El país ha sido testigo —una vez más— de cómo las más altas instancias del Estado terminan protegiendo a quienes deberían ser investigados con rigor. El fallo del Tribunal Constitucional (TC) a favor de Keiko Fujimori no sorprende a nadie: era cuestión de tiempo, cuestión de nombramientos y, sobre todo, de poder.
Con cinco votos a favor, el TC decidió anular la investigación y la acusación fiscal contra la lideresa de Fuerza Popular, en el denominado caso Cócteles, donde se le imputaban delitos de lavado de activos y organización criminal por el supuesto financiamiento irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016.
El argumento central del fallo sostiene que el proceso vulneró el “principio de legalidad” y el “plazo razonable”. En otras palabras, que se habría investigado a Fujimori por un delito no tipificado en ese momento. Pero detrás de esa apariencia técnica se esconde una decisión política y moralmente devastadora: el blanqueo judicial de una de las principales acusadas de corrupción política en el Perú contemporáneo.
De las pruebas al olvido
Las evidencias no fueron pocas. Según la Fiscalía, los aportes provenientes de Odebrecht y otros conglomerados empresariales se canalizaron mediante una red de falsos cócteles y donaciones simuladas, práctica que se demostró mediante testimonios, transferencias y documentos. Aun así, el TC decidió borrar años de investigación con un voto político, revestido de legalidad.
El resultado: Keiko Fujimori queda libre de polvo y paja, en un país donde los delitos de cuello y corbata se absuelven con solemnidad constitucional, mientras miles de peruanos enfrentan prisiones preventivas por faltas menores.
El eco de la injusticia
El precedente del TC ya comienza a tener repercusiones. Ollanta Humala y Susana Villarán han anunciado que solicitarán la aplicación del mismo criterio para sus casos. Si eso ocurre, se estaría consolidando un efecto dominó de impunidad, donde las campañas financiadas ilegalmente pasarían a ser simples “errores administrativos”.
El constitucionalista Carlos Torres Caro lo calificó con una palabra precisa: “legicidio”. La muerte del sentido de justicia en manos de los propios guardianes de la ley. Y tiene razón. Porque cuando el TC sostiene que en 2011 o 2016 no existía delito aplicable, desconoce que el lavado de activos existe en el Perú desde 1991, ampliado en 2012 para incluir fondos de cualquier procedencia ilícita.
Un país sin horizonte moral
La decisión no solo libera a una persona; libera un sistema político enfermo de corrupción y cinismo. Lo que el país presencia hoy es un premio a la impunidad, una señal de que la corrupción, cuando tiene poder, siempre encuentra su salvación en la alta jurisprudencia.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con rabia y resignación cómo las instituciones que deberían proteger la Constitución la manosean para blindar intereses. En el Perú de hoy, la ley no es la misma para todos; es una escalera para unos y una trampa para otros.
El fallo del TC a favor de Keiko Fujimori no solo marca un retroceso jurídico, sino un punto de inflexión moral. Es la confirmación de que la corrupción ha ganado un amparo constitucional.
Y eso, en cualquier democracia, se llama desgracia nacional.
