En medio de una clase política acostumbrada a disputarse espacios de poder, resulta interesante escuchar a jóvenes dirigentes que intentan poner sobre la mesa propuestas de fondo. Enrique Valderrama, del APRA, ha señalado una de las grandes debilidades del Gobierno de Keiko Fujimori: la ausencia de una estrategia integral contra la criminalidad y la postergación de una verdadera reforma policial.
Hay algo que llama la atención en la política peruana: los espacios de debate público parecen estar reservados, casi siempre, para los mismos personajes, los representantes de los grupos tradicionales de poder y aquellos dirigentes que cuentan con el respaldo de grandes estructuras económicas y políticas.
Por eso resulta interesante escuchar otras voces. No necesariamente porque compartamos todas sus posiciones ideológicas o partidarias, sino porque la democracia necesita nuevos liderazgos, dirigentes capaces de plantear ideas, formular críticas y proponer soluciones a los problemas nacionales.
Enrique Valderrama, joven dirigente aprista y excandidato presidencial, ha puesto sobre la mesa una discusión que merece mayor atención: la necesidad de una reforma integral de la Policía Nacional como punto de partida para enfrentar la creciente criminalidad que golpea al país.
Sus declaraciones sobre los primeros cien días del Gobierno de Keiko Fujimori contienen una crítica que va más allá de una simple evaluación política. Valderrama cuestiona el enfoque inicial del Ejecutivo, que pretendió colocar a las Fuerzas Armadas como protagonistas de la lucha contra la inseguridad ciudadana, relegando a un segundo plano a la institución que constitucional y funcionalmente tiene la responsabilidad principal de prevenir e investigar los delitos: la Policía Nacional.
Y en este punto coincidimos con la preocupación expresada por el dirigente aprista.
El error de confundir seguridad nacional con seguridad ciudadana
El Perú enfrenta una crisis de seguridad que no admite improvisaciones. La extorsión, el sicariato, el asesinato por encargo, el cobro de cupos, el tráfico de terrenos y las organizaciones dedicadas a la minería ilegal han extendido sus tentáculos sobre diferentes regiones del país.
Frente a esta realidad, el Gobierno parece haber apostado inicialmente por una respuesta de fuerte contenido militar, como si el despliegue de soldados en las calles fuera suficiente para desarticular organizaciones criminales que operan mediante redes de inteligencia, corrupción, financiamiento y control territorial.
Las Fuerzas Armadas tienen una función constitucional y pueden intervenir en determinados supuestos y bajo las condiciones legales correspondientes. Sin embargo, no pueden reemplazar permanentemente a la Policía en las tareas de investigación criminal, inteligencia policial, identificación de organizaciones delictivas y prevención del delito.
La criminalidad organizada no se derrota únicamente con más patrulleros, soldados o declaraciones de emergencia. Se necesita inteligencia, investigación financiera, tecnología, coordinación entre instituciones y, sobre todo, una Policía profesional, equipada, bien remunerada y libre de corrupción.
La reforma policial: una deuda histórica del Estado
Aquí se encuentra uno de los aspectos más importantes del planteamiento de Valderrama.
El país necesita una reforma policial que no se limite a cambiar ministros, comandantes generales o jefes de regiones policiales. Necesitamos revisar la estructura institucional, los sistemas de formación, los mecanismos de ascenso, los procedimientos disciplinarios, la distribución territorial de los efectivos y los sistemas de inteligencia.
También necesitamos una política de depuración institucional que identifique y sancione a los malos elementos que utilizan el uniforme para proteger actividades delictivas o enriquecerse mediante la corrupción.
No podemos exigirle resultados a una institución sin revisar previamente sus condiciones de funcionamiento. Pero tampoco podemos seguir justificando sus deficiencias.
La reforma debe establecer mecanismos efectivos de control, evaluación permanente del desempeño y protección para aquellos policías que cumplen honestamente su función.
El problema no es solamente presupuestal. También es de organización, conducción política y capacidad de gestión.
Por eso resulta razonable preguntarse si el Ministerio del Interior está siendo conducido con el conocimiento especializado y la orientación estratégica que esta crisis demanda.
Pataz y la minería ilegal: el Estado no puede seguir llegando tarde
Otro aspecto relevante de las declaraciones de Valderrama es su referencia a la minería ilegal y la situación de Pataz.
Lo que ocurre en esta provincia de La Libertad demuestra que la criminalidad organizada no puede enfrentarse con operativos aislados ni con intervenciones espectaculares que desaparecen después de algunos días.
Detrás de la minería ilegal existen circuitos económicos, redes de comercialización, financiamiento, transporte, protección política y, en determinados casos, complicidades dentro de las propias instituciones del Estado.
