La Fiscalía de la Nación marcha a un escenario tormentoso. Si la Junta Nacional de Justicia (JNJ) consuma la suspensión preventiva de la doctora Delia Espinoza, el país podría asistir a la captura política de la principal institución que ha sostenido el mínimo de Estado de derecho en los últimos años.
No es exagerado advertir que el Ministerio Público se encuentra en la encrucijada más grave desde su creación. La eventual suspensión de Espinoza, en medio de la presión política por el caso Cócteles y el retorno de Patricia Benavides, abriría un periodo de caos en la sucesión y en la conducción de las principales fiscalías especializadas.
Pablo Sánchez ha reiterado que no desea el cargo. Zoraida Ávalos podría asumir, pero enfrentará el veto del poder político y mediático que la quiere fuera. Tomás Gálvez, tercero en la sucesión, parece no estar dispuesto a cargar con la institución en este contexto. Y, al final de la línea, Patricia Benavides espera su oportunidad, con el apoyo abierto de quienes buscan poner la Fiscalía al servicio de intereses oscuros.
Si esta crisis se concreta, el Perú corre el riesgo de ver su sistema de justicia sometido a la lógica de la mafia y de la impunidad. El Ministerio Público se quedará sin timón, a merced de quienes ven en la investigación fiscal un obstáculo para su supervivencia política.
La doctora Espinoza ha anunciado que se defenderá hasta el final, incluso recurriendo a acciones de amparo ante el Poder Judicial. Pero la lucha será dura. No se trata solo de un puesto, sino de la independencia de la institución.
Hoy, más que nunca, la ciudadanía debe entender que no es una pelea entre nombres propios. Es una batalla por preservar la posibilidad de investigar a los poderosos sin miedo ni represalias. Si la Fiscalía cae, el Perú quedará expuesto a la corrupción y el crimen sin defensa.
Parafraseando a Vallejo: “Si la Fiscalía cae –digo, es un decir–, salid, ciudadanos del Perú; id a buscarla.”
