Protección Civil de El Salvador declaró alerta roja nacional por sequía meteorológica y agrícola ante el déficit hídrico, los períodos secos y las altas temperaturas.
La decisión activa medidas preventivas, monitoreo y coordinación institucional mientras el país entra en una fase climática marcada por la influencia de El Niño y la transición hacia la época seca entre la segunda quincena de octubre y el inicio de noviembre.
La declaratoria se apoyó en la Perspectiva Nacional del Clima agosto-noviembre 2026 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que previó para el trimestre agosto-octubre precipitaciones por debajo de lo normal en la mayor parte del territorio. El acumulado estimado fue de 6 mm frente a un promedio de 939 mm.
El pronóstico oficial también ubicó la mayor probabilidad de lluvias por debajo de lo normal en las zonas paracentral y oriental, con rangos de 70% a 90%. En la zona central, la probabilidad prevista fue de 50% a 70%, y en la occidental, de 40% a 50%.
La medida fue anunciada por la Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, que informó la activación de acciones preventivas, monitoreo y coordinación interinstitucional en todo el país.
El fundamento técnico incluyó el seguimiento permanente de las condiciones hidrometeorológicas y climáticas que podían generar impactos progresivos y acumulativos sobre la población. También incorporó pruebas producidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Según esa evaluación, durante agosto y parte de septiembre de 2026 se previó la recurrencia de períodos secos asociados a El Niño y a la extensión de la canícula. La probabilidad de al menos un evento de sequía meteorológica a escala nacional se situó entre 20% y 40%.
Los antecedentes recientes reforzaron la decisión. Durante 2026 se registró un déficit de lluvia de 41% en mayo, un inicio temprano de la canícula y tres eventos de sequía meteorológica; el más reciente estuvo vigente desde el 7 de agosto y acumuló hasta 19 días secos consecutivos.
A ese cuadro se sumaron 14 récords de temperatura en agosto, con máximas de hasta 9°C en Santa Rosa de Lima, de acuerdo con la declaratoria. El documento señaló que ese comportamiento agravó el estrés hídrico y aceleró la pérdida de humedad.
La declaratoria instruyó a las comisiones del Sistema Nacional de Protección Civil en los niveles nacional, departamental y municipal a mantener seguimiento sobre precipitación, duración e intensidad de períodos secos, humedad del suelo, caudales y disponibilidad de agua. También ordenó vigilar el estado de los cultivos, los sistemas productivos agropecuarios, la seguridad alimentaria y las condiciones socioeconómicas de la población más expuesta.
El monitoreo debía servir para generar alertas, escenarios de evolución y recomendaciones que permitieran decisiones preventivas y de respuesta. A escala territorial, las comisiones departamentales y municipales debían realizar evaluaciones periódicas para identificar vulnerabilidades, afectaciones agrícolas y pecuarias, problemas de acceso al agua y necesidades prioritarias de asistencia.
Entre las medidas tempranas previstas figuraron el refuerzo de la vigilancia epidemiológica y sanitaria, sobre todo frente a enfermedades de origen hídrico y alimentario, y campañas para promover higiene y manejo seguro del agua para consumo humano. El plan también contempló acciones de protección y adaptación de cultivos, conservación de suelos y uso eficiente del recurso hídrico.
La disposición incluyó el fortalecimiento de reservas, sistemas de almacenamiento y mecanismos de abastecimiento de agua para garantizar el consumo humano en comunidades con mayor riesgo de desabastecimiento. También previó asistencia técnica al sector agropecuario para reducir los efectos del déficit hídrico sobre cultivos, ganado y otros sistemas productivos.
El documento ordenó, además, la implementación de mecanismos de transferencias monetarias temporales y focalizadas para familias en mayor vulnerabilidad, en especial hogares afectados por la pérdida o reducción de sus medios de vida. La prioridad fue para personas en pobreza o pobreza extrema, adultos mayores, hogares con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y familias dependientes de actividades agropecuarias altamente sensibles a la disponibilidad de agua.
Aunque la probabilidad de lluvias extremas entre agosto y octubre se consideró baja, entre 20% y 30%, la declaratoria no descartó tormentas de corta duración con fuerte actividad eléctrica. Por eso, las instituciones debían prepararse para escenarios simultáneos de déficit de precipitación y eventos hidrometeorológicos puntuales.
El texto oficial atribuyó el contexto general al fortalecimiento del fenómeno de El Niño, cuya influencia, según la perspectiva climática nacional, podía alcanzar una intensidad fuerte a muy fuerte hacia finales de 2026 e inicios de 2027. Esa evolución se inscribió, además, en un escenario internacional de alerta climática asociado al llamado Súper El Niño.
Protección Civil sostuvo que el calentamiento de la temperatura superficial del mar en el Pacífico tropical por encima de los 2°C alteró vientos y corrientes de aire y favoreció fenómenos hidrometeorológicos extremos en el trópico. Bajo ese marco, la alerta roja entró en vigencia desde su emisión y permanecerá activa hasta que se publique una disposición en contrario.
