La estadística que el Estado no publica: cuántos pequeños negocios cierran después de ser asfixiados por la fiscalización
El dato debería provocar una profunda preocupación en el Gobierno, en el Congreso y en la propia Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria —SUNAT—:
El 69 % de las pequeñas y medianas empresas identifica a la SUNAT como la entidad cuyas fiscalizaciones generan el mayor impacto negativo en sus operaciones.
El estudio “Empresas y Estado: Diagnóstico de barreras y oportunidades para la formalización y el crecimiento”, elaborado por Ipsos Perú por encargo de ComexPerú, revela además que el 40 % de las pymes considera que la fiscalización tiene un enfoque principalmente sancionador, mientras que el 88 % afirma que los criterios o interpretaciones de los fiscalizadores cambian con frecuencia.
No estamos, por tanto, ante una simple incomodidad empresarial. Estamos frente a una señal de alarma sobre la manera en que el Estado se relaciona con quienes producen, comercian, generan empleo y sostienen buena parte de la economía nacional.
Pero desde la perspectiva de Mudo Social, el problema merece una pregunta más profunda:
¿Cuántas micro y pequeñas empresas han cerrado, quebrado o abandonado la formalidad como consecuencia de una fiscalización excesiva, imprevisible y predominantemente sancionadora?
Esa cifra no aparece con claridad en los discursos oficiales. No existe, al menos en la información difundida con motivo de este estudio, una estadística pública que permita saber cuántos negocios dejaron de operar después de enfrentar multas, reparos, deudas tributarias, embargos, pérdida de liquidez o procedimientos administrativos difíciles de comprender y atender.
Sin embargo, la ausencia de una estadística no significa que el problema no exista.
La SUNAT no es la única causa, pero sí puede convertirse en el golpe final
Sería incorrecto afirmar que todas las empresas que quiebran lo hacen por responsabilidad de la SUNAT. Las MYPE enfrentan múltiples problemas: falta de crédito, caída de ventas, competencia informal, inseguridad, altos alquileres, costos laborales, deficiencias de gestión, deudas comerciales y dificultades para acceder a mercados.
Pero también sería irresponsable negar que una fiscalización mal diseñada puede convertirse en el golpe final para un negocio que ya trabaja con márgenes reducidos y una liquidez frágil.
Una gran empresa puede soportar una controversia tributaria durante meses o años. Puede contratar abogados, contadores, auditores y especialistas. Puede disponer de reservas financieras y líneas de crédito.
Una pequeña ferretería, un taller mecánico, una bodega, un restaurante familiar o un pequeño fabricante no tienen esa capacidad.
Para una MYPE, una multa elevada, un reparo tributario, una retención, un embargo o una deuda que se acumula puede significar la paralización inmediata de sus operaciones.
El empresario deja de comprar mercadería. No puede pagar a sus trabajadores. Pierde proveedores. Se retrasa con el alquiler. Reduce sus ventas. Se endeuda. Finalmente, cierra.
Y cuando cierra, no desaparece solamente una empresa. Desaparecen puestos de trabajo, ingresos familiares, proveedores, clientes y una iniciativa empresarial que quizá tardó años en construirse.
La formalidad no puede ser una trampa
El Estado insiste, con razón, en la necesidad de formalizar la economía. Pero la formalidad no puede convertirse en una trampa para el pequeño empresario.
El mensaje que recibe una parte importante de las MYPE parece ser contradictorio:
“Formalízate, paga tus impuestos, declara, emite comprobantes y contribuye al desarrollo del país”.
Pero una vez que el pequeño empresario ingresa al sistema formal, puede encontrarse con:
- Normas complejas y cambiantes.
- Interpretaciones distintas según el fiscalizador.
- Exigencias documentarias difíciles de cumplir.
- Multas que no guardan proporción con la dimensión del negocio.
- Procedimientos largos y costosos.
- Pérdida de tiempo productivo.
- Deudas tributarias que crecen por intereses y sanciones.
- Embargos que afectan el capital de trabajo.
- Escasa orientación antes de la sanción.
- Dificultades para defenderse frente a la administración.
