El Perú es un país fascinante, pero también profundamente perturbador. Aquí se producen casos extremos que desafían cualquier análisis racional y obligan a preguntarnos hasta dónde una sociedad puede tolerar la mediocridad sin autodestruirse. Uno de esos casos es el de un candidato presidencial que ha construido un imperio económico a partir de universidades convertidas en fábricas de títulos, con escaso respaldo académico y débil solvencia profesional de sus egresados.
Se trata de instituciones que, con el amparo del Estado, producen miles de “profesionales” que luego son devaluados en el mercado laboral, poco aceptados por empresas serias y entidades públicas exigentes. Sin embargo, ese servicio educativo deficiente genera millones de soles en ganancias, convirtiendo la precariedad formativa en un negocio altamente rentable. La pregunta es inevitable: ¿puede un país darse el lujo de normalizar la mediocridad y la cuasi estafa, y no solo tolerarla, sino protegerla?
La respuesta parece ser sí. Porque para que esos negocios sagrados no sean tocados, sus propietarios participan activamente en política. Con los millones generados principalmente por el negocio educativo, se financian campañas, se articulan estructuras partidarias y se compra presencia mediática. El objetivo no es gobernar mejor, sino acceder al poder para blindar el negocio, asegurar normas favorables y obtener retribuciones políticas desde el Estado.
En ese marco, la población es sometida a campañas millonarias de información y desinformación, donde el dinero reemplaza a las ideas y el marketing sustituye al debate programático. Así, se construye una “opción política viable” que, en los hechos, es profundamente nociva para el país, pero eficaz en términos electorales.
La verdadera discusión no es si el modelo vigente en el país debe durar . Un modelo donde la educación es mercancía, la política es inversión y el Estado es un botín que se protege desde el poder. Un modelo donde la mediocridad no solo no se sanciona, sino que se premia con influencia y cargos.
La gran incógnita es si el electorado tomará conciencia a tiempo. Si logrará ver más allá del bombardeo publicitario y comprender que no toda opción popular es necesariamente una opción saludable para el país. Ese es el gran problema del Perú contemporáneo: no la falta de alternativas, sino la distorsión sistemática de la conciencia ciudadana.
Mientras no se enfrente este entramado —educación como negocio, política como blindaje y poder como recompensa— el país seguirá atrapado en un círculo vicioso donde el dinero compra legitimidad y la mediocridad se presenta como virtud. Y entonces, más que preguntarnos por qué ciertos candidatos suben o bajan en las encuestas, deberíamos preguntarnos qué estamos dispuestos a tolerar como sociedad.
