¿Cuánto puede soportar la memoria de una ciudad?
Hay una pregunta que empieza a rondar, silenciosamente, en distintos sectores de la ciudadanía: ¿qué ocurre cuando quienes ya tuvieron la oportunidad de gobernar vuelven a pedir el voto prometiendo resolver exactamente aquello que no pudieron solucionar cuando tuvieron el poder para hacerlo?
No es una pregunta dirigida únicamente a una persona. Es una pregunta sobre nuestra democracia, sobre la responsabilidad de quienes ejercen cargos públicos y, también, sobre la memoria de los electores.
Porque una campaña electoral permite prometer. Gobernar, en cambio, obliga a demostrar.
Y entre ambas cosas existe una diferencia enorme.
Rafael López Aliaga asumió la Alcaldía de Lima el 1 de enero de 2023 con un conjunto de compromisos muy concretos. Su plan de trabajo incluía, entre otros puntos, la compra de 10 mil motocicletas con GPS para seguridad ciudadana, además de propuestas relacionadas con los peajes y el transporte de Lima.
Durante los primeros meses de gestión ya aparecieron cuestionamientos sobre el nivel de cumplimiento de esas promesas. El Comercio recordó, por ejemplo, que varias de las propuestas requerían la intervención de otras entidades o no estaban enteramente dentro de las competencias municipales.
Y al cumplirse el primer año de gestión, diversos especialistas y actores municipales señalaban que una parte importante de los compromisos permanecía pendiente. Gestión describía entonces una brecha entre las promesas realizadas y los resultados obtenidos.
Eso debería importar mucho más que cualquier discurso de campaña.
Porque una elección no empieza de cero.
El ciudadano no debería evaluar solamente lo que un candidato dice que hará. También debería preguntarse qué hizo cuando tuvo la oportunidad de hacerlo.
Ese debería ser uno de los principios elementales de la evaluación democrática.
EL PROBLEMA NO ES PROMETER. EL PROBLEMA ES PROMETER OTRA VEZ SIN EXPLICAR QUÉ PASÓ ANTES
En septiembre de 2026, López Aliaga vuelve al escenario electoral y plantea, entre otras cosas, que las competencias de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao —ATU— regresen a la Municipalidad de Lima.
La propuesta no es nueva.
Durante su actual campaña ha sostenido nuevamente que la ATU debería desaparecer y que sus funciones deberían regresar a Lima Metropolitana.
También vuelve a hablar de grandes proyectos viales y de soluciones para el transporte.
Y en el debate municipal de septiembre de 2026 ha planteado duplicar los ingresos municipales para financiar obras, además de anunciar recursos para inteligencia municipal contra el sicariato y nuevos proyectos de infraestructura vial.
Nada de esto es ilegal ni constituye, por sí mismo, una falta ética.
Un político tiene derecho a cambiar, reformular o insistir en sus propuestas.
Pero la ciudadanía tiene también el derecho de exigir una explicación mucho más rigurosa:
¿Qué ocurrió con las promesas anteriores?
¿Qué se pudo ejecutar?
¿Qué no se pudo ejecutar?
¿Por qué?
¿Fue falta de presupuesto?
¿Fue un problema legal?
¿Fue falta de competencias?
¿Fue deficiencia de gestión?
¿Faltó equipo técnico?
¿Hubo errores de planificación?
¿O simplemente se prometió algo que no estaba suficientemente estudiado?
Estas preguntas son más importantes que el tamaño de cualquier nuevo anuncio.
LA MEMORIA ELECTORAL TAMBIÉN ES UNA FORMA DE CONTROL CIUDADANO
Una democracia saludable no debería funcionar como una pizarra que se borra cada cuatro años.
Si una autoridad llega al poder prometiendo 10 mil motocicletas para combatir la delincuencia, la pregunta posterior no puede ser simplemente si vuelve a prometer seguridad.
La pregunta debería ser:
¿Qué pasó con aquellas 10 mil motocicletas?
Si prometió solucionar determinados problemas de transporte, corresponde preguntar:
¿Qué avances concretos produjo durante su gestión?
Si prometió transformar Lima, corresponde preguntar:
¿Qué transformación quedó efectivamente terminada, funcionando y beneficiando al ciudadano?
Y si ahora plantea que una institución como la ATU debe desaparecer y sus competencias regresar a Lima, corresponde preguntar:
¿Por qué esa solución no se impulsó con resultados suficientes durante los años en que tuvo la conducción de la Municipalidad?
La respuesta puede ser perfectamente válida. Puede haber obstáculos jurídicos, presupuestales, institucionales o políticos.
