Los integrantes de la mayoría en el Senado tienen que actuar con mucha prudencia. La prepotencia nunca ha sido una buena consejera, menos aún cuando se trata de decisiones legislativas que pueden afectar la estabilidad política del país y la capacidad del Gobierno para responder a las urgencias nacionales.
Las declaraciones del senador de Fuerza Popular, Segundo Tapia, señalando que el Senado no “desnaturalizará” lo que apruebe la Cámara de Diputados y que solamente realizará algunas “pinceladas” para mejorar las propuestas, deberían ser tomadas como una señal positiva. Sin embargo, esas palabras deben convertirse en una conducta política coherente.
Si la Cámara de Diputados aprueba un conjunto de iniciativas después de debatirlas, modificarlas y establecer prioridades, el Senado debe respetar esa decisión y actuar dentro de ese mismo espíritu. Puede corregir aspectos técnicos, mejorar la redacción o introducir precisiones necesarias, pero no debería utilizar su mayoría para cambiar completamente el sentido de lo aprobado.
De lo contrario, se abriría la puerta a un enfrentamiento entre ambas cámaras. Y ese conflicto no conduciría a nada bueno. El país no necesita un Congreso dividido en disputas de poder, protagonismos personales o demostraciones de superioridad política. Necesita un Parlamento capaz de ponerse de acuerdo en asuntos urgentes para la población.
La doble cámara no puede convertirse en una doble dificultad.
El Senado tiene una función importante: revisar, perfeccionar y garantizar que las normas tengan calidad constitucional y técnica. Pero revisar no significa bloquear; mejorar no significa desnaturalizar; y ejercer mayoría no significa imponer una voluntad política sin escuchar a la otra cámara.
Si Diputados aprueba medidas relacionadas con la seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen organizado, la prevención frente al Fenómeno de El Niño o el fortalecimiento de las instituciones, el Senado debe evaluar esas propuestas con sentido de Estado. No sería razonable que, después de un debate en la cámara baja, el Senado introduzca cambios sustanciales que obliguen a reiniciar el proceso o que terminen paralizando decisiones urgentes.
La ciudadanía no está pendiente de las diferencias internas del Congreso. Está esperando respuestas frente a los asesinatos, la extorsión, la falta de empleo, el deterioro de los servicios públicos y la inseguridad que golpea a todos los sectores sociales.
Por eso, los parlamentarios deben preguntarse qué es más importante: ¿demostrar quién tiene mayor poder dentro del Congreso o aprobar medidas que ayuden a resolver los problemas del país?
La respuesta debería ser evidente.
También corresponde pedir prudencia a la Cámara de Diputados. La oposición no debe caer en el obstruccionismo ni utilizar cada pedido del Ejecutivo como una oportunidad para paralizar al Gobierno. Pero esa misma exigencia debe aplicarse al Senado. La mayoría senatorial no puede interpretar su posición como una autorización para imponer condiciones, modificar sustancialmente los acuerdos o desconocer el trabajo de la cámara baja.
El Congreso debe funcionar sobre la base del diálogo, la coordinación y el respeto entre sus órganos. Si cada cámara pretende imponer su propia agenda, se producirá una confrontación institucional que terminará perjudicando al Ejecutivo y, sobre todo, a los ciudadanos.
El país ya ha sufrido demasiadas crisis políticas. No necesita una nueva disputa entre Diputados y Senado que retrase decisiones urgentes y profundice la desconfianza en las instituciones.
El senador Segundo Tapia ha señalado que se respetará el espíritu de las propuestas aprobadas por Diputados. Esa afirmación debe convertirse en un compromiso público de toda la mayoría senatorial. Las modificaciones que se realicen deben estar justificadas técnicamente y no responder a intereses partidarios, cálculos electorales o deseos de marcar distancia con la cámara baja.
La política exige firmeza, pero también moderación. La mayoría tiene el derecho de conducir el debate, pero no puede olvidar que su poder es temporal y que sus decisiones serán evaluadas por la ciudadanía.
La prepotencia puede dar una victoria momentánea en una votación, pero suele producir derrotas políticas de largo plazo.
El Senado debe actuar con responsabilidad, especialmente porque tiene la obligación de contribuir a la estabilidad del sistema parlamentario. Diputados y Senado deben entender que no son poderes enfrentados, sino partes de un mismo Congreso. Sus diferencias deben resolverse mediante acuerdos y no mediante pulseos que terminen bloqueando las soluciones.
El Gobierno, por su parte, también tiene que presentar propuestas claras, bien elaboradas y realmente urgentes. No puede pretender que el Congreso apruebe pedidos confusos o iniciativas que no respondan a las prioridades nacionales. Pero una vez que las propuestas sean debatidas y aprobadas, ambas cámaras deben actuar con madurez.
La población espera resultados, no enfrentamientos.
Es momento de que el Congreso demuestre que puede legislar sin caer en el sectarismo, que puede ejercer control político sin obstruir y que puede utilizar sus mayorías para construir soluciones, no para alimentar nuevas crisis.
Si Diputados y Senado trabajan en una misma dirección, el país ganará. Si se enfrentan por protagonismo y poder, perderá nuevamente la ciudadanía.