Así, la formalidad deja de ser una vía de crecimiento y se convierte en una fuente permanente de temor.
La declaración de Patricia Rojas, de Ipsos Perú, es clara: una fiscalización poco predecible eleva los costos de cumplimiento y puede convertirse en una barrera adicional para crecer dentro de la formalidad. <Cite refs={[«turn0search0″,»turn0search6»]} />
Ese es el punto central. No se puede pedir a las empresas que crezcan si el propio Estado hace más caro, más incierto y más riesgoso permanecer dentro de la legalidad.
Una economía sostenida por pequeños empresarios
Las MYPE no son un sector marginal. Según información del Ministerio de la Producción, representan el 99,2 % del total de empresas formales del país, aportan alrededor del 20,6 % del PBI y generan más de 10 millones de puestos de trabajo.
Es decir, la pequeña empresa no es un problema que el Estado debe tolerar. Es uno de los principales soportes de la economía peruana.
El pequeño empresario sostiene a su familia, contrata trabajadores, compra a proveedores, paga alquileres, consume servicios y mantiene en movimiento los mercados locales.
Cuando una MYPE cierra, el daño se multiplica. No solamente pierde el propietario. También pierde el trabajador, el proveedor, el transportista, el arrendador y el barrio donde funcionaba el negocio.
Por eso, una política tributaria que no toma en cuenta la realidad de las pequeñas empresas puede terminar destruyendo la misma base económica que pretende gravar.
¿Recaudar o destruir capacidad productiva?
La SUNAT tiene una función indispensable: combatir la evasión, asegurar el cumplimiento tributario y recaudar los recursos que el Estado necesita para financiar servicios públicos.
Pero recaudar no puede significar destruir empresas formalizadas.
La administración tributaria debe perseguir con firmeza la evasión organizada, las empresas de fachada, el uso de facturas falsas, el lavado de activos, el contrabando y las grandes operaciones de fraude fiscal.
La propia SUNAT informó en enero de 2026 que había identificado 78 empresas calificadas como “Sujetos sin Capacidad Operativa”, vinculadas a la emisión de cientos de miles de comprobantes y a un monto superior a S/ 3.195 millones en crédito fiscal, gasto y costo que no serían reconocidos.
Ese tipo de operaciones requiere una respuesta contundente. Pero no se puede aplicar la misma lógica de sospecha, presión y sanción a una pequeña empresa que intenta sobrevivir, que a una estructura creada deliberadamente para defraudar al Estado.
La fiscalización debe ser inteligente, proporcional y basada en riesgos.
No es lo mismo una empresa que comete fraude deliberadamente que un pequeño negocio que incurre en un error contable, desconoce una interpretación compleja o no puede contratar asesoría tributaria permanente.
El 88 % denuncia cambios de criterio
Uno de los datos más graves del estudio es que el 88 % de las pymes señala que los criterios o interpretaciones de los fiscalizadores cambian con frecuencia.
Este problema golpea directamente la seguridad jurídica.
El empresario necesita saber cuáles son las reglas antes de tomar decisiones. Necesita conocer qué documento debe conservar, qué gasto puede deducir, cómo debe sustentar una compra, qué requisito debe cumplir y cuál será la interpretación aplicable.
Si las reglas cambian durante la fiscalización, o si dos funcionarios interpretan de manera distinta una misma disposición, el contribuyente queda expuesto a una incertidumbre permanente.
La administración puede considerar que está aplicando la ley. Pero para el empresario, el resultado puede ser una obligación inesperada, una multa o una deuda que jamás estuvo en condiciones de prever.
La imprevisibilidad tributaria es también un costo económico.
Y ese costo afecta mucho más a quien tiene poco capital que a quien dispone de grandes recursos.
La estadística que debería publicar la SUNAT
Si la SUNAT quiere demostrar que su actuación favorece la formalidad y el crecimiento, debería publicar información completa y verificable sobre el impacto real de sus fiscalizaciones.
El país necesita conocer:
- Cuántas MYPE fueron fiscalizadas cada año.
- Cuántas recibieron multas.
- Cuántas enfrentaron reparos tributarios.
- Cuántas sufrieron embargos o retenciones.
