Bolivia recién dio luz verde a los mercados de carbono en agosto de 2024, durante el gobierno de Luis Arce (Movimiento Al Socialismo). Para llegar a ese punto se derogó un artículo de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien que prohibía la mercantilización de la naturaleza, pero también se aprobaron una resolución constitucional y un decreto supremo. A pesar de haber destrabado la regulación, según expertos, todavía existe un panorama opaco en esta temática que puede afectar a los territorios indígenas.
Además, los especialistas consultados ven riesgos en este tipo de negocios, como vender los bonos de carbono como una solución rápida en un país que aún no controla la deforestación ni los incendios.
Los bonos de carbono (o créditos de carbono) son mecanismos económicos de mitigación climática. Se basan en contratos que permiten a las empresas compensar su huella ambiental financiando proyectos sustentables en cualquier parte del mundo.
El principal mecanismo de los mercados de carbono en la región se basa en proyectos REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada), los cuales buscan conservar bosques tropicales mediante incentivos financieros que provienen de estas empresas que buscan compensar su huella climática.
Países como Brasil y Colombia avanzaron en la creación de regulaciones y plataformas para el comercio de bonos de carbono. En contraste, Bolivia experimentó una apertura más reciente en este ámbito, marcada por múltiples controversias sobre la gobernanza y la legalidad de estos mecanismos, según explicó a Mongabay Latam Miguel Vargas, abogado e investigador sobre la problemática indígena de tierras bajas de Bolivia y ex director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis).
En ese panorama surge una pregunta clave: ¿está Bolivia preparada para ingresar a los mercados de carbono? Vargas afirmó que el país ingresa a la agenda de mercados de carbono en un contexto de “profunda debilidad institucional”.
El experto detalló que, luego de la emisión de una sentencia constitucional y la aprobación del Decreto Supremo 5264, se avanzó en la construcción de un nuevo marco institucional para la gestión de esta materia. “Sin embargo, la estructura prevista para el diseño, administración y control de los proyectos de carbono desde el nivel central del Estado no responde adecuadamente a la realidad ambiental y territorial del país”, detalló Vargas.
Según el experto, alrededor del 20 % de los bosques de Bolivia se encuentra dentro de los 14.1 millones de hectáreas de territorios indígenas titulados a favor de pueblos indígenas de tierras bajas (la Amazonía, en el norte; la Chiquitania, en el este; y el Chaco, en el sur). “Esta situación demanda una institucionalidad sólida, con capacidad efectiva para gestionar y fiscalizar el desarrollo de proyectos de mercados de carbono, así como para regular la actuación de empresas intermediarias que actualmente negocian con comunidades y organizaciones indígenas la suscripción de contratos vinculados a la comercialización de servicios ambientales”, dijo Vargas.
Stasiek Czaplicki, investigador boliviano y economista ambiental independiente, afirmó a Mongabay Latam que coincide con Vargas en que Bolivia no está en condiciones para entrar a los negocios de bonos de carbono. El experto afirmó que el país no tiene una regulación clara, no tiene salvaguardas sólidas, no tiene mecanismos efectivos de consulta previa ni transparencia contractual. Tampoco, capacidad institucional suficiente para controlar este tipo de proyectos, asegura.
“Entrar así al mercado de carbono puede abrir más espacio a abusos, estafas, greenwashing [lavado de imagen verde] y conflictos territoriales que ya están ocurriendo y que antes que nada tienen que ser esclarecidos. Es indispensable esclarecer las iniciativas existentes, identificar responsabilidades y adoptar medidas regulatorias, legales e institucionales adecuadas”, remarcó Czaplicki.
Según el experto, el mercado de carbono en Bolivia está en una “etapa inicial, desordenada y peligrosa por la falta de una normativa clara”. Sostiene que antes de 2024 habrían existido proyectos y ventas de créditos a pesar de la prohibición normativa. “Es decir, el mercado ya empezó a moverse de forma ilegal, sin reglas claras”, dijo Czaplicki.
