La minería acompaña al Perú desde mucho antes de la República. El verdadero desafío está en construir canales seguros, formales y transparentes para que esta actividad genere empleo, inversión y recursos para el Estado, en lugar de convertirse en territorio de organizaciones criminales.
La minería no llegó al Perú con la República.
Mucho antes de que existiera el Estado peruano como lo conocemos hoy, la extracción y utilización de minerales formaban parte de la vida económica, cultural y tecnológica de las sociedades que habitaron nuestro territorio. El oro, la plata, el cobre y otros minerales estuvieron presentes en distintas etapas de nuestra historia y alcanzaron particular importancia durante el desarrollo de las sociedades andinas y del Tahuantinsuyo.
Por eso, discutir el futuro de la minería en el Perú exige una mirada que vaya mucho más allá de la coyuntura.
La minería seguirá acompañando al Perú durante muchos años.
La verdadera pregunta no es si tendremos minería, sino qué tipo de minería queremos tener y bajo qué condiciones queremos desarrollarla.
Y aquí aparece uno de los mayores desafíos del Estado peruano.
El problema no es solamente ambiental
La información recientemente difundida sobre la relación entre minería ilegal y violencia muestra que el problema ha adquirido una dimensión mucho mayor.
Un informe del Colectivo País Seguro señala que en 2025 se registraron cifras particularmente elevadas de homicidios en zonas donde existe expansión de la minería ilegal: 294 en Pataz, 159 en Ananea, 129 en Inambari y 54 en Puerto Inca. El propio informe advierte que, en determinados distritos vinculados a esta actividad, los niveles de violencia llegan a superar ampliamente el promedio nacional.
La situación ha dejado de ser, por tanto, exclusivamente una discusión sobre contaminación ambiental o explotación de recursos naturales.
Estamos hablando también de seguridad ciudadana, crimen organizado, control territorial, lavado de activos, tráfico de insumos, corrupción y pérdida de capacidad del Estado para gobernar determinados espacios.
La propia información recogida en el informe señala que la relación entre minería ilegal y crimen organizado se ha convertido en un problema crítico de seguridad pública.
Cuando el territorio queda en manos de otros
El problema comienza cuando el Estado pierde presencia y las organizaciones ilegales empiezan a ocupar el espacio que debería corresponder a las instituciones.
Una actividad económica puede generar empleo, comercio, transporte, servicios y movimiento de dinero.
Pero cuando funciona al margen de la legalidad, ese mismo movimiento económico puede convertirse en terreno fértil para organizaciones que necesitan controlar territorios, rutas, maquinaria, insumos, trabajadores y producción.
En Pataz, por ejemplo, la violencia ha estado relacionada con disputas por el control de zonas auríferas. El informe recogido por La República registra enfrentamientos, asesinatos y operaciones contra redes vinculadas a la extracción ilegal.
Y esto debería obligarnos a mirar el problema desde otra perspectiva.
No basta con entrar, destruir maquinaria y retirarse.
Si después de la intervención del Estado vuelven las mismas organizaciones, regresan las mismas economías ilegales y reaparecen los mismos conflictos, el problema simplemente se desplaza en el tiempo.
¿Qué hacemos con la minería que ya existe?
Esta es probablemente una de las preguntas más difíciles.
No podemos actuar como si la minería fuera a desaparecer.
Tampoco podemos aceptar que miles de personas que viven de esta actividad queden atrapadas entre la informalidad, la ilegalidad y organizaciones criminales.
El Estado necesita desarrollar canales de formalización reales, seguros y económicamente viables.
Formalizar no debería significar únicamente llenar formularios, pagar tasas y cumplir interminables procedimientos administrativos.
Formalizar debería significar ingresar a un ecosistema económico protegido por el Estado.
Un minero formal debería poder vender legalmente su producción, acceder al sistema financiero, comprar insumos dentro de canales autorizados, contratar trabajadores, pagar impuestos, obtener asistencia técnica y desarrollar su actividad sin estar sometido al control de organizaciones criminales.
La experiencia y la sabiduría deben servir para encontrar soluciones
El Perú tiene décadas de experiencia acumulada en materia minera.
Tiene profesionales, ingenieros, geólogos, empresarios, trabajadores, comunidades y especialistas que conocen el territorio y conocen la actividad.
Esa experiencia debería utilizarse para construir soluciones.
Porque el problema no puede reducirse a una respuesta exclusivamente policial.
La Policía tiene que combatir al crimen organizado.
El Ministerio Público debe investigar y perseguir los delitos.
La SUNAT debe seguir las rutas económicas y tributarias.
La inteligencia financiera debe identificar los movimientos de dinero.
Las autoridades ambientales deben fiscalizar los impactos.
Los gobiernos regionales y locales deben participar en el ordenamiento territorial.
Y el Gobierno nacional debe articular todo ese esfuerzo.
La lucha contra la minería ilegal necesita inteligencia económica tanto como fuerza policial.
Formalizar también significa crear un mercado seguro
Aquí existe una discusión que todavía no recibe toda la atención que merece.
¿Por qué una persona que trabaja en una actividad minera ilegal continúa allí?
