El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA) tiene una situación económica-financiera saneada, pero la información financiera debe mejorar. Esta es una de las principales conclusiones del informe de fiscalización realizado por la Cámara de Cuentas de Aragón, en el que se analizan los ejercicios 2020-2023.
El informe refleja que la situación económica-financiera del CITA está saneada, presentado ratios positivos en cuanto a liquidez, solvencia y fondo de maniobra. Sin embargo, se observa una elevada dependencia de recursos públicos, con una transferencia anual de funcionamiento de nueve millones de euros aprobada por el Gobierno de Aragón.
Siguiendo con los datos del informe, los ingresos de actividad propia, en el período analizado, suponen entre el 30% y el 48% de los ingresos totales, incluyendo las subvenciones obtenidas en procesos competitivos. Además, la ejecución presupuestaria asciende a un 94% de media en los años sobre los que se ha realizado el informe de fiscalización.
El informe de fiscalización también lanza una serie de alertas o puntos a tener en cuenta al detectarse algunas incidencias. Entre ellas, destacan, por ejemplo, las omisiones de registro de activos intangibles, errores en la clasificación de activos según su naturaleza que afectan al cálculo de la amortización, incorrecciones en la información de las cuentas anuales sobre el movimiento inmovilizado material, la contabilización según criterios presupuestarios de los ingresos por subvenciones de capital o errores en el cálculo del resultado presupuestario y del remanente de tesorería.
Además, se presta atención al gasto de personal, que supone entre el 70% y el 80% del presupuesto de gastos. De acuerdo con el informe, se ha pasado de los 10,4 millones de euros en el año 2020 a los 11,9 millones de euros en 2023. Una evolución que se ha producido por el aumento de empleados, que ha crecido desde los 242 a los 265, así como por el incremento retributivo recogido en las leyes de presupuestos.
En material de personal también se incide en que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) no se ha adaptado a las exigencias de la legislación vigente al haber mantenido 166 puestos laborales «propios» sin que se haya regularizado antes del plazo previsto para ello, el 2 de octubre de 2022. Además, se indica que la RPT no está accesible en el Portal de la Transparencia del Gobierno de Aragón, aparte de señalar que la actualización de datos retributivos es insuficiente.
El informe pone especial foco en la temporalidad media registrada en el período analizado, entre los años 2020 y 2023, que es del 48%. Un dato sobre el que la Cámara de Cuentas de Aragón alerta de que es muy superior al objetivo legal del 8%.
La situación, de acuerdo con los datos del estudio, es más acusada en el personal laboral «propio» en el que se alcanza el 62% por la necesidad de contratar personal temporal para proyectos de investigación. Si se descuenta este personal vinculado a proyectos, la temporalidad baja hasta el 13,85% en el año 2024, dato que se sitúa más cerca del límite establecido por ley.
En relación con las plazas que cumplían los requisitos legales de antigüedad, todas han sido incluidas en los procesos de estabilización, de manera que no quedan plazas pendientes de estabilizar.
Y, sobre los procesos de contratación de personal, se indica que, en general, se han respetado los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurrencia, aunque algunos expedientes estaban incompletos y determinadas bolsas de empleo estaban caducadas. Igualmente, se apunta la falta de publicidad en algunos de los procesos de selección de puestos de dirección.
Aunque las retribuciones están homologadas con las del Gobierno de Aragón, el informe de fiscalización también apunta que se han detectado ciertas incidencias como el abono de un complemento a 105 empleados sin estar documentado en sus funciones. Y, en cuanto al cómputo del tiempo trabajado, se han detectado 77 empleados con saldo horario anual negativo sin justificar y sin haberse realizado el descuento salarial correspondiente.
De acuerdo con los datos del informe de fiscalización, en materia de contratación pública, el CITA gestionó en el período analizado un total de 43 contratos mayores y 299 menores por un total de más de seis millones de euros. La Cámara de Cuentas de Aragón ha detectado deficiencias en la transparencia y cumplimiento en la publicación de contratos y prórrogas y en discrepancias en la información rendida.
Además, se observan deficiencias en la planificación, transparencia y profesionalización en la implantación de la Ley 11/2003 de contratación pública estratégica de Aragón. Por ejemplo, no se informa sobre logros en sus planes anuales, no reserva el 3% de contratos para empresas de inserción y obtiene baja concurrencia en licitaciones.
La Cámara de Cuentas de Aragón también ha fiscalizado un total de 13 expedientes de contratación del CITA correspondientes al 66% del importe adjudicado en 2020-2023, detectando deficiencias en la justificación del precio de licitación, acreditación de la solvencia, control y ejecución de contratos o incumplimientos en algunos plazos del procedimiento de licitación, entre otros puntos.
La Cámara de Cuentas de Aragón especifica que este organismo cumple con la normativa específica para contratos menores de investigación, sin indicios de fraccionamiento irregular en los contratos revisados.
Ante las incidencias detectadas, el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón recoge un total de 18 recomendaciones con el fin de corregir las incidencias detectadas. Entre las principales, y de cara a corregir las incidencias detectadas, se incide en la falta de implantación del mecanismo de supervisión continúa sobre la eficacia de entes adscritos, como exige el artículo 81 de la Ley 40/2015.
También se apunta la conveniencia de evaluar un proceso de integración con la Fundación FITA con el fin de aprovechar sinergias, eliminar duplicidades y mejorar recursos. Otras recomendaciones son reforzar los controles internos de gestión y dotar de estabilidad a la dirección del organismo, actualizar y depurar el inventario de activos, planificar la política de personal y profesionalizar la unidad de contratación. Igualmente, se incide en la necesidad de cumplir las obligaciones de transparencia.
Las recomendaciones también pasan por la corrección de las incidencias contables y la mejora de la información de las cuentas anuales, así como por la revisión completa del inventario de bienes y derechos del CITA para corregir los errores de clasificación de activos, la valoración y vida útiles y sobre la incorporación de los activos no inventariados. Asimismo, se apunta que se deben incluir los activos intangibles que generan beneficios.
La Cámara de Cuentas de Aragón aconseja a su vez la redacción de un procedimiento para la explotación de las fincas y el control de los ingresos y gastos asociados, aparte de documentar los acuerdos con las cooperativas y otros terceros.
El informe pone el foco en la revisión de los convenios en vigor formalizados por el CITA para adaptar su contenido a lo dispuesto en la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, así como en la publicación de los convenios en el Registro de Convenios y en el Portal de Transparencia.
Finalmente, se incide en la adaptación de la RPT a lo dispuesto en la Ley 5/2021, definiendo la excepcionalidad del personal laboral «propio» cuando se den las condiciones del apartado 4 del artículo 113, aparte de instar a continuar con los procesos de estabilización de personal para cumplir con el límite del 8% de temporalidad; regular la jornada presencial y adecuar el sistema de fichaje que asegure el registro diario de la jornada, entre otras cuestiones.