La política del gobierno de Rodrigo Paz sobre los bonos de carbono se centra en la monetización de las reservas forestales bolivianas como pilar para la reactivación económica y el cuidado ambiental. El Gobierno –según su programa electoral- proyecta captar entre 15 000 millones y 25 000 millones de dólares en los próximos 25 años mediante la conservación de la Amazonía y la Chiquitania, según anunció el presidente Paz.
El mandatario boliviano explicó que el plan busca certificar alrededor de 20 millones de hectáreas para acceder al mercado internacional de carbono. El Gobierno cree que se proyecta así una recaudación anual millonaria para el Estado y las regiones, dijo Paz.
El mandatario boliviano explicó que el plan busca certificar alrededor de 20 millones de hectáreas para acceder al mercado internacional de carbono. El Gobierno cree que se proyecta así una recaudación anual millonaria para el Estado y las regiones, dijo Paz.
Además, una de las aristas más observadas de la propuesta verde del Gobierno boliviano es asignar a las Fuerzas Armadas (FFAA) una función de guardaparques y «defensa de los reservorios naturales», para lo cual una parte de los ingresos generados por los bonos de carbono se destinaría a su financiamiento y alimentación.
Mongabay Latam solicitó la posición del gobierno sobre esta temática a través del Viceministerio de Medio Ambiente, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, pero esta entidad no respondió al requerimiento hasta la publicación de la nota. Sin embargo, el viceministro a cargo, Jorge Ávila, admitió en marzo de este año que en Bolivia se debe fortalecer el aspecto normativo y a las instituciones que de alguna manera están ligadas al mercado verde.
Ávila también destacó que es importante trabajar con las comunidades indígenas para que se beneficien de diferentes proyectos que premian la producción sostenible. “Estamos rezagados unos 20 años, pero no es momento de llorar, sino de avanzar y de lograr que Bolivia se transforme en un referente en el mercado de los bonos de carbono”, dijo la autoridad en el evento Carbon Forum Bolivia que se desarrolló en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en marzo de este año.
En la actualidad, el viceministro Ávila socializa el proyecto de ley de Gobernanza, Regulación y Articulación del Financiamiento Climático y de Biodiversidad. Esta iniciativa ha sido presentada por el funcionario en diferentes regiones y la meta del proyecto es facilitar y transparentar el acceso de Bolivia a “mecanismos verdes” de financiamiento nacionales e internacionales.
El proyecto, según el viceministro Ávila, contempla mecanismos para canalizar inversiones extranjeras y la participación en el Consejo Nacional de Financiamiento Climático y Biodiversidad, así como instrumentos como créditos de carbono y biodiversidad, bonos temáticos soberanos, financiamiento combinado y la Plataforma Nacional de Inversión Climática y Biodiversidad.
“Todos han visto al financiamiento climático como una oportunidad de generar dinero, de generar economía, desde todos los ámbitos, público, privado, comunitario. Y en realidad es una acción virtuosa porque además de generar conservación y utilización sostenible de los recursos, también generamos economía y desarrollo”, afirmó Ávila el 2 de septiembre en un acto de presentación de la norma en la Gobernación de La Paz.
A partir de 2012, Bolivia restringió las acciones de mercantilización de los servicios ecosistémicos mediante la Ley 300, conocida como Ley de la Madre de Tierra. Esta norma establece que ninguna persona, natural o jurídica, puede promover acciones legales o de hecho que impliquen la mercantilización de la naturaleza. Sin embargo, debido a la debilidad institucional y al incumplimiento de la normativa –según Vargas-, varias empresas desarrolladoras promovieron la firma de convenios al margen de la ley.
En Colombia, donde existen más experiencias con los bonos de carbono, la relación entre el mercado de carbono y los pueblos indígenas ha generado controversias. Iván Valencia, oficial senior en el Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI) en Colombia y gerente del programa Spar6c, explicó a Mongabay Latam que la legislación en torno a mercados de carbono en su país no avanzó mucho frente a lo que se esperaba, pues hay reglamentaciones en el Ministerio de Ambiente, pero no fueron expedidas oficialmente. Entre esas, está en desarrollo una reglamentación de salvaguardas con comunidades indígenas que todavía falta expedirse.
