El Valle de Tambo y la urgencia de una minería que siembre desarrollo
La minería es consustancial a la historia económica del Perú. Ha financiado al Estado, impulsado exportaciones y sostenido el crecimiento macroeconómico durante décadas. Sin embargo, también ha sido fuente persistente de conflicto social, especialmente cuando se ha intentado imponer en territorios donde la agricultura no solo es una actividad productiva, sino una forma de vida, identidad y seguridad alimentaria. El caso del Valle de Tambo es, quizás, el ejemplo más claro de este choque no resuelto.
El nuevo estallido de protestas contra el proyecto Tía María, operado por Southern Perú, demuestra que el país sigue atrapado en una falsa dicotomía: agro sí, mina no. Una consigna comprensible desde el temor, pero insuficiente para pensar el desarrollo. El verdadero problema no es la minería en sí, sino el modelo bajo el cual se pretende desarrollarla.
Un conflicto que no es ideológico, sino estructural
Dieciséis años de conflicto, múltiples paros, bloqueo de la Panamericana Sur y siete personas fallecidas no pueden explicarse únicamente por radicalismos o desinformación. El núcleo del problema es más profundo: ni el Estado ni la empresa han sido capaces de ofrecer un proyecto creíble en el que la minería no solo no perjudique a la agricultura, sino que la fortalezca.
A los agricultores del valle no se les pidió confianza; se les exigió resignación. No se les propuso desarrollo compartido; se les ofreció compensación. Y esa diferencia es clave. Cuando la población percibe que el beneficio se va y el riesgo se queda, el conflicto se vuelve inevitable.
Más allá del “no contaminar”: una nueva exigencia social
Durante años, el estándar mínimo de la minería ha sido prometer que “no habrá contaminación”. Hoy, ese discurso está agotado. En territorios agrícolas estratégicos, la exigencia debe ser mayor:
Todo proyecto minero debe dejar el territorio más productivo, más tecnológico y con mejores ingresos que antes de su llegada.
No se trata de filantropía ni de responsabilidad social cosmética, sino de una nueva lógica contractual entre Estado, empresa y población.
Agua: el punto de quiebre
El agua es el corazón del conflicto. Mientras no exista una garantía absoluta de protección y fortalecimiento del sistema hídrico del valle, no habrá licencia social posible. Esto implica:
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Uso exclusivo de agua desalinizada para la operación minera.
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Monitoreo hídrico en tiempo real, con control público y participación directa de los agricultores.
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Inversión obligatoria en reservorios, riego tecnificado y eficiencia hidráulica, financiada por la renta minera.
El agua no puede ser solo un insumo industrial; debe ser un bien estratégico protegido por el Estado.
Minería como palanca de modernización agrícola
Si la minería genera rentas extraordinarias, estas deben convertirse en capital productivo para el agro. El Valle de Tambo podría transformarse en un polo de agricultura moderna si se implementa un fondo permanente destinado a:
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Introducción de semillas mejoradas y resistentes al cambio climático.
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Agricultura de precisión, sensores de suelo, manejo inteligente de fertilización.
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Capacitación técnica continua para pequeños y medianos agricultores.
No como “apoyo social”, sino como condición obligatoria del proyecto minero.
Diversificar para prosperar
El valle no puede depender únicamente de cultivos tradicionales de bajo margen. Existen condiciones para incorporar productos de alto valor como palta, arándanos, granada, cultivos orgánicos, hierbas medicinales y agroexportación especializada. Pero esto requiere inversión, asistencia técnica y acceso a mercados, tres elementos que la minería puede y debe financiar.
Agroindustria y valor agregado local
Producir más no basta; hay que ganar más. Parte del canon y de las obligaciones del proyecto debe destinarse a:
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Plantas agroindustriales locales.
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Centros de acopio, frío y transformación.
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Cooperativas modernas con acceso directo a exportación.
Sin valor agregado, el agricultor seguirá atrapado en la subsistencia.
El gran ausente: el Estado
El conflicto de Tía María no es solo un problema empresarial. Es, sobre todo, el fracaso del Estado peruano para planificar el territorio, articular sectores productivos y proteger a su población. Mientras el Estado actúe como espectador o policía del conflicto, y no como arquitecto del desarrollo, los paros y bloqueos seguirán repitiéndose.
El Valle de Tambo no necesita imposiciones ni promesas vacías. Necesita un nuevo pacto productivo, donde la minería deje de ser percibida como amenaza y se convierta, bajo reglas claras y exigentes, en una palanca de prosperidad compartida.
Si la minería quiere extraer riqueza del suelo peruano, debe aceptar una regla básica del siglo XXI:
no basta con no dañar; hay que construir futuro.
