Los primeros cien días del gobierno de Keiko Fujimori abren un debate necesario: ¿qué significa realmente recuperar la autoridad presidencial en un país donde la cultura democrática todavía tiene profundas debilidades?
MUDO SOCIAL
El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, ha señalado que uno de los principales logros de los primeros cien días del gobierno de Keiko Fujimori ha sido la reconstitución de la figura presidencial. Según sus declaraciones, el país vuelve a tener una presidenta visible, que recorre el territorio nacional, conduce un gabinete presente y proyecta una imagen de autoridad institucional.
La afirmación merece una reflexión. No porque carezca de importancia recuperar la institucionalidad presidencial, sino porque debemos preguntarnos qué entendemos por autoridad, qué clase de liderazgo necesita el Perú y, sobre todo, qué diferencia existe entre fortalecer la Presidencia de la República y construir una imagen de poder que termine deslizándose hacia el autoritarismo.
Los primeros cien días de gobierno se han convertido en una suerte de ceremonia política. Se presenta un balance, se enumeran actividades, se destacan reuniones, viajes, anuncios y decisiones. Pero no siempre se examina lo esencial: si el gobierno está comenzando a resolver los problemas que afectan cotidianamente a los ciudadanos.
Y en el Perú los problemas son demasiado grandes como para conformarnos con una fotografía presidencial más visible o con un gabinete que ahora aparece con mayor frecuencia en los medios de comunicación.
Una democracia que todavía no aprende a convivir con sus diferencias
Nuestro país tiene una debilidad histórica: una cultura democrática insuficientemente desarrollada. No hemos terminado de comprender que las elecciones son un mecanismo para resolver nuestras diferencias políticas, no una autorización para convertir al adversario en enemigo.
Cuando un candidato pierde, muchas veces se niega a reconocer el resultado. Aparecen las denuncias de fraude, las sospechas, las acusaciones y las campañas destinadas a deslegitimar al ganador. Y cuando efectivamente se producen irregularidades electorales, la reiteración irresponsable de denuncias sin sustento termina debilitando la credibilidad de cualquier cuestionamiento, incluso cuando existen razones y pruebas que deberían ser investigadas.
Pero el problema no termina allí.
Cuando un sector político llega al gobierno, sus adversarios parecen asumir que su principal responsabilidad es impedirle gobernar. Se cuestiona todo, se descalifica cada decisión y se busca deteriorar la imagen presidencial, muchas veces sin distinguir entre los errores que deben corregirse y las medidas que podrían ser positivas para el país.
La oposición democrática no consiste en llevarle la contraria al gobierno en cada asunto. Consiste en fiscalizar, cuestionar lo que está mal y, al mismo tiempo, presentar propuestas mejores.
Un país no puede avanzar si cada cambio de gobierno significa comenzar una nueva guerra política.
La autoridad presidencial no es sinónimo de mano dura
Es necesario aclarar algo: recuperar la figura presidencial no significa presentar a la presidenta con una imagen de dureza, como si la autoridad dependiera de una expresión severa, de una actitud militarizada o de la capacidad de infundir temor.
La autoridad democrática no se impone mediante el miedo. Se construye.
Se construye cuando la población percibe que quien gobierna comprende sus necesidades, escucha sus reclamos, cumple sus compromisos y tiene capacidad para tomar decisiones.
El respeto no nace de la intimidación. Nace de la confianza.
La legitimidad de una presidenta no depende de cuántas veces aparezca en televisión, de cuántos viajes realice o de cuán enérgicos sean sus discursos. Depende de la calidad de sus decisiones, de la transparencia de su gestión y de su capacidad para responder a las expectativas ciudadanas.
Una presidenta que resuelve problemas fortalece la institución presidencial mucho más que una presidenta que solamente proyecta una imagen de autoridad.
La inseguridad: el verdadero examen del Gobierno
El propio ministro Sheput reconoce que la inseguridad ciudadana es una lucha de largo aliento. Tiene razón en que no se trata de un problema que pueda desaparecer de la noche a la mañana. Sin embargo, la ciudadanía tampoco puede recibir indefinidamente explicaciones sobre la complejidad del problema.
Los peruanos necesitan resultados, pero también necesitan saber que existe una estrategia.
La lucha contra la delincuencia requiere inteligencia policial, investigación criminal, coordinación entre instituciones, recursos, tecnología, recuperación de los espacios públicos y un sistema de justicia que funcione. No basta con anunciar operativos ni multiplicar las declaraciones de mano dura.
El Gobierno debe demostrar que tiene organización, capacidad operativa y una política sostenida para enfrentar a las organizaciones criminales.
Aquí la presidenta tiene una oportunidad decisiva: construir autoridad a partir de resultados verificables. Que los ciudadanos puedan salir a trabajar, abrir sus negocios, utilizar el transporte público y regresar a sus hogares sin vivir bajo la amenaza permanente de la extorsión, el robo o el asesinato.
