El inicio de un nuevo período legislativo debería transmitir confianza, transparencia y respeto por la voluntad popular. Lamentablemente, los cuestionamientos surgidos en torno a la elección de la Mesa Directiva del Senado han sembrado dudas que el propio Congreso tiene la obligación de esclarecer.
Más allá de quién haya resultado elegido, lo verdaderamente preocupante es que hayan reaparecido sospechas sobre prácticas que el Perú creyó haber dejado atrás. Las denuncias de presunto transfuguismo, de posibles quiebres de acuerdos políticos y de eventuales cambios de voto inexplicables evocan una de las etapas más oscuras de nuestra historia republicana: los años noventa, cuando la manipulación de mayorías parlamentarias y la compra de voluntades terminaron por deteriorar gravemente la legitimidad de las instituciones democráticas.
La democracia no solo exige que las votaciones sean legales. También demanda que sean éticamente incuestionables.
Si un representante modifica su voto por convicción política, debe explicarlo públicamente a quienes lo eligieron. Pero si existieran incentivos indebidos, presiones o negociaciones ocultas para alterar la voluntad expresada en las urnas, estaríamos frente a una conducta que vulnera el mandato de representación ciudadana y socava la confianza en el Parlamento.
El transfuguismo, cuando responde únicamente a intereses personales y no a razones programáticas o ideológicas, constituye una de las principales causas del deterioro de los sistemas políticos. Desnaturaliza la representación popular, distorsiona las mayorías parlamentarias y convierte el voto ciudadano en una mercancía política.
Por ello, toda denuncia de esta naturaleza debe ser investigada con absoluta transparencia y sin excepciones. No basta con negar los hechos ni con atribuirlos a errores de procedimiento. Corresponde que las instancias competentes esclarezcan lo ocurrido y determinen si existieron o no irregularidades.
El Congreso tiene una enorme responsabilidad. No puede comenzar una nueva etapa bajo la sombra de la sospecha. La legitimidad de sus decisiones depende tanto del respeto a las normas como de la confianza pública en la limpieza de sus procedimientos.
También corresponde a los propios partidos políticos asumir su responsabilidad. La disciplina partidaria no puede imponerse por encima de la conciencia individual de un parlamentario, pero tampoco puede aceptarse que las bancadas se conviertan en espacios donde la voluntad popular sea alterada por intereses ajenos al mandato ciudadano.
La ciudadanía tiene memoria.
El Perú conoce las consecuencias que tuvieron las viejas prácticas de manipulación política, los llamados «tránsfugas», el intercambio de favores y la compra de apoyos parlamentarios. Aquellos episodios no solo dañaron al Congreso; debilitaron la democracia y profundizaron el descrédito de toda la clase política.
Precisamente por esa experiencia, cualquier indicio de que esas prácticas puedan reaparecer debe encender las alertas institucionales.
El nuevo Congreso tiene la oportunidad de demostrar que aprendió las lecciones del pasado. Para ello debe actuar con transparencia, investigar cualquier denuncia y, de comprobarse conductas incompatibles con la ética pública, aplicar las sanciones políticas y disciplinarias que correspondan.
No se trata de defender a una bancada o de atacar a otra. Se trata de proteger el valor más importante de toda democracia: la confianza de los ciudadanos en que sus representantes actúan de acuerdo con el mandato recibido y no en función de intereses ocultos.
Las democracias no se deterioran únicamente por los grandes golpes contra las instituciones. También se erosionan cuando pequeñas prácticas indebidas comienzan a normalizarse.
Por eso, este episodio no debe pasar inadvertido. Si el Perú desea construir un Congreso respetado y creíble, debe cerrar definitivamente la puerta al transfuguismo oportunista, a cualquier forma de compra de voluntades y a toda práctica que convierta la representación popular en objeto de negociación.
La política recuperará legitimidad cuando el voto de un parlamentario responda exclusivamente a su conciencia, a su programa y, sobre todo, al compromiso asumido con los ciudadanos que lo eligieron.
