La reciente denuncia penal de la Contraloría contra seis funcionarios y exfuncionarios del Senace por la aprobación irregular de una modificación al estudio de impacto ambiental (EIA) del Megapuerto de Chancay ha reactivado un debate urgente: ¿cómo garantizar una supervisión ambiental rigurosa sin caer en el juego de los intereses geopolíticos que buscan debilitar uno de los proyectos estratégicos más importantes del Perú?
El informe de la Contraloría —basado en hechos ocurridos en 2020— señala que los técnicos del Senace habrían aprobado una modificación del EIA sin que la empresa Cosco Shipping subsanara observaciones ni presentara un plan de compensación ambiental por el dragado del lecho marino. Se estima que este impacto podría reducir la diversidad de especies marinas entre 30% y 70%. Si las conclusiones se confirman, se trataría de una grave omisión institucional que exige correcciones y responsabilidades claras.
Pero más allá del caso puntual, el debate sobre Chancay va mucho más allá de las sanciones administrativas o penales. Está en juego la capacidad del Estado peruano para conciliar desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y soberanía nacional, en un contexto global donde los puertos, las rutas marítimas y las cadenas logísticas son parte de una nueva competencia planetaria por el control del comercio.
El trasfondo geopolítico
El Megapuerto de Chancay no es un proyecto más. Su consolidación reconfigurará las rutas del comercio del Pacífico Sur y reducirá la dependencia de América Latina de los puertos chilenos y panameños. Conectará directamente Sudamérica con Asia, permitiendo que el Perú se convierta en un nodo logístico clave entre China y el Atlántico.
Y allí radica el punto sensible: el éxito del puerto —impulsado por capital chino y con fuerte presencia tecnológica y financiera del gigante asiático— genera desventajas estratégicas para otros actores globales, particularmente para los Estados Unidos, que ven en el control portuario y en la infraestructura logística latinoamericana un factor de seguridad regional.
En ese marco, no sería ingenuo pensar que ciertas corrientes de opinión o denuncias ambientales desproporcionadas pueden ser usadas como instrumentos de presión o dilatación política, en nombre de la “sostenibilidad”, pero con un claro trasfondo geoeconómico.
Ni negacionismo ambiental ni subordinación estratégica
Cuidar el medio ambiente no es un obstáculo para el progreso. Al contrario, una política ambiental sólida debe ser parte de una estrategia nacional de desarrollo. Pero también debemos evitar que el discurso ambiental se convierta en una coartada para frenar el crecimiento o imponer tutelas extranjeras sobre nuestras decisiones.
El Perú necesita fortalecer sus instituciones ambientales —Senace, OEFA, ANA, Minam— no para paralizar, sino para garantizar transparencia, control técnico y soberanía sobre los recursos naturales. El equilibrio no se logra bloqueando proyectos, sino exigiendo estándares reales de compensación ambiental, monitoreo continuo y participación científica nacional.
Chancay como motor de un nuevo modelo industrial
Más allá del debate coyuntural, el Megapuerto de Chancay ofrece una oportunidad histórica. Si se planifica con visión nacional, podría ser el punto de partida para un sistema de polos industriales costeros, integrados con parques tecnológicos, zonas francas de valor agregado y cadenas logísticas que aprovechen los recursos naturales del país.
El Perú dispone de abundantes minerales, recursos energéticos, agroindustria exportable y un mercado interno dinámico. Pero necesita convertirse en productor de bienes intermedios y tecnológicos, no solo exportador de materias primas. Chancay podría ser el ancla de esa transición: un puerto inteligente, conectado con corredores ferroviarios y con industrias limpias de transformación.
Ese es el verdadero desafío: que el puerto no sea solo chino ni solo un enclave logístico, sino una plataforma de desarrollo peruano, con visión de Estado, participación empresarial nacional y control público de los impactos socioambientales.
Conclusión
El caso de Chancay debe ser una lección doble.
Primero, que los errores técnicos o administrativos deben corregirse con firmeza, porque el respeto al medio ambiente es parte de la soberanía.
Y segundo, que el Perú no puede permitir que, bajo el manto del “ambientalismo selectivo”, se detengan proyectos que pueden transformar su estructura económica y fortalecer su presencia en el Pacífico.
La defensa del ambiente y la defensa del desarrollo nacional no son enemigos. Son, en realidad, las dos caras de una misma política de futuro: un Perú dueño de su destino, moderno, sostenible y soberano
