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Congreso incurre en desacato y aprueba norma inconstitucional

La Comisión Permanente, con solamente quince votos, aprobó en segunda votación el proyecto de ley promovido por la ultraderecha para que la figura de la lesa humanidad no pueda ser aplicada por delitos cometidos antes del año 2002. La norma es una puerta de escape a los violadores de derechos humanos.

Sin debate, la Comisión Permanente (CP) del Congreso aprobó la ley de impunidad para que se declare inaplicable la figura de la lesa humanidad antes del 2002.  En resumen, se pretende que los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor en el Perú del Estatuto de Roma y la Convención contra Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad prescribirán de acuerdo con los plazos establecidos en la ley nacional.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigor en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio de 2002. Mientras que La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad lo hizo el 9 de noviembre de 2003.

Hace un mes, el Pleno había puesto discutido este proyecto auspiciado por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y José Cueto (Renovación Popular). Fue aprobado con 60 adhesiones. Estaba pendiente la segunda votación. No se hizo en lo que quedó de legislatura y más bien se esperó a que el Pleno entre en receso para ponerlo de nuevo en debate, aprovechando la correlación de fuerzas dentro de la CP.

Así, con solamente 15 votos -de los representantes de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Alianza Para el Progreso, principalmente- esta norma que es en realidad una puerta de escape para quienes han violado derechos humanos será enviada al Ejecutivo. Al cierre de esta edición, el legislador Wilson Soto (Acción Popular) había solicitado de manera formal el cambio del sentido de su voto. Se tramitarse, el resultado final pasaría a ser de 14 votos a favor y 13 en contra.

El Ejecutivo podría observar la ley, promulgarla o esperar a que el propio Legislativo lo haga cumplidos treinta días. En todo caso, no se espera que el Gobierno se oponga a los intereses parlamentarios.

Cuando la Corte IDH pidió al Estado peruano que “tome las acciones necesarias para que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia” a la iniciativa legislativa, el premier, Gustavo Adrianzén, dijo estar “indignado”. Pocos días antes, el Gobierno auspició -con éxito- la candidatura de Alberto Borea como magistrado de la Corte IDH.

¿No aplicarla por inconstitucional?

Gisela Ortiz, exministra, activista por los derechos humanos y familiar de una de las víctimas de La Cantuta, consideró que la ley que se ha aprobado “es una aberración” incluso desde un sentido racional. “Si estamos hablando de un delito que no prescribe, ¿entonces cómo se van a delimitar sus alcances? Lo que debería hacer un Estado es condenar la gravedad de las desapariciones forzadas, las torturas, los asesinatos extrajudiciales que se han producido en el contexto del conflicto armado interno”, declaró.

Ortiz añadió que el Estado peruano es “deficiente” para asumir y cumplir sus responsabilidades frente a hechos de violencia que han dejado víctimas y secuelas y además es “permisivo” ante esos crímenes. “Por eso entre el 2022 y el 2023 ha habido casi de 50 personas asesinadas en el contexto de las protestas”, recordó.

Dijo esperar que los jueces no apliquen la norma, que no tengan miedo a las amenazas y que hagan prevalecer su obligación funcional de investigar el delito bajo el marco internacional de protección a los derechos humanos. “Duele reconocer que estamos en un país en donde ya se hizo costumbre desacatar a la Corte Interamericana y también a la propia jurisdicción de la Corte, dejando en un estado de indefensión a los ciudadanos que acudimos a ella”, comentó.

Por cierto, en una entrevista con La República, el investigador del Instituto de Derechos Humanos, Yvan Montoya, indicó que jueces y fiscales “tienen todo servido, tienen todo el marco” para poder inaplicar la ley.

Rechazan prescripción

El Poder Judicial rechazó la prescripción del delito de asociación ilícita para delinquir en contra de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari Hermoza y Luis Pérez Documet por su presunta intervención en los casos Pativilca y Cantuta. La decisión fue adoptada por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que declaró nula una resolución de octubre de 2023 de la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora. “Los hechos atribuidos, calificados como asociación ilícita para delinquir, en la medida en que están ligados a graves violaciones a derechos humanos, pueden ser considerados también de lesa humanidad”, estableció la Sala Penal Transitoria.

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