El Gobierno debe aprender que gobernar también significa respetar a la oposición
Las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, calificando como «radicalismo extremo» la posición de Juntos por el Perú frente al pedido de facultades legislativas, abren un debate que va mucho más allá de la votación de un dictamen.
Galarreta saludó el acuerdo alcanzado en la Comisión de Constitución para otorgar al Ejecutivo facultades en materia de seguridad ciudadana y prevención frente al Fenómeno El Niño, pero cuestionó que se hayan recortado buena parte de las materias solicitadas originalmente por el Gobierno. También criticó que Juntos por el Perú haya votado en contra de la delegación.
Hasta ahí, todo forma parte del legítimo debate político.
El problema aparece cuando desde el Gobierno se pretende presentar la posición de una bancada opositora como una conducta «antidemocrática» simplemente porque no coincide con la propuesta del Ejecutivo.
La democracia no consiste en que la oposición vote como quiere el Gobierno.
La democracia consiste precisamente en que el Gobierno gobierne, pero que la oposición pueda discrepar, cuestionar, fiscalizar y, cuando corresponda, votar en contra.
Una facultad del Congreso no es un favor al Gobierno
Hay algo que debería quedar absolutamente claro.
La delegación de facultades legislativas no es un derecho automático del Ejecutivo.
El artículo 104 de la Constitución establece que el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre una materia específica y por un plazo determinado. Es decir, la decisión corresponde al Poder Legislativo y debe estar delimitada.
Por eso, que una bancada vote en contra de la delegación no constituye, por sí mismo, una conducta antidemocrática.
Puede ser una posición política equivocada, acertada o discutible. Eso corresponde analizarlo a los ciudadanos.
Pero votar en contra es una de las posibilidades que ofrece precisamente el sistema democrático.
Y esto debería ser especialmente entendido por quienes hoy están en el Gobierno.
Porque una cosa es estar en el poder y otra muy distinta es estar en la oposición.
Una cosa es con guitarra y otra con cajón
Existe una vieja expresión popular que viene muy bien para este momento de la política peruana:
«Una cosa es con guitarra y otra es con cajón».
Cuando se está en la oposición, resulta relativamente sencillo exigir, cuestionar, interpelar, censurar, denunciar y reclamar que el Gobierno dé respuestas inmediatas.
Cuando se llega al Gobierno, la perspectiva cambia.
Ahora hay que administrar.
Ahora hay que tomar decisiones.
Ahora hay que conseguir resultados.
Ahora hay que responder por cada promesa.
Y, sobre todo, ahora hay que aprender a convivir con quienes piensan diferente.
El Gobierno actual debería tener presente su propia historia política y la de sus integrantes.
En las últimas décadas, distintos sectores que hoy participan del poder han utilizado intensamente los mecanismos de control parlamentario cuando estuvieron en la oposición. La interpelación, la censura, las mociones y los cuestionamientos políticos forman parte de la dinámica ordinaria del Parlamento.
Incluso en el actual Congreso, Juntos por el Perú ha recurrido intensamente a mecanismos de control: un reporte publicado en agosto señaló que esa bancada había presentado el mayor número de interpelaciones a ministros durante el primer mes del nuevo gobierno.
Eso puede ser interpretado de distintas maneras.
El Gobierno puede verlo como una estrategia de presión.
La oposición puede considerarlo fiscalización.
Lo importante es que ambas cosas forman parte de la democracia parlamentaria.
¿Dónde está entonces el límite?
El verdadero debate no debería ser si existe una oposición.
El verdadero debate debería ser cómo actúa esa oposición.
Una oposición tiene derecho a votar contra el Gobierno.
Tiene derecho a cuestionar sus políticas.
Tiene derecho a negar una delegación de facultades.
Tiene derecho a exigir explicaciones.
Tiene derecho a presentar interpelaciones y censuras dentro de las reglas constitucionales.
Pero también tiene responsabilidades.
No debería bloquear aquello que objetivamente sea necesario para el funcionamiento del Estado solamente por razones partidarias.
Y exactamente la misma regla debería aplicarse al Gobierno.
El Ejecutivo tampoco debería considerar obstruccionista todo aquello que no sea aprobado por sus bancadas amigas.
Ese doble estándar es el que termina deteriorando las instituciones.
JPP puede votar en contra
En este caso concreto, Juntos por el Perú tiene todo el derecho de votar contra el otorgamiento de facultades.
Puede considerar que el Ejecutivo no necesita esas herramientas.
Puede considerar que las materias solicitadas son demasiado amplias.
Puede discrepar con la estrategia de seguridad.
Puede exigir modificaciones.
Puede incluso sostener que no debe entregarse ninguna facultad.
El Congreso deberá decidir.
Y si finalmente la Cámara de Diputados y luego el Senado aprueban una delegación limitada, JPP tendrá que aceptar democráticamente esa decisión y ejercer su función de oposición dentro de la institucionalidad.
Eso es democracia.
Pero también democracia es que el Gobierno acepte que una bancada pueda decirle que no.
El Gobierno también tiene memoria que administrar
Hay una pregunta que resulta inevitable.
¿Qué habría ocurrido si los actuales integrantes del Gobierno hubieran recibido, cuando eran oposición, el mismo argumento que hoy utilizan contra sus adversarios?
¿Habrían aceptado que cada voto en contra del Gobierno fuera considerado «radicalismo extremo»?
