La salida del general Óscar Arriola de la conducción de la Policía Nacional ha abierto nuevamente una discusión que el Perú viene postergando: ¿el problema de la inseguridad se resuelve cambiando personas o cambiando la manera de enfrentar el crimen?
En medio de ese debate aparece una voz que merece ser escuchada, precisamente porque no habla desde la comodidad de un analista externo.
Mariano González fue ministro del Interior. Conoce, por experiencia propia, las dificultades de conducir el sector y la compleja relación entre el Ministerio del Interior, la Policía, las Fuerzas Armadas y las demás instituciones del Estado.
Y su propuesta tiene un punto de partida que Mudo Social considera correcto: el cambio de una persona no necesariamente cambia una estrategia.
González ha sostenido que la salida de Arriola puede darle nuevos aires a la PNP y al sector Interior, pero advierte que el verdadero cambio debe producirse en el enfoque utilizado para enfrentar la criminalidad.
Ese planteamiento merece atención.
El problema no es solamente Arriola
Durante meses, el debate público ha terminado personalizando una crisis que es mucho más grande que cualquier comandante general.
Si la inseguridad crece, si las extorsiones se multiplican, si las organizaciones criminales adquieren capacidad para operar y si el ciudadano siente que el Estado ha perdido el control de las calles, resulta demasiado fácil encontrar un responsable individual.
Se cambia al ministro.
Se cambia al comandante de la Policía.
Se anuncia un nuevo operativo.
Se modifica una ley.
Y después se espera que el problema desaparezca.
Pero la criminalidad organizada no funciona de esa manera.
Tiene dinero, inteligencia, capacidad de adaptación, redes territoriales, corrupción y conexiones dentro y fuera del país.
Por eso, cambiar al jefe policial puede ser necesario si su gestión no produce resultados, pero no puede confundirse el relevo de una autoridad con una política de seguridad.
En ese sentido, la advertencia de González es pertinente.
La seguridad no es solamente un problema policial
Uno de los aspectos más interesantes de su propuesta es reconocer que la inseguridad tiene una naturaleza mucho más amplia.
González la define como un problema social, político, económico y estructural, y plantea que su enfrentamiento requiere la participación de distintos sectores del Estado.
Aquí encontramos probablemente una de las mayores debilidades de la política peruana de seguridad.
Durante años se ha pretendido que la Policía cargue prácticamente sola con una responsabilidad que corresponde al Estado en su conjunto.
La Policía persigue al delincuente.
Pero ¿quién controla las fronteras?
¿Quién combate el lavado de dinero?
¿Quién controla el ingreso de armas?
¿Quién investiga las redes financieras de las organizaciones criminales?
¿Quién controla las cárceles?
¿Quién enfrenta la corrupción que permite que esas organizaciones penetren en las instituciones?
¿Quién coordina a fiscales, jueces, inteligencia, Policía, municipios y Gobierno?
Si cada institución trabaja por separado, el Estado puede tener miles de funcionarios trabajando simultáneamente y, sin embargo, seguir perdiendo la guerra contra organizaciones que actúan coordinadamente.
Ese es precisamente el cambio de enfoque que debería discutirse.
Un gran acuerdo nacional por la seguridad
González propone también un «gran acuerdo por la seguridad», que permita respaldo a las medidas adoptadas por las fuerzas del orden.
La idea es atractiva, pero desde Mudo Social creemos que necesita una precisión fundamental.
Un acuerdo nacional no puede significar un cheque en blanco para el Gobierno, la Policía o las Fuerzas Armadas.
Un verdadero acuerdo nacional debería establecer objetivos, responsabilidades, indicadores de resultados, mecanismos de control y límites democráticos.
Porque luchar contra el crimen exige firmeza, pero también exige Estado de derecho.
El Perú no necesita escoger entre seguridad y democracia.
Necesita demostrar que puede tener ambas.
¿Y las Fuerzas Armadas?
González plantea incorporar personal del Ejército en los exteriores de los establecimientos penitenciarios y ubica esta propuesta dentro de una concepción de seguridad y defensa nacional.
Es una propuesta que merece debate, pero no simplemente aplauso.
Las Fuerzas Armadas pueden cumplir funciones específicas de apoyo a la seguridad, particularmente cuando existen objetivos claramente delimitados. Pero una cosa es utilizar capacidades militares para proteger instalaciones estratégicas o liberar a la Policía de determinadas tareas y otra muy distinta es convertir progresivamente a las Fuerzas Armadas en una policía paralela.
La especialización importa.
La Policía tiene funciones de prevención, investigación y persecución del delito.
Las Fuerzas Armadas tienen otra naturaleza, otra formación y otra misión constitucional.
Por eso, la participación militar debe responder a una estrategia y no a la desesperación.
La propuesta más importante: dejar de trabajar como compartimentos estancos
Quizá el elemento más relevante del planteamiento de González sea su propuesta de utilizar el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional como espacio para adoptar decisiones coordinadas.
