.
Si la Cámara de Diputados aprueba la delegación y el Senado posteriormente la respalda, el Ejecutivo recibirá una herramienta temporal y delimitada.
Entonces habrá que observar qué normas expide, cómo las implementa y qué resultados produce.
Y el Congreso tendrá que hacer su parte: controlar, fiscalizar y preguntar por los resultados.
Una oportunidad para cambiar la lógica política
Quizá esta sea la parte más interesante de todo este episodio.
Durante demasiado tiempo, la política peruana ha funcionado bajo una lógica de confrontación permanente: Gobierno contra oposición, Congreso contra Ejecutivo, oficialismo contra oposición.
La delegación de facultades podría ser una oportunidad para ensayar otra lógica.
El Gobierno solicita.
El Congreso evalúa.
El Parlamento delimita.
El Ejecutivo ejecuta.
El Congreso controla.
Y finalmente la ciudadanía evalúa.
Eso sería mucho más saludable que convertir cada decisión en una batalla política.
Si el Ejecutivo demuestra resultados, tendrá argumentos para sostener que las herramientas fueron útiles.
Si no los demuestra, tendrá que explicar por qué.
Y si el Congreso otorgó las facultades, tampoco podrá desentenderse de su responsabilidad: tendrá que fiscalizar su utilización y evaluar sus efectos.
Porque la delegación no transfiere la responsabilidad política de manera absoluta.
El Ejecutivo será responsable de lo que haga con las facultades.
El Congreso será responsable de haber decidido otorgarlas y de controlar cómo fueron utilizadas.
Y, finalmente, los ciudadanos serán quienes juzguen los resultados.
Ese debería ser el verdadero sentido de este debate.
No se trata de que gane el Ejecutivo.
Tampoco de que gane la oposición.
Se trata de que, frente a una ciudadanía que reclama seguridad y resultados, el Estado demuestre que sus instituciones pueden ponerse de acuerdo para actuar y, al mismo tiempo, para controlarse mutuamente.
Las facultades legislativas pueden ser otorgadas.
Pero el verdadero desafío será demostrar que sirvieron para algo.
Y esa demostración ya no se hará con discursos.
Se hará con resultados.