- Cuántas cerraron después de una fiscalización.
- Cuántas dejaron de declarar o abandonaron la formalidad.
- Cuántas lograron corregir sus errores mediante orientación.
- Cuántos procedimientos fueron anulados por errores de la administración.
- Cuánto tiempo y dinero debe gastar una MYPE para defenderse.
- Cuántas empresas grandes y pequeñas son fiscalizadas en proporción a su tamaño.
- Cuál es el monto recaudado por sanciones frente al monto recuperado por evasión real.
Esa información permitiría evaluar si el sistema está combatiendo la evasión o simplemente recaudando mediante la presión sobre quienes son más fáciles de fiscalizar.
Porque existe una percepción extendida entre los pequeños empresarios: que la SUNAT es rigurosa con el pequeño negocio, pero más prudente, tolerante o cuidadosa cuando se trata de grandes contribuyentes con equipos legales y capacidad de negociación.
Esa percepción debe ser investigada y, si es falsa, corregida con transparencia. Si tiene fundamento, debe ser enfrentada con decisión.
El Estado no puede mirar solamente la deuda: debe mirar la empresa
Cuando una MYPE tiene una deuda tributaria, la administración suele concentrarse en el monto pendiente. Pero debería preguntarse también:
¿La empresa sigue funcionando?
¿Tiene trabajadores?
¿Posee capital de trabajo?
¿La deuda se originó en fraude o en una crisis de liquidez?
¿Puede pagar si se le ofrece un fraccionamiento razonable?
¿El embargo destruirá su capacidad de generar ingresos?
¿La ejecución de la deuda permitirá recuperar recursos o terminará provocando el cierre definitivo del negocio?
Un empresario que cierra ya no paga impuestos, no genera empleo y deja de comprar. La SUNAT puede recuperar una deuda puntual, pero el país pierde una unidad productiva durante años o para siempre.
Por eso, la cobranza tributaria debe tener sentido económico. No puede ser una política automática que termine destruyendo al contribuyente y reduciendo la futura recaudación.
Una nueva relación entre SUNAT y las MYPE
El país necesita una reforma profunda de la relación entre la administración tributaria y los pequeños empresarios.
Esa reforma debería incluir:
- Fiscalización proporcional al tamaño y riesgo real de la empresa.
- Orientación previa en casos de errores formales o incumplimientos subsanables.
- Criterios uniformes y públicos para evitar interpretaciones contradictorias.
- Plazos razonables para presentar documentos y ejercer defensa.
- Multas proporcionales, especialmente cuando no existe perjuicio fiscal significativo.
- Protección del capital de trabajo indispensable para mantener la empresa operativa.
- Fraccionamientos realistas y accesibles para negocios con problemas temporales de liquidez.
- Mecanismos rápidos de revisión de embargos y retenciones.
- Atención especializada para microempresas sin capacidad de contratar asesoría permanente.
- Evaluación de los funcionarios según la calidad de sus decisiones y no solamente por el monto de sanciones impuestas.
La SUNAT debe dejar de medir su eficacia únicamente por cuánto sanciona o cuánto cobra. También debe medir cuántas empresas logra mantener dentro de la formalidad, cuántos contribuyentes orienta y cuántos negocios consigue que crezcan.
El 77 % siente que aporta más de lo que recibe
El estudio de Ipsos también revela que el 77 % de las pymes considera que sus aportes al Estado superan los beneficios que recibe a cambio.
Esta percepción no puede ser desestimada como una simple queja empresarial.
Los pequeños empresarios observan servicios públicos deficientes, inseguridad, calles deterioradas, trámites repetidos, atención médica insuficiente, dificultades para acceder a crédito y una burocracia que consume tiempo y dinero.
Pagan impuestos, pero sienten que el Estado no les devuelve condiciones adecuadas para trabajar.
La consecuencia es peligrosa: el contribuyente comienza a percibir al Estado no como un aliado, sino como un adversario.
Y cuando la formalidad es percibida como una amenaza, la informalidad se vuelve una alternativa de supervivencia.
SUNAT debe entender que detrás de cada RUC hay una persona
Detrás de cada número de RUC existe una historia.
