Cuando la política convierte una discusión técnica en una disputa electoral
La controversia desatada entre el ministro de Transportes, Rafael Rey, y el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga por los trenes procedentes de California ha puesto nuevamente sobre la mesa una pregunta que Lima necesita responder con absoluta claridad: ¿qué recibió realmente la Municipalidad de Lima y cuánto le está costando a los ciudadanos?
López Aliaga sostiene que los trenes fueron donados por Caltrain y acusa al ministro Rey de estar generando un “problema gravísimo” con Estados Unidos al desconocer el carácter de donación de la operación. Rey, por su parte, afirma que no se trató de una donación, sino de una adquisición municipal por la que existieron pagos.
Pero hay algo que debería estar por encima de las declaraciones políticas: los documentos oficiales.
Y esos documentos contienen un dato que no puede ser ignorado.
En abril de 2025, el Concejo Metropolitano de Lima aprobó oficialmente un acuerdo mediante el cual aceptó en calidad de donación 93 vagones, 20 locomotoras y los repuestos disponibles de Caltrain. El acuerdo publicado en El Peruano incluso valorizó los bienes en S/ 822,8 millones.
Por tanto, si hoy se afirma que aquello no fue una donación sino una compra, corresponde mostrar públicamente el contrato, las órdenes de compra, los comprobantes de pago y todos los documentos que sustenten esa afirmación.
Porque no estamos hablando de una discusión semántica.
Estamos hablando de patrimonio público.
El problema no termina en saber si fueron donados
También sería equivocado presentar la operación como si a Lima simplemente le hubieran entregado gratuitamente una flota ferroviaria.
Una donación puede generar obligaciones y costos para quien la recibe. El propio acuerdo municipal estableció que Lima debía cumplir determinadas obligaciones como donataria y encargó a sus oficinas de planificación, finanzas y administración ejecutar las acciones correspondientes.
Además, los trenes no son nuevos. La documentación oficial señala que los vagones fueron fabricados entre 1985 y 2000 y las locomotoras entre 1985 y 1987, aunque habían recibido procesos de reacondicionamiento en años posteriores.
Entonces la verdadera pregunta no es simplemente:
¿Fueron donados o comprados?
La pregunta que debería preocupar a los limeños es mucho más profunda:
¿Cuánto le costará finalmente a Lima ponerlos en condiciones de operar y convertir esta supuesta gran oportunidad en un servicio público real?
Porque los trenes llegaron al Perú en 2025 y, hasta hoy, no están prestando el servicio prometido.
La contradicción que nadie parece querer explicar
Aquí aparece una situación que resulta, cuando menos, preocupante.
Por un lado, durante la gestión de López Aliaga se presentó la llegada de los trenes como una extraordinaria donación destinada a solucionar parte del problema de transporte del este de Lima. El propio El Peruano informó en julio de 2025 que se trataba del primer lote de trenes donados por Caltrain.
Por otro lado, ahora un ministro de Estado afirma que no fue una donación sino una compra.
¿Quién está equivocado?
La respuesta no debería depender de la simpatía política por López Aliaga ni de la posición política de Rafael Rey.
Que hablen los documentos.
Si existe un contrato de compra, que se publique.
Si existe un contrato de donación, que se publique.
Si hubo pagos a Caltrain, que se diga cuánto, por qué concepto y quién los autorizó.
Si los pagos correspondieron exclusivamente al transporte, traslado, acondicionamiento o recepción del material, también debe explicarse.
Y si existen otros compromisos económicos asumidos por Lima, los ciudadanos tienen derecho a conocerlos.
Una institución demasiado tolerante
Lo verdaderamente preocupante es que, mientras los políticos intercambian acusaciones, las instituciones responsables parecen reaccionar con una cautela que comienza a parecer timidez institucional.
Lima no necesita funcionarios que miren hacia otro lado cuando existen dudas sobre operaciones que comprometen cientos de millones de soles en patrimonio y recursos públicos.
Tampoco necesita autoridades que permitan que una obra pública se convierta en instrumento de campaña electoral.
Si el proyecto fue correcto, defiéndanlo con documentos.
Si fue mal diseñado, explíquenlo.
Si hubo errores, determinen responsabilidades.
Y si alguien utilizó recursos municipales con fines políticos, que las instituciones correspondientes investiguen.
Lo que no resulta aceptable es que los ciudadanos terminen atrapados entre dos versiones políticas mientras los trenes permanecen sin operar.
¿Y dónde está el resultado para Lima?
Este es quizás el punto más importante.
La política puede discutir durante semanas si la palabra correcta es “donación”, “adquisición”, “compra” o “donación con carga”.
Pero el ciudadano que vive en Chosica, Ate, Santa Anita o en cualquier zona del este de Lima tiene una pregunta mucho más sencilla:
¿Cuándo va a funcionar el tren?
Porque una locomotora estacionada no resuelve el transporte.
Un vagón sin pasajeros no descongestiona la Carretera Central.
Una donación valorizada en cientos de millones de soles tampoco constituye por sí misma una obra pública.
El éxito de la operación solamente podrá medirse cuando exista un servicio seguro, técnicamente viable, financieramente sostenible y accesible para los ciudadanos.
¿Por qué tanta tolerancia?
Y aquí aparece una interrogante política que tampoco debería esquivarse.
Resulta llamativo que, frente a las contradicciones sobre una operación de semejante magnitud, no exista una exigencia mucho más firme de información por parte de las instituciones que tienen la obligación de fiscalizar el uso de los recursos públicos.
No se trata de perseguir a López Aliaga.
Tampoco de defender a Rafael Rey.
Se trata de defender a Lima.
La ciudad merece saber cuánto costó traer los trenes, cuánto se ha gastado hasta ahora, cuánto falta invertir, quién asumirá esos costos, qué estudios sustentaron la decisión y por qué, después de haber sido presentada como una solución histórica, la flota continúa sin prestar servicio.
Y si el proyecto fue utilizado como una bandera electoral, también corresponde decirlo.
Una cosa es hacer política con una obra pública.
Otra, muy distinta, es hacer campaña utilizando una obra pública que todavía no funciona.
La transparencia debe estar por encima de las elecciones
Estamos en un año electoral y eso hace todavía más necesario separar la gestión pública de la propaganda política.
López Aliaga tiene derecho a defender su gestión.
Rafael Rey tiene derecho a cuestionarla.
Pero ninguno puede pretender que sus declaraciones sustituyan a los documentos.
La Municipalidad de Lima ya reconoció oficialmente la operación como una donación. Si el Ministerio de Transportes sostiene ahora algo diferente, debe explicar con precisión jurídica y documental por qué.
Y si López Aliaga afirma que se trata de una donación con carga, debe explicar igualmente a los limeños el costo total que esa “donación” representa para las arcas municipales.
Porque una donación puede tener un enorme valor.
Pero también puede tener enormes costos asociados.
Y si esos costos no fueron evaluados adecuadamente, entonces el problema no es diplomático.
Es de gestión pública.
Mudo Social: ni con López Aliaga ni contra López Aliaga. Con Lima.
El caso de los trenes debe dejar de ser una pelea entre políticos.
Debe convertirse en una investigación seria sobre patrimonio municipal, costos, responsabilidades, viabilidad técnica y resultados.
Porque al final de cuentas, los trenes no fueron entregados a Rafael López Aliaga.
Fueron destinados a Lima.
Y si Lima pagó, está pagando o tendrá que pagar para que funcionen, los limeños tienen derecho a saber exactamente cuánto.
No basta con traer los trenes. Hay que hacerlos funcionar. Y, sobre todo, hay que explicar cuánto le costarán realmente a Lima.
