Toda democracia necesita una oposición. No como un simple contrapeso electoral, sino como una institución política indispensable para preservar el equilibrio del poder. La oposición no existe para derribar gobiernos elegidos democráticamente, sino para vigilarlos, fiscalizarlos, controlar sus excesos y proponer alternativas cuando las políticas públicas resultan equivocadas.
Ese mandato no solo está contenido en el espíritu de la Constitución. Forma parte de la cultura democrática de las sociedades que han aprendido que ningún gobierno debe actuar sin controles, pero tampoco debe ser víctima de una estrategia permanente de desestabilización.
Existe una diferencia sustancial entre ejercer una oposición firme y practicar una oposición destructiva.
La primera fiscaliza, denuncia la corrupción, exige transparencia, corrige errores y presenta propuestas. La segunda convierte la caída del gobierno en un objetivo político permanente. Deja de discutir políticas públicas para concentrarse exclusivamente en impedir que el Ejecutivo pueda gobernar.
El Perú ha conocido ese tipo de oposición.
Durante el gobierno de Pedro Castillo, diversos sectores políticos, especialmente Fuerza Popular y sus aliados, hicieron de la confrontación permanente una estrategia política. Muchas críticas al gobierno estaban justificadas por la improvisación, la corrupción y la incapacidad que caracterizaron esa gestión. Sin embargo, en no pocas ocasiones el enfrentamiento dejó de responder al interés nacional para convertirse en una lógica de bloqueo institucional.
El resultado fue un país atrapado en una crisis política permanente. Ejecutivo y Congreso dejaron de verse como poderes llamados a controlarse mutuamente para convertirse en enemigos irreconciliables. Esa confrontación debilitó la economía, profundizó la desconfianza ciudadana y terminó afectando la estabilidad democrática.
Hoy el escenario político ha cambiado.
Con el inicio del gobierno de Keiko Fujimori, corresponde a las fuerzas que antes fueron oficialistas asumir el papel de oposición. La gran pregunta es si repetirán exactamente el mismo comportamiento que durante años criticaron o si demostrarán que es posible ejercer una oposición diferente.
La respuesta debería ser clara.
El Perú no necesita una oposición que busque sabotear cada decisión del Ejecutivo ni que convierta cada conflicto en una oportunidad para promover la caída del gobierno. Tampoco necesita una oposición que renuncie a fiscalizar por cálculo político.
Lo que el país requiere es una oposición responsable, madura y programática.
Una oposición que controle el uso de los recursos públicos, denuncie los actos de corrupción cuando existan, exija el cumplimiento de los derechos fundamentales y obligue al gobierno a mejorar sus decisiones. Pero también una oposición capaz de respaldar aquellas políticas que beneficien al país, independientemente de quién las impulse.
La democracia no consiste en oponerse por sistema. Consiste en actuar con responsabilidad frente al interés nacional.
Las recientes protestas, el retiro de algunas bancadas del Congreso durante el mensaje presidencial y las movilizaciones de familiares de las víctimas de las protestas de 2022 y 2023 expresan demandas que merecen ser escuchadas. En una democracia, la protesta pacífica constituye un derecho legítimo y las exigencias de verdad y justicia no deben confundirse con una estrategia de desestabilización. Al mismo tiempo, corresponde a las fuerzas políticas canalizar esas demandas dentro del marco institucional y evitar que la confrontación permanente sustituya al debate democrático.
Las democracias sólidas se construyen cuando tanto el gobierno como la oposición comprenden que representan al mismo país, aunque propongan caminos distintos.
Quien gobierna debe hacerlo con apertura al diálogo, transparencia y respeto por las instituciones. Quien ejerce la oposición debe hacerlo con firmeza, pero también con responsabilidad. La fiscalización no puede confundirse con el obstruccionismo, del mismo modo que la gobernabilidad no puede utilizarse como excusa para evitar el control democrático.
El Perú ya pagó un alto precio por la política de la confrontación permanente. Esa experiencia debería servir como una lección para todos los actores políticos.
Si el nuevo gobierno pretende imponer una mayoría sin escuchar a la sociedad, encontrará una oposición legítima. Pero si la oposición convierte el bloqueo en su única estrategia, volveremos a recorrer el mismo camino que condujo al país a una de las etapas de mayor inestabilidad política de su historia reciente.
La democracia necesita gobiernos responsables, pero también oposiciones responsables. Sin ambas, el sistema democrático pierde su equilibrio y quienes terminan pagando las consecuencias son, una vez más, los ciudadanos.
