Rafael López Aliaga llegó al sillón municipal prometiendo transformar Lima, modernizar su transporte, erradicar la corrupción y dejar atrás el caos de las gestiones anteriores. Sin embargo, a más de un año de mandato, su gestión no despega, y lo que sí avanza es la percepción de improvisación, desesperación y falta de rumbo. El caso de los trenes Caltrain, lejos de ser un logro, se ha convertido en el símbolo más claro del desorden, la opacidad y el uso político de la Municipalidad de Lima como trampolín presidencial.
Promesas sobre rieles… sin dirección
El proyecto del tren Lima–Chosica, presentado como una supuesta donación de locomotoras y vagones por parte de la empresa estadounidense Caltrain, ha terminado rodeado de sombras: denuncias de compra encubierta, ocultamiento de pagos, declaraciones aduaneras inconsistentes y posibles conflictos de interés.
Según documentos oficiales, Caltrain había declarado un valor de 4.9 millones de dólares por el material ferroviario retirado de su flota diésel, mientras que la Municipalidad de Lima lo registró con un «valor técnico patrimonial» de más de 822 millones de soles. Una diferencia monumental que ha encendido las alertas.
A ello se suma la revelación del exministro Rafael Rey, quien sostuvo públicamente que sí se pagaron más de 7 millones de dólares, lo que desmonta la narrativa oficial de que se trató de una «donación gratuita». Para completar el cuadro, informes del Comité Consultivo de Ciudadanos en Estados Unidos catalogan la operación como una “venta de equipos obsoletos”.
Imposiciones, insultos y un silencio escandaloso
En lugar de responder con claridad a las dudas legítimas, el alcalde ha optado por la descalificación personal, el insulto a los críticos y el juego mediático. Cada vez que se le interpela, evade el fondo del asunto y responde atacando. Un estilo de confrontación que puede encandilar en campaña, pero que resulta ineficaz y peligroso desde el gobierno.
Mientras tanto, la Fiscalía de la Nación ya ha recibido una solicitud formal de investigación por presuntos delitos de colusión, falsedad ideológica, defraudación aduanera y abuso de autoridad. La denuncia incluye el pedido de acceder a toda la documentación de la operación, tanto en Lima como en Estados Unidos, para determinar si hubo simulación de donación, pagos encubiertos o sobrevaloración patrimonial.
¿Dónde están los equipos técnicos?
Lo más alarmante no es solo el posible escándalo de corrupción. Es el reflejo de una gestión sin preparación, sin cuadros técnicos sólidos y sin una visión institucional de ciudad. La improvisación como método ha sido constante: medidas sin sustento, anuncios sin planificación, y decisiones que responden más a la urgencia de exhibir resultados que a una verdadera solución para los limeños.
¿Son realmente útiles los trenes? ¿Están en condiciones operativas? ¿Hay estudios técnicos que justifiquen su implementación? ¿Qué papel juega el asesor externo en trenes, que también integra el directorio del Ferrocarril Central Andino? ¿A quién beneficia este proyecto, realmente?
El tren presidencial
Todo esto ocurre mientras López Aliaga intensifica su campaña presidencial, utilizando el cargo de alcalde como plataforma de visibilidad. En lugar de dedicarse a gobernar Lima —una ciudad colapsada por el transporte informal, la inseguridad, el déficit de servicios y la falta de planificación urbana—, el burgomaestre parece más enfocado en construir un relato de gestor exitoso que la realidad desmiente día a día.
La obsesión por lograr un “hito” que justifique su paso por la alcaldía ha llevado a decisiones apresuradas, opacas y posiblemente irregulares. Pero más allá de la política, lo que está en juego es el futuro de una ciudad maltratada por décadas de populismo, improvisación y corrupción.
Lima no necesita salvadores mesiánicos. Necesita planificación, transparencia y equipos profesionales que entiendan que gobernar no es improvisar con titulares, sino construir con responsabilidad.
