El Perú es un país minero desde antes de la República y mucho antes del capitalismo moderno. La minería no es una novedad ni una imposición reciente: fue parte estructural del Tahuantinsuyo y de la organización económica de estas tierras. Por eso, el debate serio no es —ni debe ser— si habrá o no minería, sino qué requisitos básicos, concretos y exigibles debe cumplir esta actividad para cumplir un verdadero rol social, económico y nacional.
Reducir la discusión a la dicotomía entre inversión o protesta es una simplificación peligrosa. La minería es un recurso no renovable, un milagro geológico que no se repite y que, por tanto, no puede beneficiar principalmente a quien solo pone el capital inicial. En los estándares internacionales más elementales, la renta extraordinaria de los recursos naturales pertenece prioritariamente al país, no al inversionista. El capital debe ser retribuido; la riqueza estratégica, redistribuida.
Las recientes declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, alertando que las protestas contra proyectos mineros como Tía María podrían beneficiar a Bolivia y Chile, revelan una mirada limitada del problema. El riesgo no es que otros países capten inversión, sino que el Perú siga sin resolver su incapacidad histórica de convertir su riqueza minera en bienestar colectivo, legitimidad social y desarrollo sostenible.
Advertir que la paralización de proyectos “ahuyenta inversiones” puede ser cierto en términos económicos inmediatos, pero no responde la pregunta central: ¿por qué, después de décadas de gran minería, amplias zonas del país siguen sin agua, sin servicios básicos, sin salud, sin educación y con altos niveles de desconfianza hacia el Estado y las empresas?
El caso Tía María es emblemático no solo por su volumen de inversión, sino porque evidencia una falla estructural: proyectos técnicamente viables pero socialmente frágiles, donde la licencia social se pretende sustituir por discursos de amenaza geopolítica o acusaciones genéricas contra ONG financiadas desde el extranjero.
La comparación con Conga es pertinente, pero no en el sentido que plantea el Gobierno. Conga no fracasó solo por la protesta; fracasó porque el Estado no supo —ni quiso— construir un pacto legítimo con la población, y porque dejó un vacío que luego fue ocupado por la minería ilegal, hoy una de las mayores fuentes de devastación ambiental, criminalidad y trata de personas.
Ahí está el verdadero enemigo: la minería ilegal, que avanza no por exceso de regulación, sino por ausencia real del Estado. Reformular el proceso de formalización es necesario, pero rebajar estándares sin control ni fiscalización solo trasladará el problema, no lo resolverá.
El Perú necesita una política minera moderna y soberana, que cumpla condiciones mínimas e irrenunciables:
- Participación real del Estado en la renta minera.
- Protección efectiva del agua, el territorio y la salud.
- Beneficios tangibles y verificables para las comunidades.
- Transparencia absoluta y combate frontal a la corrupción.
- Cero tolerancia a la minería ilegal y a su economía criminal.
La minería puede y debe ser una palanca de desarrollo. Pero sin reglas claras, sin justicia distributiva y sin legitimidad social, seguirá siendo una fuente de conflicto, desconfianza y frustración nacional.
El problema no es la minería.
El problema es hacerla sin país.