En este objetivo, el Gobierno puede contar con el respaldo de una amplia mayoría nacional. La seguridad no debería ser una bandera exclusiva del oficialismo ni una herramienta para atacar a la oposición. Es una responsabilidad del Estado.
El fenómeno El Niño y la economía también necesitan liderazgo
Los otros dos pilares mencionados por el ministro Sheput son igualmente importantes: la prevención frente al fenómeno El Niño y el ordenamiento económico.
En materia de prevención, no podemos repetir la historia de siempre: advertencias, anuncios, presupuestos, declaraciones de emergencia y, finalmente, poblaciones inundadas, carreteras destruidas, agricultores perjudicados y familias que pierden sus viviendas.
La prevención se demuestra antes de que llegue la emergencia. Se demuestra con obras oportunas, infraestructura adecuada, mantenimiento, planificación territorial y capacidad de respuesta.
En cuanto a la economía, el país necesita recuperar el dinamismo productivo, generar empleo, atraer inversiones y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas. No basta con presentar indicadores macroeconómicos favorables si una parte importante de la población continúa enfrentando precariedad laboral, falta de oportunidades y dificultades para sostener sus negocios.
El crecimiento económico tiene que sentirse en los hogares.
Cuidado con los nuevos fantasmas del autoritarismo
Hay una preocupación adicional que no debería quedar fuera de este debate.
En sociedades con instituciones débiles, la promesa de orden y autoridad puede convertirse en el argumento para justificar excesos. Se comienza hablando de recuperar el principio de autoridad y se puede terminar cuestionando derechos, debilitando controles institucionales o presentando las libertades ciudadanas como obstáculos para gobernar.
La lucha contra la delincuencia no puede convertirse en una autorización para desconocer derechos fundamentales. La seguridad y la libertad no son objetivos incompatibles. Un Estado democrático tiene la obligación de proteger ambas.
Tampoco podemos permitir que se utilice el combate contra la inseguridad para perseguir adversarios políticos, silenciar cuestionamientos o descalificar a quienes fiscalizan al poder.
La autoridad presidencial debe estar sometida a la Constitución, al control democrático y a la rendición de cuentas. Precisamente allí reside su legitimidad.
No necesitamos una Presidencia que inspire temor. Necesitamos una Presidencia que inspire confianza.
La oposición también tiene una responsabilidad democrática
Este debate no compromete únicamente al Gobierno. También interpela a los partidos políticos, a los congresistas, a los medios de comunicación y a quienes ejercen oposición.
Es perfectamente legítimo cuestionar a Keiko Fujimori, criticar sus decisiones, recordar los antecedentes políticos de su organización y exigir explicaciones. Ninguna autoridad está por encima de la fiscalización ciudadana.
Pero una oposición que solamente busca degradar la imagen presidencial termina reproduciendo los mismos vicios que critica.
La política debe elevar la calidad del debate público. Si el Gobierno presenta una medida equivocada, la oposición debe presentar una alternativa superior. Si el Ejecutivo no tiene una respuesta adecuada frente a la inseguridad, los adversarios políticos deberían poner sobre la mesa propuestas concretas, viables y mejor organizadas.
Gobernar no es patrimonio de un partido. Y hacer oposición tampoco debería ser una actividad dedicada exclusivamente a destruir al que gobierna.
La verdadera reconstrucción de la figura presidencial
Los primeros cien días pueden servir para establecer prioridades, corregir errores, mostrar capacidad de gestión y construir una relación de confianza con la ciudadanía. Pero no son una certificación de éxito ni una autorización para reclamar reconocimiento anticipado.
La reconstrucción de la figura presidencial no se mide por la presencia física de la mandataria ni por la visibilidad de sus ministros. Se mide por la capacidad del Estado para responder a las necesidades nacionales.
Si el Gobierno consigue reducir la inseguridad, anticiparse a los efectos del fenómeno El Niño, dinamizar la economía, generar empleo y mejorar las condiciones de vida de la población, estará fortaleciendo verdaderamente la institución presidencial.
Si, por el contrario, confunde autoridad con imposición, orden con intimidación y liderazgo con concentración de poder, habrá cambiado la imagen, pero no habrá resuelto el problema de fondo.
El Perú necesita instituciones fuertes, no gobernantes que pretendan estar por encima de ellas. Necesita una presidenta respetada, pero también fiscalizada; una oposición firme, pero responsable; y ciudadanos capaces de exigir resultados sin renunciar a sus derechos.
La autoridad no se impone: se gana. Y la Presidencia de la República no se fortalece haciendo que el pueblo le tenga miedo al poder, sino demostrando que el poder está al servicio del pueblo.
