Keiko Fujimori ya no es candidata. Después de cuatro intentos electorales, finalmente llegó a la Presidencia de la República y juró el cargo el 28 de julio de 2026. Desde ese momento, las promesas de campaña dejaron de ser suficientes. Ahora tiene la obligación de gobernar, tomar decisiones y responder por los resultados de su administración.
Una presidenta que ha participado en cuatro procesos electorales debía llegar al poder con equipos preparados, planes concretos y una estrategia claramente definida para enfrentar los principales problemas del país. La experiencia acumulada en tantas campañas debió permitirle construir cuadros técnicos, consolidar propuestas y conocer con precisión las demandas de una población golpeada por la inseguridad, la crisis institucional y el deterioro de los servicios públicos.
Sin embargo, lo que se observa hasta ahora genera interrogantes. Hay señales de improvisación y una excesiva confianza en aliados políticos que no necesariamente han trabajado sobre los problemas reales que el Perú viene enfrentando durante los últimos años.
El país no podía esperar indefinidamente. La exigencia ciudadana es enorme y la indignación crece con cada crimen. La población no solamente está conmocionada por los asesinatos que llegan a los grandes medios de comunicación. También existen ciudadanos comunes que son acribillados, asesinados o extorsionados por montos irrisorios, sin que sus casos reciban la misma atención pública.
Son trabajadores, comerciantes, transportistas, emprendedores y vecinos que pierden la vida en circunstancias dramáticas. Sus historias muchas veces desaparecen rápidamente de las noticias, como si sus vidas tuvieran menos valor porque no son personajes conocidos o porque sus familias no tienen capacidad para presionar a las autoridades.
Esa realidad está acumulando una profunda indignación social.
Frente a este escenario, el Gobierno debe demostrar iniciativa, autoridad y capacidad de ejecución. No basta con anunciar operativos, convocar reuniones o presentar discursos contra la delincuencia. La ciudadanía quiere saber cuál es el plan, quién lo ejecutará, cuánto costará y cuándo se verán los resultados.
La presidenta Fujimori tiene que responder, entre otras, las siguientes preguntas:
- ¿Cómo se enfrentará de manera integral a la extorsión?
- ¿Qué medidas se aplicarán contra las organizaciones criminales?
- ¿Cómo se recuperará el control de las calles?
- ¿Qué protección tendrán los pequeños comerciantes y transportistas?
- ¿Cómo se fortalecerá la investigación criminal?
- ¿Qué se hará para impedir que los delincuentes detenidos vuelvan rápidamente a las calles?
- ¿Cómo se combatirá la corrupción en la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario?
- ¿Qué estrategia se aplicará en los barrios donde el Estado prácticamente ha desaparecido?
La población no está pidiendo milagros. Sabe que la inseguridad no se resuelve en unas semanas. Pero sí espera señales claras de conducción política, una estrategia coherente y resultados que permitan recuperar, por lo menos, la sensación de que el Estado está enfrentando el problema.
El Gobierno no puede limitarse a reaccionar después de cada crimen mediático. Debe anticiparse, investigar, prevenir y proteger. La seguridad ciudadana requiere inteligencia policial, coordinación institucional, presencia territorial, persecución financiera del crimen organizado y una justicia que funcione con rapidez y firmeza dentro de la ley.
También será insuficiente responsabilizar permanentemente a los gobiernos anteriores. Keiko Fujimori recibió un país con graves problemas, pero desde el momento en que asumió el mando, la responsabilidad política principal es suya. La ciudadanía puede comprender que existen dificultades heredadas; lo que ya no está dispuesta a aceptar es que esas dificultades se conviertan en una excusa para la inacción.
La presidenta insistió durante años en su deseo de gobernar el Perú. Ahora que ha alcanzado el poder, debe demostrar que no se trataba únicamente de una obsesión electoral o de una búsqueda personal de la Presidencia. Debe demostrar que cuenta con la capacidad, los equipos y la voluntad política para transformar esa aspiración en un gobierno eficaz.
La exigencia será todavía mayor porque su triunfo se produjo en un país profundamente dividido y con una ciudadanía desconfiada de las instituciones. Su gobierno tendrá que demostrar que no gobernará solamente para sus seguidores ni para los sectores que respaldaron a Fuerza Popular, sino para todos los peruanos.
La seguridad, la economía, la salud, la educación y el empleo no pueden ser administrados con improvisación. Cada área necesita objetivos, responsables, presupuesto, cronogramas y mecanismos de evaluación. Un gobierno serio debe explicar qué va a hacer, cómo lo va a hacer y qué resultados espera alcanzar.
El problema no es solamente que el Gobierno haga poco. También preocupa que haga cosas sin eficacia, que anuncie medidas que no se sostienen en el tiempo o que dependa de funcionarios y aliados sin experiencia suficiente para enfrentar la magnitud de la crisis.
La población quiere respuestas. Quiere resultados. Quiere comenzar a cambiar la sensación de abandono y descontrol que se ha instalado en buena parte del país.
Si el Gobierno no logra mostrar avances concretos, la frustración aumentará y se profundizará la desconfianza en la democracia. Cuando la ciudadanía siente que el Estado no la protege, comienzan a ganar espacio las propuestas autoritarias, los discursos de mano dura sin planificación y las soluciones improvisadas que pueden terminar debilitando aún más las instituciones.
Por eso, el desafío de Keiko Fujimori no consiste simplemente en haber llegado a la Presidencia. El verdadero desafío empieza ahora: demostrar que puede gobernar con eficacia, responsabilidad y sentido de Estado.
La campaña terminó. Las excusas también deberían terminar.
El Perú necesita una presidenta que gobierne, un equipo que trabaje y un Estado que responda.