Según el experto, todavía es incierto el rol que puede tener el artículo 6 del Acuerdo de París, que establece las bases para el comercio internacional de créditos de carbono, con las comunidades indígenas. Qué tanto las beneficia, cómo evitar que sean utilizadas por las empresas para lavar la imagen de las marcas.
Hay expectativas sobre cómo funcionará la herramienta de desarrollo sostenible, es decir, si realmente se volverá el referente principal de gestión de riesgos ambientales y sociales de los proyectos de mercado. “Parece que si se está volviendo ese referente, pero falta ver cómo funciona y qué tan fácil es su implementación”, explicó Valencia.
Natalia Calderón, directora de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), afirmó a Mongabay Latam que Bolivia tiene un gran potencial para generar créditos de carbono a partir de sus bosques. Sin embargo, coincidió que el país aún necesita un marco legal claro, sistemas de monitoreo y la participación de comunidades locales para aprovechar esta oportunidad.
“Se requiere una institucionalidad clara en temas de cambio climático, definir quién comercializa, cómo se comercializa y cómo se distribuyen los beneficios”, afirmó Calderón, quien añadió que para que los mercados de carbono funcionen se necesitan acciones concretas para reducir la deforestación y los incendios forestales, además de implementar sistemas de monitoreo robustos que garanticen la integridad de los proyectos.
Calderón dijo que estos mecanismos deben ser diseñados con la participación de los actores locales, quienes tienen una visión sobre el desarrollo de sus territorios y el papel que puede tener la conservación de los bosques. Además, advirtió que los ingresos generados por créditos de carbono no reemplazarán en el corto plazo a los recursos provenientes de los hidrocarburos.
Para Vargas, el esquema actualmente propuesto limita significativamente la participación del Estado y de sus instituciones en las tareas de regulación, supervisión y fiscalización necesarias para garantizar que las empresas desarrolladoras que suscriben contratos con territorios y organizaciones indígenas cumplan con las salvaguardas reconocidas a favor de los pueblos indígenas.
Entre ellas destacan el derecho a la consulta previa, libre e informada, la participación efectiva en la toma de decisiones, la distribución justa y equitativa de beneficios y el respeto a las formas propias de gobierno y gestión territorial.
Existen casos que se ejecutaron antes de que hubiera una normativa clara para este tipo de mercado. Una empresa firmó un convenio en 2022 con una organización indígena. Se comprometió el 88.43 % del territorio indígena para el proyecto por 30 años, pero el convenio se anuló en 2025 debido al reclamo indígena.
Otro caso es la firma de un convenio -también en 2022- entre otra empresa y otra comunidad indígena. El acuerdo buscaba proteger los bosques nativos y reducir emisiones de dióxido de carbono en ese territorio indígena, generando beneficios concretos para las comunidades indígenas: empleo, capacitación en gestión ambiental y nuevas oportunidades de ingreso a través del mercado de carbono.
Los expertos afirman que para que los proyectos traigan beneficios ecológicos reales las comunidades indígenas deben participar activamente en el monitoreo, conservación y en la distribución de los beneficios, garantizando que los recursos se traduzcan en desarrollo sostenible y en la protección de su patrimonio natural.
“El modelo que se pretende consolidar plantea riesgos para la soberanía y la integridad territorial de los pueblos indígenas. La revisión de los contratos ya suscritos evidencia una serie de aspectos preocupantes, entre ellos las limitaciones a la participación directa de las comunidades en los procesos de negociación y aprobación de los acuerdos”.
Además, Vargas resalta la falta de claridad sobre los mecanismos de distribución de beneficios de los programas y la inclusión de cláusulas que remiten la resolución de controversias a instancias arbitrales o de conciliación ajenas a los sistemas de justicia indígena.
Czaplicki afirmó que en la actualidad se están generando proyectos privados de captura de carbono por biochar -un tipo de carbón vegetal- o biocarbón, contratos a 30 años con territorios indígenas, y propuestas jurisdiccionales vinculadas a fondos internacionales.
“El riesgo es vender los bonos de carbono como una solución rápida en un país que aún no controla la deforestación ni los incendios y cuyo gobierno busca activamente seguir expandiendo la frontera agropecuaria”, concluyó.
