En el Perú, la política se ha degradado hasta volverse irreconocible. Los ministros, que alguna vez fueron vistos como funcionarios con cierta autoridad moral y respeto por la opinión pública, hoy se mantienen en sus cargos a pesar de errores graves, arbitrariedades y actitudes contrarias al propio Estado de derecho. No solo permanecen intocables: se han vuelto impermeables a las críticas ciudadanas, como si gobernar fuera un privilegio blindado y no un servicio al país.
El reciente relevo en el Ministerio de Justicia lo confirma. Juan José Santiváñez renunció no por un cuestionamiento ético, sino para perseguir su propia candidatura en las elecciones de 2026. Su reemplazo, Juan Manuel Cavero Solano, fue designado sin mediar un proceso de consenso ni preocupación por la legitimidad frente a la ciudadanía. La ceremonia de juramentación en Palacio de Gobierno transcurrió como una formalidad burocrática, sin reconocer el trasfondo de una crisis institucional que se agrava con cada nombramiento.
Lo más preocupante es la normalización. Cada semana, cambios ministeriales, renuncias por cálculos políticos y designaciones controvertidas se aceptan como si fueran parte del paisaje. No hay explicaciones claras, no hay autocrítica, no hay reconocimiento del deterioro. Lo que antes habría significado un escándalo hoy apenas genera un murmullo de indignación, rápidamente silenciado por la costumbre.
Este proceso refleja la baja calidad democrática de nuestras autoridades. No se trata solo de la figura presidencial: es un deterioro extendido en el comportamiento público de los funcionarios. La falta de ética mínima, el desprecio a la opinión pública y la insistencia en colocar en cargos de alta responsabilidad a personas cuestionadas —o simplemente sin la idoneidad necesaria— constituye una falta de respeto hacia la ciudadanía.
Aceptar este camino como válido es peligroso. Significa acostumbrarse a un país donde los errores no tienen consecuencias, donde los ministros pueden ser cuestionados por corrupción y, aun así, dirigir carteras clave; donde la política ya no se mide por la capacidad de servir al país, sino por la habilidad de resistir escándalos y permanecer en el cargo.
El relevo en Justicia es apenas un síntoma. El verdadero problema es estructural: un gobierno que, en lugar de fortalecer instituciones, las convierte en refugios para intereses personales y cálculos electorales. Y un Congreso que, lejos de fiscalizar con rigor, se acomoda a esta dinámica de deterioro.
La ciudadanía no debería resignarse. No es posible normalizar la degradación de la política. No es legítimo que el Estado insista en designaciones contrarias a la opinión pública ni que los gobernantes ignoren la necesidad de recuperar mínimos de ética, respeto y decencia.
El Perú no puede seguir avanzando por este sendero de degradación. Porque cuando los estándares desaparecen en la política, lo que se erosiona no es solo la confianza: lo que se pone en riesgo es la democracia misma.
