En el Perú la tragedia se repite como un eco: los ciudadanos no protestan por privilegios ni por caprichos, sino por lo elemental, lo que en otros países constituye la función primaria de cualquier gobierno que merezca llamarse tal: seguridad, justicia, salud, educación, futuro.
Hoy, transportistas y jóvenes de la llamada generación Z se ven empujados a las calles por la indignación que les produce la ineficacia del Estado. La delincuencia se ha vuelto omnipresente: extorsiones, asaltos, amenazas. Los pequeños empresarios, choferes y comerciantes trabajan con miedo, pagando cupos o blindando sus negocios de manera artesanal ante la ausencia de una estrategia real contra el crimen organizado. Y los jóvenes, que deberían concentrarse en estudiar, trabajar y soñar con construir su vida, se encuentran atrapados en un país donde las instituciones públicas parecen condenadas a la inercia.
La presidenta Dina Boluarte, en un tono paternalista, pidió hoy a los transportistas que depongan el paro, asegurando que en 24 o 48 horas no se va a solucionar el problema de la inseguridad. El argumento es correcto en lo literal, pero falso en lo esencial. El punto no es que los paros solucionen la inseguridad: el punto es que el gobierno, el Congreso, la Policía y el Poder Judicial no ofrecen una ruta creíble para enfrentarla. La protesta surge como último recurso, porque las autoridades no muestran resultados tangibles ni liderazgo suficiente para devolver confianza.
Lo más grave es que, en vez de encarar la magnitud del colapso institucional, se apela a llamados al “diálogo sincero”, mientras se evalúa instalar cámaras o declarar estados de emergencia que, en la práctica, han demostrado ser medidas cosméticas. Los transportistas no protestan por tecnología, protestan porque los están matando en las calles, porque trabajan bajo amenaza, porque sienten que el Estado ya no existe para ellos.
En paralelo, la generación Z, marcada por la precariedad laboral y educativa, observa con desencanto un país sin horizonte. No se trata solo de la inseguridad; es la desatención de los hospitales, las universidades públicas colapsadas, los colegios sin recursos, la falta de empleo digno. Para muchos jóvenes, la pregunta no es cómo prosperar en el Perú, sino cómo sobrevivir o cómo emigrar.
Protestar, entonces, no es un lujo ni un gesto político; es un acto de defensa ante la ausencia total de certezas. Y esa es la tragedia: que la ciudadanía tenga que arriesgarse en las calles para exigir que el Estado cumpla con lo mínimo.
En sociedades más organizadas, la seguridad ciudadana es una prioridad gubernamental. Aquí, en cambio, es un botín para discursos sin resultados, un terreno fértil para la demagogia y la improvisación. La consecuencia es obvia: transportistas, jóvenes y pequeños empresarios ya no confían en un liderazgo político incapaz de protegerlos.
La protesta revela la herida: el Perú está fracturado no solo por la violencia criminal, sino por la violencia de la indiferencia estatal. Y mientras el gobierno pide paciencia y diálogo, el reloj corre en contra de la gente que cada día enfrenta el miedo de salir a trabajar, de volver a casa, de simplemente existir.