No basta con detener a los trabajadores que se encuentran en los socavones. Hay que identificar a quienes financian las operaciones, comercializan el mineral, compran la producción ilegal y protegen estas actividades desde posiciones de poder.
Valderrama plantea una distinción que consideramos importante: el Estado debe ofrecer una vía realista de formalización al pequeño minero que desea trabajar dentro de la legalidad, pero debe actuar con toda la fuerza de la ley contra las organizaciones criminales que utilizan la actividad minera como instrumento de enriquecimiento ilícito y violencia.
No se puede confundir al pequeño productor que busca formalizarse con las estructuras criminales que controlan territorios, financian armas y someten a poblaciones enteras.
La formalización no puede ser una amnistía permanente para la ilegalidad, pero tampoco puede convertirse en una trampa burocrática que empuje a los pequeños productores hacia las economías clandestinas.
La corrupción institucional es parte del problema
Hay otro asunto que no podemos dejar de mencionar: la penetración de las organizaciones criminales en las instituciones públicas.
¿De qué sirve desplegar policías y militares si algunos malos funcionarios terminan informando a las organizaciones delictivas sobre los operativos? ¿De qué sirve capturar a un cabecilla si existen redes de protección que permiten que sus negocios continúen funcionando?
La lucha contra la criminalidad debe alcanzar también a los funcionarios corruptos, sean policías, fiscales, jueces, militares o trabajadores del sistema penitenciario.
La propuesta de aplicar sanciones severas, incluso cadena perpetua en los casos más graves, debe discutirse con rigor jurídico, respetando los principios de proporcionalidad y responsabilidad penal. Pero hay algo que no admite discusión: quien utiliza su función pública para favorecer organizaciones criminales traiciona al Estado y a la ciudadanía.
La corrupción institucional no es un problema secundario de la inseguridad. Es uno de sus principales mecanismos de reproducción.
El Gobierno debe dejar de administrar la crisis
Después de cien días de gestión, el Gobierno de Keiko Fujimori tiene la obligación de mostrar resultados y explicar cuál es su estrategia para recuperar la seguridad ciudadana.
No basta con presentar balances, anunciar operativos o endurecer las declaraciones contra la delincuencia. La población necesita saber qué se está haciendo, cuáles son las metas, qué instituciones son responsables y cómo se medirá el cumplimiento de los objetivos.
También preocupa que las prioridades presupuestales no reflejen necesariamente la urgencia de la crisis. La seguridad ciudadana requiere recursos, pero estos deben traducirse en capacidades operativas, investigación criminal, inteligencia, equipamiento, prevención y fortalecimiento institucional.
Un presupuesto más elevado para Defensa no significa automáticamente mayor seguridad para los ciudadanos. La asignación de recursos debe responder a una estrategia coherente y no solamente a una narrativa política.
El Gobierno tiene que entender que la inseguridad no es un problema de imagen presidencial. Es una emergencia nacional que afecta la economía, destruye pequeños negocios, paraliza inversiones, amenaza a trabajadores y convierte la vida cotidiana de millones de peruanos en una experiencia de temor.
Nuevas voces para una política agotada
Finalmente, queremos rescatar otro aspecto de esta discusión.
Enrique Valderrama pertenece a una generación de dirigentes que necesita encontrar mayores espacios en la política nacional. No porque la juventud garantice automáticamente capacidad o honestidad, sino porque el país requiere renovar sus cuadros políticos, incorporar nuevas perspectivas y romper con la concentración del debate en los mismos grupos de siempre.
Nos interesa escuchar propuestas, incluso cuando provienen de organizaciones políticas con las que podemos tener diferencias. La política democrática no consiste en descalificar al mensajero, sino en examinar la consistencia de sus planteamientos.
El APRA, como organización histórica de la política peruana, tiene también el desafío de demostrar que puede producir una nueva generación de dirigentes, capaz de superar las viejas prácticas partidarias y contribuir a una discusión seria sobre el futuro del país.
Desde Mudo Social consideramos que el debate planteado por Valderrama merece ser ampliado. El Perú no necesita más discursos de mano dura que terminan convirtiéndose en propaganda gubernamental. Necesita un Estado que funcione, una Policía que investigue, una justicia que sancione y un sistema penitenciario que no sea una extensión de las organizaciones criminales.
La seguridad ciudadana no se recuperará con promesas ni con soldados patrullando indefinidamente las calles. Se recuperará cuando el Estado sea capaz de investigar, prevenir, perseguir y sancionar el delito, sin corrupción ni privilegios.
La gran reforma pendiente del Perú no es solamente policial: es la reforma de un Estado que ha perdido capacidad para proteger a sus ciudadanos. Y esa responsabilidad comienza en el Gobierno.
