La Asamblea Legislativa de Bolivia aprueba este viernes “por razones humanitarias” un indulto a los procesados durante el gobierno ‘de facto’ de Áñez.
De acuerdo con el Decreto 4461, unas 1200 personas procesadas durante el gobierno de facto, presidido por Jeanine Áñez (2019-2020), serán beneficiarias de la amnistía.
Tal y como indica el aludido decreto lo que se intenta es “restablecer los derechos de personas procesadas como consecuencia de los conflictos políticos y sociales durante la crisis política institucional del Estado, acontecida entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.
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No obstante, para alcanzar el indulto, los procesados deben reunir ciertas condiciones, como tener una sentencia condenatoria ejecutoriada por procesos penales iniciados durante el gobierno de Áñez, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales.
La Procuraduría General del Estado de Bolivia informa que procesa más de 15 casos de corrupción cometidos durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.
La decisión también tiene como objetivo evitar la aglomeración carcelaria, así como restablecer los derechos de los afectados, no obstante, la amnistía se producirá bajo ciertos requisitos, como el cumplimiento de cierto tiempo de la condena, entre otras.
En su informe mundial de 2021, la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció que Áñez presionó en forma pública a fiscales y jueces para que actuaran de manera favorable a sus intereses y utilizó de manera “abusiva” el sistema judicial para perseguir a los partidarios del expresidente Evo Morales.
Áñez y los funcionarios de su Administración han sido acusados de tener vínculos con casos de corrupción. También, se realizaron varias marchas en Bolivia para protestar contra los negociados de las empresas estatales, el nepotismo y un largo etcétera.