Según su planteamiento, allí deberían asumir un papel protagónico la Presidencia y los ministros, con participación del Interior, Defensa, DINI, Justicia y Economía.
Esta idea apunta hacia algo que el Estado peruano necesita urgentemente: una política integral de seguridad nacional y no una sucesión de respuestas improvisadas.
Porque el crimen organizado no respeta las fronteras entre ministerios.
El extorsionador utiliza teléfonos.
El narcotraficante utiliza rutas.
El lavado de activos utiliza bancos y empresas.
Las organizaciones criminales utilizan las cárceles.
La trata de personas utiliza fronteras.
El sicariato utiliza armas.
La corrupción utiliza funcionarios.
Y todos esos problemas terminan encontrándose en un mismo fenómeno: el crimen organizado.
Entonces, ¿por qué la respuesta estatal continúa fragmentada?
Pero hay una pregunta que González también debe responder
Desde Mudo Social tampoco creemos que una propuesta deba ser aceptada solamente porque proviene de alguien con experiencia.
La experiencia es importante.
Pero una política pública necesita algo más: resultados verificables.
Por eso, González debería explicar con mayor precisión qué significa ese «cambio de enfoque».
¿Qué cambiaría concretamente?
¿Dónde colocaría la inteligencia criminal?
¿Qué haría con las unidades especializadas?
¿Cómo enfrentaría el financiamiento de las organizaciones criminales?
¿Cómo mejoraría la coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial?
¿Cómo enfrentaría la corrupción dentro de las propias instituciones?
¿Qué papel tendrían los gobiernos locales?
¿Cómo evaluaría los resultados?
Y, sobre todo, ¿en cuánto tiempo espera que los ciudadanos comiencen a percibir una diferencia?
Porque el Perú ya está cansado de escuchar grandes anuncios.
Necesita políticas que puedan ser medidas.
Una voz diferente en el espectro político
Hay otro elemento que merece ser destacado.
González proviene de una corriente política distinta de aquella que hoy tiene mayor presencia en determinados sectores del Congreso. Eso no debería convertirse en motivo para descalificarlo.
En una democracia madura, una buena propuesta no debería ser de izquierda ni de derecha: debería ser una buena propuesta.
Y una mala propuesta tampoco debería ser defendida porque provenga de nuestro propio sector político.
Mudo Social no tiene por qué defender a González ni a ningún otro personaje.
Tiene que examinar sus ideas.
Y en este caso encontramos algo que merece ser rescatado: la aceptación de que la crisis de seguridad no se arregla simplemente cambiando al comandante general de la Policía.
La gran prueba será pasar del discurso a la arquitectura del Estado
El Perú ha tenido demasiados cambios de ministros, comandantes generales, planes de seguridad y estados de emergencia.
Lo que no ha tenido es continuidad.
Ese puede ser el verdadero problema.
Un gobierno anuncia una estrategia.
Otro gobierno la cambia.
Un ministro llega con su propio plan.
El siguiente lo reemplaza.
Un comandante propone una línea de trabajo.
Su sucesor empieza otra.
Mientras tanto, las organizaciones criminales permanecen.
Y se adaptan.
Por eso, el desafío no consiste únicamente en encontrar al «hombre fuerte» que supuestamente salvará al país.
El desafío es construir un Estado suficientemente inteligente, coordinado y profesional para que la lucha contra el crimen no dependa de una persona.
Ese debería ser el verdadero cambio de enfoque.
Arriola se va. El problema se queda.
La salida de Óscar Arriola puede ser discutida, cuestionada o justificada.
Pero no debe convertirse en el final del debate.
Al contrario.
Debe ser el comienzo de una discusión nacional mucho más seria.
¿Qué Policía queremos?
¿Qué Ministerio del Interior necesitamos?
¿Qué sistema de inteligencia criminal debe tener el Perú?
¿Qué papel deben cumplir las Fuerzas Armadas?
¿Cómo deben coordinarse Policía, Fiscalía y Poder Judicial?
¿Cómo se combate el dinero del crimen?
¿Cómo se recupera el control de las cárceles?
¿Cómo se evita que la política partidaria termine capturando las instituciones encargadas de combatir el delito?
Y sobre todo:
¿queremos una política de seguridad que sobreviva a los gobiernos o seguiremos cambiándola cada vez que cambia un ministro o un comandante?
Mariano González ha puesto sobre la mesa una expresión que merece ser discutida: cambio de enfoque.
Ahora corresponde exigir que esa expresión se transforme en una propuesta concreta.
Porque el Perú ya no necesita solamente nuevos nombres.
Necesita una nueva estrategia.
Y esa estrategia debe ser profesional, democrática, multisectorial y sostenida en el tiempo.
La seguridad de los peruanos no puede seguir siendo rehén de la improvisación política.
