La presencia de una coalición conservadora y autoritaria, atrincherada en el Congreso, con influencia directa sobre el Ejecutivo y otras instituciones del Estado, no solo tiene efectos en la política formal. Su sombra se extiende también sobre la cultura, el cine y las expresiones artísticas que se atreven a cuestionar el relato oficial. Cuando una obra incomoda desde una mirada política, sociológica o histórica distinta al poder, aparece la persecución; cuando se alinea con su visión, recibe aplausos y protección.
En este contexto, la pluralidad comienza a desaparecer. Y con ella, uno de los pilares fundamentales de una democracia real: la convivencia de ideas diversas, incluso divergentes, sostenidas desde el respeto. Los peruanos no deberíamos normalizar la censura, ni la autocensura, ni la intolerancia, ni mucho menos la violencia simbólica que busca callar aquello que incomoda.
El caso reciente denunciado por el cineasta peruano Javier Corcuera es una señal de alerta que no puede pasar desapercibida. Su documental Uyariy —palabra que en quechua significa “escuchar”— fue retirado o relegado a horarios inaccesibles en varias salas de Lima y del sur del país el mismo día de su estreno comercial, sin previo aviso ni una explicación convincente.
No se trata de un hecho menor ni aislado. Uyariy aborda la memoria, la represión y la impunidad en el sur del Perú, especialmente en regiones como Puno, a través de testimonios de madres y familiares de víctimas, música andina e imágenes del altiplano. La película construye un recorrido por 200 años de historia silenciada, conectando ese pasado con heridas aún abiertas, como las protestas de Juliaca en 2023, durante el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte.
Corcuera no es un improvisado ni un agitador ocasional. Es una de las figuras más sólidas del cine documental peruano e internacional, ganador del Goya en 2007 por Invisibles y autor de obras que han explorado, con rigor y humanidad, la violencia, la memoria y las deudas pendientes de nuestras sociedades. Por ello, reducir este episodio a una simple decisión comercial resulta, como mínimo, poco creíble.
El retiro o la marginación de Uyariy ocurre en un clima político donde se busca deslegitimar a las víctimas, diluir responsabilidades y convertir la memoria en una amenaza. En ese escenario, la censura ya no siempre es directa: adopta formas más sutiles, como horarios imposibles, retiros silenciosos o ausencia de promoción. Es una censura que no prohíbe, pero asfixia.
La cultura no puede ni debe someterse al poder de turno. Escuchar —uyariy— es un acto profundamente político en un país que ha aprendido, demasiadas veces, a callar por miedo o cansancio. Defender este documental no es defender una ideología; es defender el derecho de una sociedad a mirarse en el espejo de su historia desde múltiples voces.
No permitamos que la censura, la autocensura y la intolerancia se vuelvan costumbre. Sin pluralidad cultural, sin memoria y sin disenso, no hay democracia posible.
