El caso de Susana Villarán vuelve a poner en evidencia lo que muchos ciudadanos ya intuyen: en el Perú, la justicia no actúa con el mismo rasero para todos. La exalcaldesa de Lima enfrenta un proceso avanzado y, casi con certeza, una condena, por los aportes ilícitos y falsos aportantes en sus campañas del 2013 y 2014.
El Ministerio Público ha identificado 65 casos de falsos aportantes, además de los millonarios fondos de Odebrecht y OAS (7 millones de dólares en total), con testimonios que demuestran cómo se maquillaron los ingresos para ocultar el origen ilegal del dinero. La Fiscalía incluso señala contratos amañados como el de la Línea Amarilla a cambio de los aportes. Todo esto apunta a que Villarán cargará con una condena severa.
La vara corta contra Villarán, la vara larga para otros
Lo grave no es que Villarán sea sancionada —la corrupción debe castigarse sin excepción—, sino que, a diferencia de otros casos incluso más escandalosos, aquí la justicia avanza con una rapidez y contundencia poco común.
Otros líderes políticos —ex presidentes, gobernadores, alcaldes y candidatos con pruebas tan sólidas o más— siguen sin juicio, con investigaciones archivadas, o moviéndose libremente en la escena política como si nada hubiera pasado. Algunos incluso se alistan para postular en 2026.
En pocas palabras: la justicia parece tener rostro y apellido. Cuando se trata de una figura sin el blindaje de un aparato político sólido detrás, las sentencias avanzan. Pero cuando los implicados son parte de partidos con poder de negociación en el Congreso, en el Ejecutivo o en los medios, las investigaciones se diluyen, se postergan o simplemente desaparecen.
El mensaje político
La lectura ciudadana es clara: la ley no es igual para todos. Si Susana Villarán será condenada —y con razón—, también deberían estarlo quienes recibieron millones de dólares de las mismas constructoras, negociaron adendas, manipularon contratos o compraron conciencias. Pero en esos casos, la justicia mira para otro lado o avanza con una lentitud que bordea la complicidad.
La consecuencia
El problema no es solo jurídico: es político y moral. Un país en el que la justicia se usa como herramienta selectiva de castigo pierde credibilidad en sus instituciones y abre la puerta a la impunidad. Villarán será condenada, sí; pero los ciudadanos saben que muchos otros escaparán “por la puerta grande”, protegidos por pactos, blindajes y el cálculo político de quienes controlan el poder.
El caso Villarán debe servir de advertencia: o la justicia se aplica igual para todos, o se convierte en un instrumento de venganza y manipulación política. Si la corrupción es condenable, debe serlo en todos los partidos, en todos los niveles y con todas las consecuencias.
De lo contrario, lo que se castiga no es el delito, sino la falta de poder para evadirlo.