Hay una persona que invirtió sus ahorros. Una familia que hipotecó su vivienda. Un trabajador que decidió independizarse. Un pequeño comerciante que abrió su local después de años de esfuerzo. Un emprendedor que contrató a dos o tres trabajadores para comenzar.
No todos son evasores. No todos buscan engañar al Estado. Muchos simplemente intentan sobrevivir en una economía difícil, con ventas irregulares, poco crédito y escaso apoyo institucional.
La SUNAT debe perseguir al defraudador, pero no puede tratar a todo pequeño empresario como un sospechoso permanente.
La autoridad tributaria necesita firmeza, pero también inteligencia. Necesita control, pero también criterio. Necesita sancionar cuando corresponde, pero orientar cuando el problema puede corregirse.
La ley debe cumplirse, pero su aplicación no puede perder de vista la realidad económica y humana del contribuyente.
La muerte silenciosa de las MYPE
En el Perú se habla mucho de las empresas que nacen, de los emprendimientos, de la formalización y de la recaudación. Se habla mucho menos de las empresas que desaparecen.
Cada negocio que cierra representa una estadística que debería importar.
¿Cuántos cerraron por falta de ventas?
¿Cuántos por falta de crédito?
¿Cuántos por inseguridad?
¿Cuántos por deudas?
¿Cuántos por multas?
¿Cuántos por embargos?
¿Cuántos porque la SUNAT les exigió pagos que no podían afrontar?
El país necesita esa información. Sin ella, se puede celebrar el número de empresas registradas mientras se ignora la cantidad de empresas que mueren en silencio.
La estadística del 69 % difundida por Ipsos no demuestra por sí sola que la SUNAT sea responsable de todas las quiebras. Pero sí demuestra que existe una relación profundamente deteriorada entre la administración tributaria y las pequeñas y medianas empresas.
Y esa relación debe cambiar.
Una SUNAT fuerte no es una SUNAT abusiva
El Perú necesita una SUNAT fuerte. Pero una institución fuerte no es aquella que intimida al pequeño empresario, multiplica sanciones o interpreta las normas de manera imprevisible.
Una SUNAT fuerte es aquella que:
- Combate realmente la evasión.
- Persigue a las grandes redes de fraude.
- Actúa con transparencia.
- Respeta el debido procedimiento.
- Aplica criterios uniformes.
- Orienta al contribuyente.
- Sanciona con proporcionalidad.
- Protege la formalidad.
- Contribuye al crecimiento económico.
- Entiende que la recaudación depende también de que las empresas sobrevivan.
La administración tributaria no puede ser una máquina de recaudar a cualquier costo.
Su misión debe ser recaudar de manera justa, ampliar la base tributaria y construir una relación de confianza con quienes cumplen sus obligaciones.
El país necesita una nueva política tributaria para las MYPE
La pequeña empresa no pide impunidad. Pide reglas claras.
No pide que se le permita evadir. Pide que no se le destruya por errores subsanables.
No pide privilegios. Pide proporcionalidad.
No pide que el Estado renuncie a cobrar. Pide que la cobranza no termine eliminando su fuente de ingresos.
El Gobierno, el Congreso, el Ministerio de Economía y la SUNAT deben abrir un debate nacional sobre la forma en que se fiscaliza a las MYPE.
Porque si el 69 % identifica a la SUNAT como la entidad que más afecta sus operaciones, el problema ya no puede ser considerado individual. Es un problema de política pública.
La pregunta ya no es solamente cuánto recauda la SUNAT.
La pregunta es:
¿Cuánto empleo, cuánta inversión y cuántas empresas se están perdiendo como consecuencia de una política tributaria que no distingue entre el gran evasor y el pequeño empresario que lucha por sobrevivir?
Mientras el Estado no responda esa pregunta, seguirá existiendo una estadística que no aparece en los informes oficiales: la de las empresas que cierran, los trabajadores que quedan sin empleo y las familias que pierden su principal fuente de ingresos.
La SUNAT debe recaudar, sí. Pero no puede convertirse en la causa de la muerte silenciosa de las MYPE.