¿Habrían aceptado que cuestionar al Ejecutivo fuera considerado antidemocrático?
¿Habrían renunciado a utilizar los instrumentos de control parlamentario?
Probablemente no.
Y no tendrían por qué haberlo hecho.
Porque la oposición existe justamente para controlar al poder.
Por eso, quienes hoy gobiernan deben entender algo elemental:
el poder cambia de manos, pero las reglas democráticas deberían permanecer.
No hay que confundir oposición con obstrucción
Aquí conviene hacer una distinción fundamental.
Una oposición puede ser dura.
Puede ser incómoda.
Puede ser severa.
Puede votar en contra de prácticamente todas las iniciativas del Gobierno.
Pero eso no significa automáticamente que sea antidemocrática.
Para hablar de obstrucción habría que identificar qué conducta concreta impide injustificadamente el funcionamiento institucional, no simplemente señalar que una bancada votó en contra de una iniciativa gubernamental.
De hecho, en las primeras semanas del actual período parlamentario ya se han producido diferencias importantes dentro de la propia oposición respecto de interpelaciones y censuras, lo que demuestra que el escenario político no puede reducirse a un simple bloque Gobierno versus oposición.
La política peruana es bastante más compleja.
Y ahora viene la parte difícil para el Gobierno
Supongamos que finalmente se aprueban las facultades.
¿Qué ocurre después?
El Gobierno ya no podrá decir que no tiene las herramientas que pidió.
Tendrá que utilizarlas.
Y allí estará la verdadera prueba.
Si las facultades fueron solicitadas para enfrentar la inseguridad, habrá que comprobar qué cambios producen.
Si fueron solicitadas para fortalecer la respuesta frente al Fenómeno El Niño, habrá que comprobar qué medidas concretas se implementan.
Si el Ejecutivo considera insuficiente el paquete aprobado porque se redujeron las materias originalmente solicitadas, tendrá que demostrar por qué las facultades restantes son suficientes para producir resultados.
La pelota estará entonces en la cancha del Gobierno.
La oposición puede convertirse en el espejo del Ejecutivo
Y aquí aparece una paradoja interesante.
Si Juntos por el Perú decide mantenerse en contra de las facultades, tendrá que explicar a la ciudadanía por qué considera que el Ejecutivo no necesita esas herramientas.
Pero si finalmente se aprueban, la oposición tendrá otra responsabilidad:
vigilar qué hace el Gobierno con ellas.
Ese debería ser el papel de una oposición responsable.
No impedir por impedir.
No aprobar por aprobar.
Sino controlar.
Preguntar.
Comparar.
Fiscalizar.
Y exigir resultados.
De esa manera, una oposición fuerte no debilita necesariamente al Gobierno.
Puede incluso obligarlo a gobernar mejor.
Al Gobierno no le conviene una oposición silenciosa
Un Gobierno democrático no debería aspirar a tener una oposición silenciosa.
Debería aspirar a tener una oposición que cuestione y que obligue a explicar las decisiones.
Porque cuando nadie pregunta, nadie controla.
Cuando nadie controla, aumenta el riesgo de errores.
Y cuando los errores no se discuten, terminan pagándolos los ciudadanos.
Por eso, la frase «radicalismo extremo» puede resultar políticamente atractiva para quienes respaldan al Gobierno, pero institucionalmente sería más útil preguntarse:
¿La oposición está ejerciendo sus atribuciones dentro de la Constitución?
Si la respuesta es sí, corresponde debatir sus argumentos, no descalificar su existencia.
La prueba será para todos
Finalmente, el episodio de las facultades legislativas puede terminar siendo una prueba para ambos lados.
Para el Gobierno, porque deberá demostrar que las facultades que pidió realmente sirven para enfrentar los problemas que justificaron su solicitud.
Para la oposición, porque deberá demostrar que su negativa o sus condicionamientos responden a razones políticas y legislativas consistentes y no simplemente a una estrategia de bloqueo.
Y para el Congreso, porque tendrá que demostrar que puede ejercer sus atribuciones sin convertirse ni en una oficina de trámite del Ejecutivo ni en una máquina permanente de confrontación.
La ciudadanía no necesita héroes parlamentarios.
Necesita resultados.
Necesita seguridad.
Necesita instituciones que funcionen.
Necesita que el Gobierno gobierne y que el Congreso controle.
Y necesita algo todavía más importante:
que quienes hoy están en el poder recuerden cómo pensaban cuando estaban fuera de él.
Porque la política tiene una característica que muchas veces olvidan quienes llegan al Gobierno:
el poder es temporal.
Hoy gobiernan unos.
Mañana pueden gobernar otros.
Y cuando llegue ese momento, las mismas reglas que hoy se utilizan contra la oposición serán las reglas que protegerán a quienes hoy gobiernan.
Por eso, antes de llamar «radicalismo extremo» a una oposición que vota diferente, quizá convendría recordar una regla sencilla de la democracia:
quien gobierna tiene que aprender a escuchar al que discrepa. Y quien está en la oposición tiene que aprender a discrepar sin destruir las instituciones.
Ese equilibrio, y no la victoria de uno sobre otro, es lo que finalmente protege al ciudadano.
Una cosa es con guitarra y otra con cajón. Gobernar es demostrar que se puede hacer aquello que antes se exigía a los demás.
