El Poder Ejecutivo, ha pedido facultades para legislar en 7 grandes áreas: 1) Seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad y fortalecimiento del sistema penitenciario y de reinserción social; 2) Promoción y protección de los emprendedores y de la micro y pequeña empresa y fomento de la formalización; 3) Laboral y de promoción del empleo y protección social; 4) Simplificación administrativa, desregulación, eliminación de barreras burocráticas y reforma de la calidad regulatoria; 5) Desarrollo productivo e innovación; 6) Tributaria, aduanera y de facilitación del comercio; 7) Reforma estructural, organización y modernización del Estado. Cada uno con una serie de temáticas.
Al abarcar tantos temas, podremos encontrar propuestas razonables y quizá positivas, junto con medidas nefastas y que no sólo ayudarán a vivir mejor, sino que nos empeorarán la vida. Por esto, sonaría lógico que tras una minuciosa deliberación, que separe el grano de la paja, se den facultades parciales. Sin embargo, el nuevo diseño constitucional generado el año 2024 junto con la composición de fuerzas en el Senado, lleva a que cerrar cualquier peligro para la ciudadanía deba atajarse con una negativa total al pedido, de manera que el Ejecutivo llegue a acuerdos previos con las oposiciones y envíe un nuevo proyecto sin las medidas negativas para la gente.
En efecto, la actual Constitución establece en su artículo 105 que las propuestas de ley que se aprueben en la Cámara de Diputados se someten a revisión del Senado. Y este puede archivar, aprobar o modificar la propuesta. Y lo que apruebe el Senado se remite para su promulgación. Por su parte, si la Cámara de Diputados rechaza el proyecto de ley, este se archiva. En el caso del proyecto de ley de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, sin importar qué es lo que apruebe o rechace la Cámara de Diputados, el Senado podría regresar al proyecto enviado por el Ejecutivo. Y este tiene deficiencias muy serias en cada una de las áreas. En general, para todas, se indica que no habrá consultas públicas ni análisis de impacto o calidad regulatoria, que son mecanismos que previenen que los efectos empeoren la situación que se pretende regular. Y en la primera de las materias sobre las que se piden las facultades, seguridad ciudadana, observamos una seria deficiencia:
Para comenzar, de 5 literales, 4 están concentrados en el sistema penitenciario (artículos 2.1.b, 2.1.c, 2.1.d y 2.1.e). Y deja sólo uno para todos los demás temas: «materia militar y policial», «penal», «procesal penal» y «ejecución penal». De esta manera, la propuesta de norma incluso se aparta de la exposición de motivos, que da datos sobre migración y nacionalidad; georreferenciación y telecomunicaciones; armas de fuego, municiones y explosivos; terrorismo; legítima defensa; guardaparques. Da la impresión de que la exposición fue redactada para un proyecto con medidas más específicas. La redacción del literal a del artículo 2.1 del proyecto se aparta de lo que entendemos por “materia específica”, que es la condición para delegar facultades legislativas. Una imprecisión de tal magnitud en un tema tan importante debe bastar para rechazar el proyecto.
En general, ni el Proyecto de Ley ni la Exposición de Motivos contienen una estrategia integral y coherente para enfrentar a las organizaciones criminales. Ambos documentos se limitan a un enfoque punitivo y reactivo (más penas, más militares en cárceles, más vigilancia digital) que, según la evidencia comparada y las críticas especializadas, resulta insuficiente para desmantelar estructuras criminales complejas, con un fuerte componente económico. Es más, no hay nada sustantivo sobre la imprescindible reforma policial. Rechazar el pedido podría obligar a un debate sobre este aspecto, más evidente ahora que se acaba de conocer que en La Libertad, la Policía Nacional trabajaba con una organización criminal – “La jauría”, enemiga de otra “Los pulpos” – confirmando la infiltración criminal de la institución. Por el contrario, el Ejecutivo sigue protegiendo al todavía comandante general, Arriola, a pesar de su comprobada inefectividad. En el proyecto tampoco hay una línea sobre la derogación de las leyes que han favorecido a la delincuencia y la corrupción, dadas por el Congreso anterior.
En esas condiciones, cualquier medida legislativa del Ejecutivo podría agravar los problemas. En cambio, un rechazo podría forzarlo a tomar en serio la problemática y abrir un diálogo político para adoptar medidas realmente efectivas en favor de la vida y la seguridad de las personas.
