La reciente decisión del Poder Judicial de archivar de manera definitiva el llamado caso Cócteles, que involucraba a la lideresa de Fuerza Popular, no puede leerse como un hecho aislado ni meramente técnico. Llega después de que el Tribunal Constitucional ya hubiese allanado el camino con una resolución que desmontó la imputación fiscal bajo el argumento de la legalidad y la no retroactividad penal.
Desde la defensa, la abogada Giulliana Loza ha insistido en que el proceso careció de base legal y que su patrocinada, pese a haber pasado más de un año en prisión preventiva, ha decidido no solicitar indemnización alguna al Estado. La decisión se presenta como un gesto personal, casi magnánimo, pero el trasfondo es más complejo y profundamente político.
Aquí no estamos únicamente ante la discusión sobre si existió o no lavado de activos, ni sobre si las figuras penales estaban vigentes al momento de los hechos. Estamos frente a una estructura de poder que se ha ido reconfigurando, donde los contrapesos institucionales ya no operan con la misma fuerza para todos.
Mientras algunas figuras políticas —expresidentes incluidos— enfrentan procesos, prisión preventiva o condenas por delitos incluso menores, discutibles o no probados de manera concluyente, otras parecen transitar el sistema judicial con una suerte distinta. No por azar, sino por capacidad de incidencia, por alianzas parlamentarias, y por una correlación de fuerzas que hoy se expresa con claridad en el Congreso.
En la práctica, el Legislativo no solo legisla: condiciona al Ejecutivo y presiona al sistema de justicia. Y cuando ese triángulo se alinea, las decisiones judiciales dejan de ser percibidas como actos estrictamente jurídicos para convertirse —al menos ante la opinión pública— en episodios de una misma toma institucional.
El archivo definitivo del caso Cócteles, ejecutado por el juez Wilson Omarx Verastegui Galvez bajo el principio de legalidad, puede ser jurídicamente defendible. Lo que resulta inquietante no es solo el fallo, sino el contexto: quiénes tienen hoy la capacidad de activar o desactivar procesos, y quiénes, en cambio, enfrentan al Estado prácticamente en soledad.
La justicia no debería depender de la fuerza política acumulada ni del respaldo de una coalición gobernante de facto. Porque cuando eso ocurre, deja de ser justicia y pasa a ser administración selectiva del castigo o del perdón.
Y ese es un problema que va mucho más allá de un nombre propio.