Las respuestas pueden ser diversas: rentabilidad, ausencia de alternativas económicas, dificultades para formalizarse, presencia histórica de la actividad, falta de Estado o simplemente porque existen organizaciones que controlan la cadena productiva.
Pero mientras exista un mercado para el mineral producido ilegalmente, existirán incentivos para continuar con la actividad.
Por eso, combatir la minería ilegal significa también cerrar los canales comerciales que permiten que el producto ilegal ingrese al mercado formal.
Hay que seguir la ruta completa:
extracción → procesamiento → transporte → comercialización → exportación → dinero.
Si solamente se destruye una máquina, pero no se toca la estructura económica que permite que el oro ilegal encuentre comprador, el problema permanece.
El Estado también necesita recuperar el territorio
La información disponible muestra situaciones especialmente graves.
En La Rinconada, por ejemplo, el informe citado señala que más de 30 mil personas están expuestas a condiciones laborales precarias y que el 78 % de la población carece de acceso a agua potable y desagüe. También advierte sobre la presencia constante de violencia y organizaciones criminales.
Esto demuestra que la formalización no puede limitarse al minero.
También hay que formalizar el territorio.
Donde existe minería debe existir Estado.
Debe haber comisarías, jueces, fiscales, servicios de salud, educación, infraestructura, registros, servicios básicos y presencia permanente de las autoridades.
Porque si el Estado solamente aparece para realizar un operativo y después desaparece, deja un vacío que otros terminan ocupando.
No todo puede resolverse con estados de emergencia
La información sobre Pataz resulta ilustrativa. El informe sostiene que, debido a la concentración territorial de la violencia, se requiere una estrategia específica y no solamente recurrir a estados de emergencia. En La Libertad, además, se registraron 1.625 denuncias por extorsión y 415 por minería ilegal.
El estado de emergencia puede ser una herramienta.
Pero no puede convertirse en una estrategia permanente.
Una política pública seria debería tener objetivos medibles:
- reducir la presencia de organizaciones criminales;
- formalizar progresivamente a los pequeños productores;
- controlar la cadena de comercialización;
- identificar el origen del mineral;
- perseguir financieramente a las organizaciones;
- proteger a los trabajadores;
- recuperar los territorios;
- aumentar la recaudación tributaria;
- reducir los impactos ambientales;
- y garantizar seguridad para quienes desarrollan actividades legales.
La minería debe aportar al país
Hay otra dimensión que tampoco podemos ignorar.
Una actividad económica de esta magnitud debe contribuir al desarrollo nacional mediante tributos, empleo, inversión y encadenamientos productivos.
La minería ilegal, por definición, rompe buena parte de esos canales.
Genera actividad económica, sí, pero fuera de los mecanismos mediante los cuales el Estado puede fiscalizarla, cobrar los tributos correspondientes y exigir el cumplimiento de obligaciones laborales, ambientales y de seguridad.
Por eso, el objetivo debería ser transformar esa actividad económica en actividad formal, trazable y fiscalizable.
No se trata de perseguir a la minería como actividad.
Se trata de impedir que el crimen organizado se apropie de la minería.
El Perú necesita una nueva mirada
Durante demasiado tiempo, la discusión sobre minería ha quedado atrapada entre posiciones extremas.
Para unos, toda minería parece ser una amenaza.
Para otros, cualquier cuestionamiento a la actividad minera parece ser un ataque contra la inversión.
Pero el Perú necesita una discusión mucho más madura.
La minería existe, existirá y seguirá siendo importante para nuestra economía.
Lo que tenemos que decidir como país es si queremos que esa actividad se desarrolle dentro de un marco de legalidad, seguridad, responsabilidad ambiental y contribución fiscal, o si permitimos que determinados territorios sean progresivamente controlados por economías criminales.
La respuesta no puede ser solamente represiva.
Tiene que ser económica, institucional, social, tributaria, ambiental y policial.
Porque el verdadero objetivo no debería ser simplemente sacar al minero ilegal del territorio.
Debe ser recuperar el territorio para el Estado, incorporar al trabajador a la formalidad y cortar el vínculo entre minería y crimen organizado.
Una minería que genere desarrollo y no miedo
El Perú tiene una larga tradición minera.
Tiene recursos naturales, conocimiento, trabajadores, empresarios y una enorme experiencia acumulada.
Lo que falta es convertir esa experiencia en una política de Estado capaz de mirar hacia las próximas décadas.
Una política que entienda que formalizar no es perseguir: es construir caminos para que quien hoy está fuera pueda ingresar a la legalidad.
Y que entienda también que combatir la minería ilegal no significa combatir la minería.
Significa impedir que grupos criminales utilicen una actividad económica histórica para construir un negocio basado en la violencia, la corrupción y el control territorial.
La minería puede seguir siendo una fuente de riqueza para el Perú.
Pero para ello necesitamos que tenga canales seguros, trazables y formales, que permitan que la riqueza que genera no termine alimentando organizaciones criminales, sino contribuyendo al desarrollo del país.
Ese es el verdadero desafío.
No detener la minería.
