La reciente decisión del Tribunal Constitucional de restablecer la prohibición para que el Congreso apruebe leyes con iniciativa de gasto constituye, sin duda, una buena noticia para la salud de las finanzas públicas del Perú. Se trata de una rectificación que devuelve al país un principio elemental de responsabilidad fiscal: quien administra el presupuesto del Estado debe ser también quien asuma la responsabilidad de su equilibrio.
La Constitución fue clara desde su origen. El artículo 79 establece que los congresistas no tienen iniciativa para crear ni aumentar gasto público, salvo en aquello referido al presupuesto del propio Congreso. No se trata de un capricho jurídico, sino de una regla diseñada para evitar que el Parlamento, presionado por intereses sectoriales o por cálculos electorales, comprometa recursos que después el Poder Ejecutivo no pueda financiar.
Sin embargo, el propio Tribunal Constitucional abrió esa puerta en 2022 mediante una interpretación que permitió al Congreso impulsar normas con un enorme impacto económico. En la práctica, el Parlamento comenzó a comportarse como un Ejecutivo paralelo: aprobaba incrementos de pensiones, beneficios laborales, exoneraciones tributarias y nuevas obligaciones para el Estado sin asumir la responsabilidad de encontrar los recursos para financiarlas.
Las consecuencias no tardaron en aparecer.
Diversos informes del Consejo Fiscal advirtieron que decenas de leyes aprobadas durante este período comprometían más de cien mil millones de soles en obligaciones futuras. Muchas respondían a demandas legítimas de determinados sectores sociales; el problema nunca fue el objetivo, sino la ausencia de financiamiento y de una evaluación integral de sus efectos sobre el presupuesto nacional.
Un Estado puede gastar más cuando su economía lo permite, cuando existe crecimiento sostenido y cuando ese gasto está respaldado por ingresos permanentes. Lo que no puede hacer es legislar como si los recursos públicos fueran ilimitados.
En ese contexto, la decisión del Tribunal Constitucional de corregir su propia jurisprudencia fortalece la estabilidad económica y devuelve coherencia al diseño constitucional. Sin disciplina fiscal no existe política social sostenible. Tampoco existe estabilidad monetaria, confianza de los inversionistas ni capacidad para responder a futuras crisis.
Pero esta rectificación también deja una pregunta incómoda.
¿Por qué el Tribunal Constitucional sostuvo una interpretación durante varios años y ahora adopta exactamente la contraria?
Los tribunales constitucionales tienen el derecho de revisar sus criterios cuando existen mejores argumentos jurídicos o cuando la evolución del derecho así lo exige. Lo que no puede ocurrir es que esos cambios generen la percepción de responder a la coyuntura política o a la correlación de fuerzas entre los poderes del Estado.
Las constituciones deben interpretarse con criterios jurídicos estables, no según quién tenga mayoría parlamentaria o quién ocupe el Palacio de Gobierno.
La fortaleza de un Tribunal Constitucional descansa precisamente en su independencia y en la previsibilidad de sus decisiones. Cuando la ciudadanía percibe que una misma norma constitucional admite interpretaciones opuestas dependiendo del contexto político, se erosiona la confianza en el máximo intérprete de la Constitución.
La crítica, por tanto, no debe dirigirse únicamente al Congreso, que aprovechó las facultades que el propio Tribunal le había reconocido, sino también a la necesidad de que nuestras instituciones actúen con mayor consistencia y seguridad jurídica.
La responsabilidad política de las leyes aprobadas corresponde a quienes las impulsaron y votaron. Pero la responsabilidad institucional de haber permitido ese escenario también debe ser materia de reflexión.
El Perú necesita instituciones que sean predecibles. La seguridad jurídica constituye uno de los pilares de cualquier democracia moderna. Los inversionistas, los ciudadanos y los propios poderes públicos deben saber que las reglas constitucionales no cambiarán según las circunstancias políticas del momento.
La reciente decisión del Tribunal Constitucional contribuye a proteger las finanzas públicas y evita que el próximo Congreso bicameral continúe aprobando obligaciones sin respaldo presupuestal. Ese aspecto merece ser reconocido.
Sin embargo, la mejor enseñanza que deja este episodio es otra: las instituciones constitucionales no solo deben tomar decisiones correctas; también deben demostrar que esas decisiones obedecen exclusivamente al derecho y no a las conveniencias del momento.
La disciplina fiscal protege la economía del país. La coherencia institucional protege la democracia. El Perú necesita ambas por igual.