Pero debe existir una respuesta.
Porque gobernar también significa rendir cuentas sobre lo que no se pudo hacer.
EL PELIGRO DE LA POLÍTICA DEL ANUNCIO
Lima tiene problemas demasiado grandes para ser administrada únicamente mediante anuncios.
La inseguridad, el sicariato, la extorsión, el transporte, el tráfico, la informalidad, la basura, la falta de planificación urbana y la precariedad de numerosos servicios públicos no desaparecen porque un candidato pronuncie una frase contundente frente a una cámara.
Necesitan planes.
Necesitan presupuesto.
Necesitan equipos técnicos.
Necesitan cronogramas.
Necesitan competencias claramente definidas.
Necesitan coordinación con el Gobierno Nacional, la Policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público, los municipios distritales y otras instituciones.
Y, sobre todo, necesitan continuidad.
Ya en 2024, un editorial de Gestión advertía que Lima no necesitaba solamente anuncios grandilocuentes, sino trabajo planificado, concertado y con liderazgos capaces de aprender de la experiencia de otras ciudades.
Esa reflexión continúa siendo perfectamente pertinente.
¿Y QUÉ PASA CON LA ÉTICA?
Aquí aparece la cuestión más delicada.
No corresponde llamar «estafa» a una promesa política simplemente porque no se cumplió. El incumplimiento puede tener muchas causas y debe analizarse caso por caso.
Pero existe una dimensión ética que ninguna democracia debería ignorar.
Cuando alguien solicita el voto, está solicitando algo más que una papeleta.
Está solicitando confianza.
Y la confianza pública tiene un valor.
Por eso, cuando una autoridad no consigue cumplir una promesa, tiene una obligación política y moral elemental: explicar por qué no pudo hacerlo.
No basta con volver a ofrecer la misma solución.
No basta con cambiarle el nombre.
No basta con atribuir todos los problemas a quienes estuvieron antes.
No basta tampoco con culpar a terceros.
El ciudadano merece saber qué responsabilidad correspondió a cada institución y qué responsabilidad correspondió al propio gobernante.
PERO HAY ALGO MÁS INQUIETANTE
Lo verdaderamente preocupante sería que una parte de la sociedad terminara aceptando que la experiencia de gobierno no importa.
Que dé lo mismo haber gobernado que no haber gobernado.
Que una promesa nueva tenga el mismo valor que una promesa incumplida.
Que cuatro años de gestión puedan ser borrados por una nueva campaña electoral.
Que el candidato pueda presentarse nuevamente ante el ciudadano como si recién estuviera descubriendo los problemas de Lima.
Ahí la responsabilidad ya no sería solamente del político.
También sería de una sociedad que dejó de preguntar.
¿Qué hiciste cuando tuviste el poder?
Esa debería ser una de las preguntas centrales de cualquier elección.
No para perseguir políticamente a nadie.
No para impedir que alguien vuelva a postular.
Sino para algo mucho más sencillo y democrático:
para que el voto tenga memoria.
LIMA NO NECESITA PRIMERIZOS EN EL DIAGNÓSTICO
Los problemas de Lima ya están diagnosticados.
No necesitamos descubrir nuevamente que existe inseguridad.
No necesitamos descubrir nuevamente que el transporte es caótico.
No necesitamos descubrir nuevamente que las principales vías están congestionadas.
No necesitamos descubrir nuevamente que la ciudad necesita planificación.
No necesitamos descubrir nuevamente que la institucionalidad del transporte requiere coordinación.
Lo que Lima necesita es saber cómo se van a resolver esos problemas, cuánto costará, quién será responsable, en cuánto tiempo y qué indicadores permitirán comprobar si realmente se cumplió.
Eso cambia completamente la naturaleza de una campaña.
Ya no se trata de quién promete más.
Se trata de quién puede presentar al ciudadano un proyecto verificable.
Y aquí aparece una exigencia que Mudo Social considera indispensable:
menos promesas, más resultados medibles.
Porque quien ya gobernó no debería presentarse ante la ciudadanía solamente con lo que piensa hacer.
Debería presentarse también con lo que hizo, lo que no hizo y las razones por las cuales no lo hizo.
Ese es el verdadero examen democrático.
Y quizá sea hora de que Lima empiece a formularlo.
¿Qué prometiste?
¿Qué cumpliste?
¿Qué quedó pendiente?
¿Por qué?
¿Y por qué deberíamos volver a creer en la misma fórmula?
La respuesta, esta vez, no debería estar solamente en el candidato.
Debería estar también en la memoria de los ciudadanos.
