Las declaraciones de Rafael López Aliaga, señalando que Renovación Popular solo respaldará al Gobierno de Keiko Fujimori en aquellas medidas que considere de “extrema urgencia”, abren un debate que no debería reducirse a una disputa política entre bancadas.
El líder de Renovación Popular cuestiona que el Ejecutivo haya incluido determinadas propuestas dentro del pedido de facultades legislativas, entre ellas una relacionada con la eliminación de la tasa de interés en los bancos. A su juicio, existen asuntos mucho más urgentes, como el terrorismo urbano, el Fenómeno de El Niño, el fortalecimiento de la Policía de inteligencia y la reducción del tamaño del Estado.
Pero el problema de fondo es otro: la delegación de facultades no es la única vía que tiene un Gobierno para actuar.
El Poder Ejecutivo cuenta con competencias constitucionales y legales para dictar reglamentos, decretos supremos, resoluciones y otras normas de menor jerarquía destinadas a ejecutar políticas públicas. También puede presentar proyectos de ley por los canales ordinarios, coordinar con el Congreso y utilizar, cuando se cumplan los requisitos constitucionales, los decretos de urgencia.
Por eso, no resulta suficiente afirmar que el Gobierno necesita facultades delegadas para comenzar a trabajar. La delegación puede ser útil para aprobar un paquete amplio y técnicamente complejo de reformas, pero no debería convertirse en una excusa para postergar decisiones que ya están dentro de las atribuciones del Ejecutivo.
Si el problema es la inseguridad ciudadana, el Gobierno puede y debe avanzar en aquello que no requiere una ley del Congreso: reorganizar sus equipos, fortalecer la inteligencia policial, mejorar la coordinación entre instituciones, asignar recursos, adquirir equipamiento, establecer protocolos y ejecutar operativos sostenidos.
Si el problema es la emergencia climática, corresponde activar los mecanismos de prevención, coordinar con los gobiernos regionales y locales, disponer medidas presupuestales y preparar la respuesta ante posibles desastres.
Si el objetivo es reducir el Estado, debe existir previamente una evaluación seria de entidades, programas, duplicidades, gastos innecesarios y servicios que no cumplen sus objetivos. No se puede gobernar únicamente con frases generales ni con anuncios que después no se traducen en acciones.
En ese sentido, la posición de López Aliaga puede ser interpretada como una crítica válida a la agenda del Ejecutivo. Sin embargo, también puede convertirse en una forma de trasladar la responsabilidad al Congreso cuando el Gobierno debería demostrar mayor iniciativa normativa y administrativa.
El verdadero problema parece estar en la falta de propuestas trabajadas, priorizadas y técnicamente sustentadas.
Un Gobierno que acaba de asumir el poder debe tener claro cuáles son sus primeras medidas, qué problemas pretende resolver y qué instrumentos necesita para hacerlo. No puede presentar un pedido de facultades como una lista de deseos ni incorporar asuntos que no guardan relación evidente con las urgencias nacionales.
La ciudadanía espera respuestas frente a la inseguridad, la extorsión, los asesinatos, la falta de empleo, la crisis de los servicios públicos y el deterioro de la confianza en las instituciones. No espera que el Gobierno y el Congreso se dediquen a intercambiar acusaciones o a discutir únicamente sobre quién tiene la culpa.
También sería peligroso que el Congreso se mueva exclusivamente por discursos ideológicos. La oposición no puede rechazar una medida necesaria simplemente porque proviene del Ejecutivo. Del mismo modo, la mayoría oficialista no debería aprobar cualquier propuesta sin revisar su contenido, sus efectos y su viabilidad.
El Congreso debe fiscalizar, corregir y legislar. Pero no debe convertir cada pedido del Gobierno en una batalla de posiciones políticas. La población necesita que los parlamentarios evalúen cada medida según una pregunta concreta:
¿Esta propuesta resuelve un problema real y urgente de los ciudadanos?
Si la respuesta es afirmativa, debe discutirse con seriedad, sin importar quién la presenta. Si la respuesta es negativa, corresponde rechazarla o modificarla con argumentos, no con consignas.
La delegación de facultades puede ser necesaria para determinadas reformas, pero no reemplaza la obligación del Ejecutivo de gobernar. Tampoco sustituye el trabajo ordinario del Congreso. Cada poder del Estado tiene responsabilidades propias y no puede utilizar las limitaciones del otro como justificación para su propia inacción.
En el caso de la seguridad ciudadana, la situación exige mucho más que discursos. El país necesita inteligencia, investigación criminal, equipamiento, presencia policial, coordinación con el Ministerio Público, control de las cárceles y una estrategia contra las organizaciones que extorsionan y asesinan.
La muerte de ciudadanos comunes, los ataques contra comerciantes y transportistas y los crímenes que no llegan a convertirse en noticia nacional no pueden esperar a que se apruebe un paquete de facultades. Muchas acciones urgentes pueden iniciarse de inmediato, si existe voluntad política, capacidad de gestión y un equipo preparado.
Por eso, el Gobierno debe explicar con claridad:
- Qué medidas requieren facultades delegadas.
- Qué acciones puede ejecutar directamente.
- Qué proyectos enviará al Congreso por la vía ordinaria.
- Qué decretos o reglamentos piensa aprobar.
- Cuáles son sus prioridades para los primeros meses.
- Qué presupuesto utilizará.
- Qué resultados espera alcanzar y en qué plazo.
Sin esa claridad, el debate sobre las facultades corre el riesgo de convertirse en una cortina de humo. Unos dirán que el Congreso bloquea al Gobierno; otros responderán que el Ejecutivo pretende obtener poderes excesivos. Mientras tanto, los problemas reales seguirán agravándose.
El país no necesita una guerra de declaraciones entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Necesita que ambos sectores —Gobierno y oposición— demuestren responsabilidad.
Renovación Popular tiene derecho a discrepar y a rechazar las normas que considere inconvenientes. Pero debe explicar sus alternativas. No basta con decir que una propuesta “no gusta”. Hay que presentar otra mejor, viable y capaz de responder a las urgencias de la población.
El Gobierno, por su parte, no puede limitarse a pedir facultades. Debe demostrar que tiene planes, equipos y capacidad para ejecutar. La delegación legislativa puede facilitar algunas reformas, pero no crea automáticamente una política pública ni reemplaza la conducción política.
El meollo del problema no es solamente cuántas facultades recibe el Ejecutivo. El problema es si el Gobierno tiene propuestas serias, prioridades claras y capacidad para actuar con los instrumentos que ya posee.
Esperemos que el Congreso no se deje arrastrar por el enfrentamiento ideológico y que el Ejecutivo no utilice la falta de facultades como una excusa para no gobernar.
Porque mientras los políticos discuten quién tiene la razón, la población sigue esperando lo elemental: seguridad, empleo, servicios públicos y un Estado que finalmente responda.
