Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) nacieron con una promesa: garantizar pensiones dignas para millones de trabajadores peruanos cuando llegara su vejez. Esa fue la narrativa con la que se vendió la reforma previsional inspirada en el modelo chileno. Sin embargo, con el paso de los años, quedó claro que el diseño real no priorizó al jubilado, sino la rentabilidad de las empresas que administran los fondos.
En otras palabras: cuando se diseñó el sistema, el gato ya estaba en la despensa.
Desde su creación, las reglas del juego fueron escritas —y reescritas— con fuerte influencia de los intereses privados que controlan este negocio. El resultado es un sistema que ha asegurado utilidades millonarias para un puñado de empresas, pero que ha dejado pensiones miserables o inexistentes para cientos de miles de peruanos.
Ganancias privadas, pérdidas públicas
Según un análisis de OjoPúblico, las cuatro AFP que operan en el país —Integra, Prima AFP, Profuturo AFP y AFP Habitat— obtuvieron S/ 4.757 millones en ganancias netas entre 2015 y 2024. Mientras tanto, miles de afiliados vieron cómo el valor de sus fondos se reducía, como ocurrió en 2022, cuando se perdieron S/ 27.400 millones respecto al año anterior, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Mientras los jubilados recibían pensiones que en muchos casos no alcanzan ni para cubrir sus necesidades básicas, las AFP mantenían márgenes de ganancia estables, incluso en los años más duros de la pandemia.
“La industria no ha sido ni eficiente ni eficaz al momento de gestionar los fondos”, señala el economista Eduardo Recoba Martínez. “No puede ser que otros fondos en mercados globales rindan diez veces más que las AFP aquí”.
Rentabilidad baja, comisiones altas
Los números son elocuentes:
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Rentabilidad real promedio del Fondo 2 (el más común): 2,45%.
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Fondo 1 (afiliados cercanos a jubilación): 1,71%.
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Fondo 3 (jóvenes): 1,48%.
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Fondo 0 (más conservador): 1,02%.
En paralelo, las comisiones que cobran las AFP rondan el 1,5% anual, pase lo que pase con la rentabilidad. Es decir, si ganas poco o incluso pierdes, ellos igual cobran.
Reforma hecha a medida
En setiembre de 2024 se publicó el reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, bautizada en las calles como “Ley ProAFP”. Esta reforma fue percibida por miles de trabajadores como un traje a la medida de las administradoras privadas.
Entre las medidas iniciales más criticadas estuvieron:
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La afiliación obligatoria para todos los mayores de edad.
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El aporte del 2% para trabajadores independientes.
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El bloqueo de la libre disposición del 95,5% de los fondos para menores de 40 años.
Tras la presión ciudadana y protestas masivas en Lima y otras ciudades, el Congreso y el Ejecutivo dieron marcha atrás en tiempo récord sobre dos de estas medidas.
Pero no fue un accidente que la ley saliera así: entre enero y setiembre de 2025, representantes de las AFP se reunieron al menos ocho veces con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú para tratar —formal o informalmente— aspectos de la reforma. Las voces críticas señalan que la ley terminó reflejando más los intereses de estas empresas que los derechos de los trabajadores.
Un sistema roto que debe ser reconstruido
El retiro masivo de fondos en los últimos años fue, sin duda, una medida irresponsable desde el punto de vista de la sostenibilidad previsional. Pero no surgió de la nada: fue una respuesta desesperada a un sistema que no garantiza pensiones reales.
Hoy tenemos un remedo de sistema previsional, incapaz de cumplir su función social básica. Y por eso, lo que se necesita no es una “reforma cosmética”, sino una reconstrucción profunda, con reglas que prioricen al afiliado, no al intermediario financiero.
Un rediseño serio debería:
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Canalizar los fondos hacia inversiones productivas estratégicas (energía, hidrocarburos, minería, infraestructura) que beneficien al país y generen mayor rentabilidad para los aportantes.
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Crear mecanismos de transparencia y control público sobre cómo se invierten los recursos.
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Establecer comisiones variables y justas, vinculadas al desempeño real.
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Ampliar el sistema para incluir pilares solidarios, como en Chile, Colombia o México, donde el Estado y los empleadores también aportan.
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Garantizar una pensión mínima digna para todos los afiliados.
Pensiones para vivir, no para especular
La jubilación no puede ser un negocio privado. Es una obligación social y un derecho. No podemos seguir sosteniendo un sistema en el que los que más ganan son los administradores y no los aportantes.
Si el país quiere una vejez digna para millones de peruanos, tiene que sacar al gato de la despensa y construir un nuevo pacto previsional: uno que asegure que los fondos sirvan para mejorar vidas, no balances empresariales.
